Visita institucional de Pedro Fernández para anunciar la “cifra histórica” de 21 millones de inversión del Estado para Baza, en la que se incluye la rehabilitación de la Alcazaba. El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, se reunía ayer con el alcalde de Baza, Pedro J. Ramos, para anunciarle que el Ministerio de Vivienda ha firmado ya el protocolo de colaboración que inició la corporación municipal anterior y que garantiza la rehabilitación de la Alcazaba bastetana, “unos trabajos que contarán con casi un millón de euros que aportará el Gobierno de España, consciente de la singularidad y particularidad de este espacio patrimonial en el corazón de la ciudad”, y que comenzarán previsiblemente en el segundo semestre del próximo año.
Durante el encuentro, Fernández explicó que el objetivo es “garantizar cuanto antes la estabilidad estructural de la edificación y la recuperación funcional del recinto histórico como espacio público, tanto para los ciudadanos de Baza como para quienes la visitan”, de ahí que la programación administrativa prevea licitar en diciembre –por tramitación anticipada– las obras, continúe un plazo estimado de 6 meses para la adjudicación del contrato y, finalmente, poder iniciar los trabajos en el segundo semestre de 2026.
El proyecto tiene como objetivo conservar y restaurar los restos emergentes de la alcazaba de Baza, garantizando la estabilidad del terreno y la seguridad del espacio público. La intervención busca eliminar riesgos derivados de derrumbes y estructuras inestables, recuperando la continuidad arqueológica y permitiendo el uso seguro del recinto.
Esta primera fase comprende la excavación puntual y a baja profundidad de la cinta muraria que separa el recinto superior del inferior en la zona sur, para recuperar su trazado original documentado en fotografías históricas. También se excavará el perímetro suroriental tras la retirada del mirador, alcanzando los muros de separación entre la alcazaba vieja y la nueva, con la posterior consolidación y protección de los restos emergentes.
De forma complementaria, se estabilizarán las laderas sur y este afectadas por derrumbes, se demolerá la escalera que estrangula la torre sureste y se acondicionará la ladera tras su retirada. Finalmente, se adecuará el perímetro del recinto para garantizar condiciones seguras de uso durante la ejecución de los trabajos.
“Baza es un gran ejemplo de cómo los recursos económicos inyectados por el Estado en el territorio consiguen transformar y mejorar los servicios públicos y la vida en los municipios, que, en este caso, superan los 21 millones de euros, una cifra histórica que facilita al Ayuntamiento emprender actuaciones imposibles de afrontar sin este respaldo económico del Gobierno”, ha sentenciado Fernández.
El delegado del Gobierno abordó también otros programas extraordinarios para la ciudad como el Palacio de los Enríquez y el Plan EDIL. Así, además de a la financiación de los trabajos de rehabilitación de la Alcazaba, el delegado se ha referido a otros programas extraordinarios que se han desplegado en el municipio bastetano, “en buena parte provienen del Plan de Recuperación”. Entre ellos, ha destacado la actuación destinada a la rehabilitación del Palacio de los Enríquez, “edificio que forma parte del patrimonio del municipio gracias a que corporaciones municipales anteriores lo adquirieron” y para la que el Gobierno de España ha concedido una subvención de 3 millones de euros”. Ahora, ha añadido, “confío en que el Ayuntamiento sea diligente y ágil en la licitación de los trabajos para aprovechar al máximo la subvención concedida, ya que el fin último es poner al servicio de la ciudadanía el edificio que se ha convertido en emblema patrimonial de Baza”.
Otro de las inversiones del Estado en Baza a las que ha hecho mención son los 8 millones de euros del Plan de Actuación Integrado de Baza, Plan EDIL, destinados a impulsar la economía local y regenerar los barrios y la trama urbana, unos fondos que ha conseguido, según ha puntualizado, “gracias a la experiencia, capacidad y magnífico trabajo del personal funcionario con el que cuenta este ayuntamiento, que puedo atestiguar porque lo demostraron con los EDUSI conseguidos en legislaturas anteriores, con los que pudimos rehabilitar el Teatro Dengra, construir la residencia, la biblioteca y el nuevo edificio de servicios sociales, además de la remodelación de la Plaza de las Eras”.
El Plan EDIL, enmarcado en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) correspondiente al periodo 2021-2027 y destinado a las Entidades Locales, tiene aprobados en Andalucía 83 proyectos, con una financiación de 735 M€ que beneficiarán a 357 municipios andaluces, para que puedan para promover su desarrollo sostenible desde la triple perspectiva medioambiental, económica y social.
