Por Lola Fernández.
En la carrera de Derecho se estudia la Constitución en varias asignaturas, que permiten un profundo conocimiento de su base teórica, el sistema de fuentes y los derechos fundamentales, los poderes del Estado y la organización territorial, así, grosso modo, sin olvidar el Derecho Constitucional Europeo y Comparado. Quienes la estudiamos, somos conscientes de la importancia que tiene la Constitución Española como norma suprema del ordenamiento jurídico, como ley de leyes, que todas las demás han de respetar sin contradecirla. Pero también sabemos que es un conocimiento especializado, no general, aunque creo que es imprescindible para quienes se dedican a la política: no digo que sean licenciados en Derecho, pero la Constitución debería ser su biblia particular, lo cual redundaría en una mayor confianza ciudadana hacia sus representantes, amén de un plus de respeto. Sabrían, de este modo, que no todos los derechos son iguales ante la ley, porque hay diferentes grados de protección jurídica: la máxima protección judicial se reserva para los llamados derechos fundamentales, que obligan a todos los poderes públicos; frente a los denominados derechos y deberes de los ciudadanos, que reciben una protección inferior, sin dejar por ello de ser la esencia de las libertades individuales y colectivas de la persona. Entre los del primer grupo, están los derechos de reunión, manifestación, asociación y huelga; mientras que el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión y a la negociación colectiva se encuentra, junto a otros, en el segundo grupo, con menor protección judicial. Quiero decir con esto, que, siendo el trabajo un derecho importantísimo, no es fundamental, al contrario que la huelga; es decir, que nuestra Constitución contempla y exige una mayor protección hacia ella, por encima del que reserva al trabajo.
En estos días, cuando hay convocada una huelga general por parte de sindicatos y otras organizaciones para reivindicar el acceso a la vivienda y la mejora de los salarios ante el aumento del coste de la vida, he escuchado a grupos políticos que secundarla sería un insulto a las víctimas del grave accidente de trenes de Urda… Me parece, como mínimo, una indecente manipulación de las víctimas para querer censurar algo tan primordial como ejercer un derecho fundamental para reivindicaciones que estoy segura que comparten las familias de las víctimas. Los problemas de la vivienda no han desaparecido porque haya habido un accidente ferroviario, por terrible que haya sido; ni se han disipado las acuciantes necesidades de la inmensa mayoría de la población ante las dificultades nacidas de los bajos salarios y la carestía de la vida en tantos y diversos aspectos. Todo ello, sin dejar de citar las reclamaciones ciudadanas sobre una sanidad y una educación públicas, afectadas por crecientes recortes que merman la salud de lo público: ahí están los médicos y los profesores en huelga, sin ser recibidos para escuchar sus demandas, tratados como delincuentes y terroristas, cuando no apaleados por una policía que en estos casos elige el puño de hierro, frente al guante de seda que se enfunda, por ejemplo, ante manifestaciones fascistas. No, la huelga no es ningún insulto, ni nadie tiene la prerrogativa de impedir a la ciudadanía el libre ejercicio de un derecho fundamental que la Constitución Española considera sagrado: los derechos no obligan a nadie, los ejerces o no; pero nadie puede obstaculizar que, quienes deseen secundarlo, lo hagan libremente, y sin ser acusados de estar insultando a los muertos.
