Por Lola Fernández.
Los resultados de las elecciones generales en Hungría, donde, con el mayor porcentaje de participación en toda su historia democrática, los votantes han conseguido apear del poder a la más rancia ultraderecha tras 16 años recortando derechos y boicoteando muchas iniciativas de la UE, como las ayudas a Ucrania, por poner un ejemplo, son tan ilusionantes para quienes creemos en la democracia, como desalentadores para una ultraderecha española financiada directamente por Orbán, y para la derecha más extrema que se haya conocido en España, la misma que es rehén de Vox, por estar sus destinos atados si quieren gobernar en estos tiempos en los que las mayorías absolutas son ya muy difíciles de alcanzar. Será porque soplan malos vientos para el fascismo, será porque por muchas trampas que ideen no pueden acabar con el legítimo Gobierno de coalición actual, será porque no llegan a acuerdos en las distintas autonomías que están pendientes desde hace meses, incluso trimestres, pero la cosa es que la oposición ultraconservadora muestra evidentes signos de nerviosismo, con una agresividad creciente y llamadas indisimuladas al uso de la violencia. Que un diputado ultraderechista se encare violentamente con quien preside el Congreso, ignorando que el Parlamento es la sede de la soberanía popular, algo absolutamente sagrado en un Estado social y democrático de Derecho; o que un diputado murciano llame a combatir incluso con violencia el libre ejercicio de derechos reconocidos legalmente, habla de lo revueltas que están las aguas en el ámbito de la política.
Por si fuera poco, en estos días se ha procedido al séptimo proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes en nuestro país desde la década de los 80, impulsados los anteriores por gobiernos de diferente ideología, sin mayores contratiempos. Los realizaron anteriormente González (3), Aznar (2) y Zapatero (1), con la misma pretensión que ahora lo ha hecho Sánchez: dotar de documentos legales a inmigrantes en situación irregular para garantizar los derechos de las personas y proporcionar seguridad jurídica al sistema. Nunca antes hubo el más mínimo problema y España no se resintió en absoluto, lo que pasa actualmente es que la ultraderecha, de la mano de la derecha más ultra, quiere que comulguemos con su criminalización del migrante, soltando su consabida batería de bulos y mentiras para enrarecer el día a día y la convivencia entre los españoles y quienes ya muestran un arraigo entre nosotros y precisan una legalidad que les proteja del abuso en tantos sentidos, especialmente en el laboral. Un inmigrante no es necesariamente un violador, un ladrón o un asesino, como tampoco lo es un nacional, y hacer semejante equivalencia es fascismo puro y duro, amén de racismo y xenofobia. Hay muchos delincuentes nacidos en España, no hay más que ver la cantidad de políticos que copan el protagonismo principal en la agenda judicial; como hay muchos inmigrantes que sólo quieren trabajar y vivir en paz, ocupando muchas veces puestos de trabajo que los españoles no desean, por lo que la competencia con ellos no es real. El otro día fui a Urgencias, y constaté con máximo desagrado ciertos murmullos de rechazo cada vez que era llamado un Mohamed, o una Fátima, por citar dos nombres extranjeros sencillos; lo increíble es lo poco que les molesta, a esos que tanto murmuran, ver a esas personas, que se merecen todo nuestro respeto, como mano de obra barata en el campo, o en la construcción, o en el servicio doméstico, o cuidando de nuestros mayores. Regularizar su situación cuando es irregular y ya forman parte de la vida de nuestro país, no sólo no es malo, sino que es muy bueno, para nosotros como personas, y para España como país; así que menos nervios y, si es necesario, tila para todos los que muestran síntomas de histeria, ya sea en sobre o a granel.