En cuanto a las entregas a cuenta, Fernández refirió que “El Gobierno tiene claro que dotando económicamente a las administraciones éstas podrán desarrollar en sus territorios los proyectos más adecuados a sus necesidades, impulsar infraestructuras que otorguen una mayor calidad a sus servicios públicos y responder a las demandas de sus ciudadanos”, y ése es el “interés que mueve a un Gobierno que ha decidido incrementar un 8,7% las entregas a cuenta a los municipios y corporaciones locales, que contarán en el próximo ejercicio con un récord de 29.246 millones de euros”.
“Más recursos a los territorios supone más fondos para educación, sanidad, dependencia, infraestructuras municipales, modernización de regadíos, promoción turística, rehabilitación de su patrimonio…En definitiva, que las administraciones respondan a lo que el ciudadano demanda con el único interés de la excelencia de sus servicios públicos”, refería el delegado del Gobierno en Andalucía y exalcalde bastetano.
Además, Pedro Fernández expresó su plena confianza en que el Ayuntamiento de Baza gestionará correctamente los fondos disponibles, debido a la solidez y experiencia del cuerpo de funcionarios municipales, de los que recordó que ya han demostrado su capacidad en anteriores programas europeos, como la EDUSI, con actuaciones como la Plaza de las Eras, la Biblioteca o la Residencia de Mayores. Subrayó que “estos proyectos fueron ejecutados y justificados con rigor gracias al excelente trabajo del personal funcionario de nuestro Ayuntamiento, más allá de los responsables políticos”.
El alcalde de Baza confirmaba la adjudicación del primer lote de obras del Palacio de los Enríquez y avanzaba que la firma del contrato es inminente. El alcalde de Baza, Pedro J. Ramos, informó sobre la situación administrativa en la que se encuentra la intervención en el Palacio de los Enríquez, donde el primer lote del proyecto ya ha sido adjudicado tras superar el segundo proceso de licitación y la fase de apertura de sobres en la Plataforma de Contratación del Estado.
Ramos explicó que en estos momentos la empresa adjudicataria se encuentra aportando la documentación que acredita su solvencia técnica y económica, un trámite imprescindible para formalizar la firma del contrato de ejecución. Una vez completado este paso, la empresa deberá implantarse en la obra, firmar el acta de inicio y comenzar los trabajos de replanteo para ejecutar las actuaciones previstas en este primer lote.
El alcalde señaló que la adjudicación está confirmada y solo resta que la empresa demuestre documentalmente lo comprometido en el proceso de licitación para proceder a la firma. Recordó también que aún queda pendiente el lote correspondiente a la rehabilitación interior, cuya ejecución es incompatible con la fase inicial de consolidación estructural, centrada en la cubierta, los muros y la cimentación del edificio. Esa segunda parte de los trabajos saldrá a licitación en función del avance de la obra principal.
Ramos destacó la importancia de la ampliación de plazo obtenida, de dos meses, que permitirá aprovechar al máximo los fondos concedidos y evitar devoluciones. Subrayó que la subvención obliga a garantizar que el Palacio será visitable y tendrá un uso turístico, razón por la que el proyecto contempla también la mejora de los exteriores y zonas ajardinadas, aunque estos trabajos se licitarán tras consolidar la estructura para coordinar mejor las fases y la presencia de distintas empresas.
El regidor advirtió que el ritmo de obra puede verse condicionado por la época festiva y las condiciones meteorológicas, pero insistió en que el Ayuntamiento está trabajando para impulsar el proyecto con la mayor celeridad posible. Puso como ejemplo que mientras otros proyectos patrimoniales, como el de la Alcazaba, requieren seis meses solo para licitar el proyecto, el Ayuntamiento de Baza ha completado redacción del proyecto, licitación y adjudicación en apenas tres o cuatro meses.
Ramos recordó que la complejidad del Palacio obliga a avanzar “con pie de plomo”, debido a los estudios arqueológicos y geológicos previos, y a la posibilidad de hallazgos, como ocurrió con la muralla descubierta en la Cuesta del Carril, que paralizó trabajos durante más de un mes. A pesar de ello, aseguró que el equipo de gobierno está decidido a que la obra avance “al máximo posible” dentro de los plazos disponibles.
El delegado del Gobierno destacó la prioridad del proyecto de transformación en regadíos de Baza y el apoyo a las comunidades de regantes. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, subrayó la importancia estratégica de los proyectos de transformación en regadío que afectan a la comarca de Baza, una actuación que calificó como “prioritaria” dentro de la planificación hidrológica nacional y esencial para el desarrollo económico y social del territorio.
También, Fernández recordó que, tras los daños provocados por la DANA, la cuenca del río de Baza sufrió un fuerte deterioro que exigió una intervención urgente para la que el Gobierno de España liberó de inmediato fondos para Andalucía y Granada, con una inversión directa de 2,4 millones de euros ya ejecutados en el Río de Baza. Estas actuaciones han incluido limpieza del cauce, consolidación de taludes y colocación de escolleras, con el objetivo de dejar la zona preparada ante futuros episodios meteorológicos.
Además, el delegado situó en el centro de la estrategia de futuro el proyecto de transformación en regadío, que abarca unas 6.300 hectáreas y beneficiará a 2.500 agricultores de los municipios de Caniles, Baza, Freila y Zújar, así como a seis comunidades de regantes, para lo que el Plan Hidrológico reserva una dotación de 18,5 hectómetros cúbicos de agua.
Fernández explicó que se trata de uno de los dos proyectos de regadío prioritarios en Andalucía, junto al del Río Genil, y que ambos están plenamente asumidos por el Ministerio para la Transición Ecológica. Destacó también la labor de impulso desde el territorio —incluido el trabajo del subdelegado del Gobierno— para garantizar que este proyecto fuese reconocido como estratégico.
El delegado realizó un reconocimiento expreso al esfuerzo de las comunidades de regantes y de los agricultores, que avanzan en la constitución de sus estructuras de gestión, ahora agrupadas en la Junta Central de Usuarios. Puso en valor su constancia durante años y la colaboración institucional, recordando también la implicación del anterior alcalde de Baza, Manolo Gavilán.
En el plano técnico, Fernández detalló que los Ministerios de Transición Ecológica y de Agricultura trabajan ya en el plan coordinado, que garantizará la financiación de una obra estimada entre 70 y 80 millones de euros. El Ministerio de Agricultura está ultimando el Plan de Transformación, un documento previo y necesario para culminar el Plan Coordinado. Según el delegado, este documento estará terminado “como muy tarde en enero”, momento en el que se presentará a las comunidades de regantes.
Una vez completado este proceso, y con el apoyo constante de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se avanzará hacia la concesión definitiva de los 18,5 hectómetros cúbicos.
Fernández añadió que las previsiones de creación de empleo, generación de riqueza e impacto en el PIB son “fundamentales y esenciales” para el desarrollo de toda la comarca y refirió que este tipo de proyectos, ya consolidados en provincias como Huelva o Almería, han demostrado ser una herramienta eficaz para fijar población y fortalecer el sector agrario y agroalimentario, un modelo que —aseguró— puede reproducirse con éxito en Baza y su entorno.
Satisfacción en el Grupo Municipal del PSOE bastetano porque “la rehabilitación de la Alcazaba es una realidad pese a quienes quisieron sembrar dudas”. Una rehabilitación que es objeto de su último comunicado, el cual reproducimos íntegramente, para dejarlo a disposición de nuestros lectores, a continuación:
«El Grupo Municipal Socialista de Baza celebra el impulso definitivo dado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para iniciar las obras de rehabilitación de la Alcazaba, un proyecto clave para la ciudad que comenzó a desarrollarse en 2023, durante el gobierno socialista en el Ayuntamiento y bajo el liderazgo del entonces alcalde Manolo Gavilán. En esa etapa se presentó el proyecto y se obtuvo la subvención estatal que ahora permite dar el paso decisivo hacia su ejecución.
La confirmación llegó este lunes de la mano del Delegado del Gobierno de España en Andalucía y exalcalde de Baza, Pedro Fernández Peñalver, quien anunció durante su visita al municipio la firma del Protocolo General de Actuación entre el Ministerio y el Ayuntamiento. Un anuncio que adquiere especial relevancia después de que, en los últimos meses, diversos sectores pusieran en duda la voluntad del Gobierno de acometer esta intervención. La firma del protocolo despeja así cualquier incertidumbre y evidencia el firme compromiso del Ejecutivo con el patrimonio bastetano.
El proyecto de ejecución, redactado por encargo del Ayuntamiento durante el anterior mandato socialista, cuenta ya con aprobación técnica. Las obras tienen un presupuesto total de 917.924,94 euros, financiados íntegramente por el Ministerio, que será el órgano de contratación. La previsión es licitar antes de final de año, siempre que la disponibilidad presupuestaria lo permita, y ejecutar los trabajos en un plazo estimado de 10 meses, con finalización prevista en 2027.
La actuación tiene como objetivo consolidar y restaurar los restos emergentes de la Alcazaba, garantizando la estabilidad del terreno y la seguridad del recinto. Permitirá eliminar riesgos de derrumbes, asegurar estructuras históricas y recuperar la continuidad arqueológica del conjunto.
Esta primera fase contempla la excavación de la cinta muraria sur para recuperar su trazado histórico, la excavación del perímetro suroriental tras la retirada del mirador y la consolidación de los muros que separan la alcazaba vieja de la nueva. También incluye la estabilización de las laderas afectadas por derrumbes y la demolición de la escalera que estrangula la torre sureste, seguida del acondicionamiento del entorno.
Desde el Grupo Municipal Socialista celebramos este avance, que demuestra que el trabajo riguroso realizado durante el anterior mandato socialista sigue dando frutos. Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa y la puesta en valor del patrimonio bastetano y con la revitalización del casco histórico de Baza».
El Pleno de Baza aplaza la aprobación del acta de la sesión anterior tras un intenso debate sobre su contenido. Un Pleno que se iniciaba con el tradicional minuto de silencio como en memoria de las víctimas de violencia de género y de los accidentes laborales, tras lo que se dio inicio al desarrollo del Orden del día con la propuesta de aprobación del acta de la sesión anterior.
Cosa poco frecuente, el Ayuntamiento de Baza decidió dejar sobre la mesa su aprobación, después de un prolongado y tenso debate entre algunos grupos municipales. La controversia surgió cuando la portavoz de Compromiso por Baza manifestó que el borrador no recogía, a su juicio, varios hechos ocurridos durante la sesión, entre ellos llamadas al orden, negativas a conceder turnos de réplica y expresiones que consideró ofensivas por parte de distintos miembros de la corporación y del responsable de prensa municipal.
Estas afirmaciones fueron rechazadas por concejales del equipo de gobierno, Valdivieso y Peña, que negaron que se produjeran los insultos mencionados y defendieron que tales acusaciones debían ser demostradas en la grabación oficial. Además, insistieron en que el acta debe reflejar únicamente hechos objetivos y verificables, no interpretaciones subjetivas sobre el tono o intención de las intervenciones, llegándose a afirmar que si la concejal no denunciaba ante el juzgado, lo harían desde el grupo del PP.
El alcalde coincidió en la necesidad de comprobar de forma rigurosa el contenido audiovisual de la sesión antes de incorporar cualquier modificación, subrayando la gravedad de las acusaciones y la obligación de preservar el honor de todos los miembros del pleno.
Ante la falta de consenso y la petición de varios concejales de revisar el vídeo íntegro, se decidió posponer la aprobación del acta para un análisis exhaustivo que permita contrastar los hechos y estudiar conjuntamente las observaciones propuestas.
Aprobados un proyecto de para la construcción de 5 alojamientos turísticos rurales y la redefinición del ámbito de actuación para la ampliación de una empresa agrícola. Solo intervino en la aprobación de los apartamentos Antonio Hurtado, del PSOE, para agradecer al Sr. Clemente su iniciativa y desearle suerte, tras lo que el punto se aprobó por unanimidad
En cuanto a la ampliación de la empresa Agrimaquinaria Chico S.L., el Ayuntamiento de Baza dio luz verde por unanimidad al proyecto de actuación que redefine el ámbito en el que dicha empresa del sector agrícola desarrollará su actividad, con el fin de permitir el cambio de uso de una nave y sus instalaciones. La modificación permitirá que el espacio, hasta ahora destinado a explotación agrícola, pase a acoger actividades de venta, exposición y reparación de maquinaria agrícola, así como un punto de suministro de carburante de uso público ubicado en un paraje de La Colonia.
Antes del debate, una concejala del PSOE se ausentó por motivos de incompatibilidad, quedando constancia formal en el acta. Durante el turno de intervenciones, los grupos municipales mostraron su respaldo a la iniciativa. Desde la oposición se destacó el deseo de que la empresa continúe su crecimiento y genere empleo estable en el municipio.
El equipo de gobierno explicó que la principal finalidad de esta modificación es regularizar la situación actual de la empresa, que hasta ahora desarrollaba su actividad en régimen de alquiler. Tras un periodo de prueba en distintas ubicaciones, la compañía ha decidido adquirir la parcela en la que opera, lo que obliga a ajustar el proyecto de actuación previo para adaptarlo a la finca exacta donde se consolidará la actividad.
Con el respaldo unánime del pleno, el Ayuntamiento facilita así la continuidad y expansión de esta firma especializada en maquinaria agrícola, que podrá culminar la tramitación para asentarse de forma definitiva en el municipio.
El Pleno de Baza aprueba la innovación urbanística vinculada a la modernización del regadío y la implantación de industria agroalimentaria. El Ayuntamiento de Baza aprobó por mayoría una innovación del Plan General de Ordenación Urbana destinada a facilitar la modernización de los regadíos, impulsar nuevas industrias agroalimentarias y adaptar distintos usos del suelo a las necesidades actuales del municipio. La propuesta generó un amplio debate entre los grupos políticos debido a su impacto en suelos rústicos y ámbitos de especial valor ambiental.
La portavoz de Compromiso por Baza expresó su rechazo a la medida al considerar que introduce cambios sustanciales en el modelo territorial y que podría abrir la puerta a la instalación de macroproyectos energéticos en zonas de alto valor paisajístico, como el entorno del cerro Jabalcón, las Piedras Rodadas o los Llanos del Baúl. Según expuso, la falta de una prohibición expresa podría permitir la llegada futura de macroplantas fotovoltaicas o eólicas, lo que —advirtió— ya está generando conflictos en otros municipios de nuestras comarcas y fuera de Andalucía. El grupo anunció su voto en contra por entender que la protección del paisaje debe reforzarse y no quedar supeditada a interpretaciones jurídicas.
El concejal no adscrito defendió la necesidad de la innovación para desbloquear proyectos paralizados, entre ellos las balsas vinculadas a los nuevos regadíos y las concesiones de agua recientemente otorgadas. También se apoyó la idea de promover industrias agroalimentarias, como secaderos o almacenes de pistachos y almendras, así como el traslado a Baza de empresas generadoras de empleo. El concejal destacó que la ausencia de un nuevo PGOU ralentiza el desarrollo local y justificó su voto favorable.
Izquierda Unida optó por la abstención alegando falta de claridad en algunos aspectos del documento, aunque mostró su apoyo a la instalación de nuevas industrias, siempre que no afecten al entorno natural ni abran la puerta a macroinstalaciones energéticas. La formación pidió definir con mayor precisión las zonas protegidas y los espacios urbanizables.
El PSOE votó a favor al considerar la innovación imprescindible para acompañar el proceso de modernización del regadío y dar respuesta a las demandas de las comunidades de regantes. Sobre la cuestión energética, defendió que los usos ordinarios permitidos en las áreas sensibles ya establecen limitaciones suficientes, y recordó que cualquier uso no expresamente autorizado queda prohibido por norma.
En su intervención final, el equipo de gobierno local subrayó que el documento lleva más de tres años de trabajo técnico y administrativo, con informes de Cultura, Medio Ambiente, Salud Pública, Confederación Hidrográfica, Carreteras, Diputación y del propio Geoparque. Defendió que la innovación reduce distancias entre suelo rústico y urbano para permitir la instalación de empresas que quieren implantarse en la ciudad, protege los espacios catalogados y descarta proyectos que generen impactos severos, como plantas de biogás orientadas a recibir residuos externos, de las que —afirmó— ya se han rechazado varias solicitudes.
El ejecutivo municipal insistió en que la norma garantiza un equilibrio entre desarrollo económico, apoyo al sector agrícola y preservación del paisaje, y anunció su intención de avanzar hacia un futuro Plan Especial que delimite con mayor precisión los suelos especialmente sensibles.
La propuesta salió adelante por mayoría, tras un debate marcado por la tensión entre la protección del entorno y la necesidad de avanzar en proyectos estratégicos para la economía local.
Baza impulsará su primer Plan Local de Infancia y Adolescencia tras su aprobación unánime del Pleno. El Ayuntamiento de Baza puso en marcha este jueves la elaboración de su primer Plan Local de Infancia y Adolescencia, una iniciativa que obtuvo el respaldo unánime de todos los grupos políticos. El acuerdo faculta al área de Bienestar Social para coordinar el proceso, siguiendo las directrices marcadas por la Junta de Andalucía y el marco de la Convención de los Derechos del Niño.
El encargo contempla también la creación de un equipo técnico intersectorial, integrado por representantes de las distintas áreas municipales, así como por entidades y asociaciones vinculadas a la infancia y la juventud. Este órgano será el encargado de impulsar un proceso participativo que incluirá la futura constitución del Consejo Local de Infancia y Adolescencia, concebido como espacio estable de consulta y participación de menores en la vida pública.
Desde el equipo de gobierno se subrayó la importancia de dotar a la ciudad de una planificación estructurada en materia de políticas infantiles y juveniles, superando la dispersión actual de actuaciones desarrolladas en ámbitos como educación, cultura, juventud, deportes o servicios sociales. El responsable de Bienestar Social destacó que el nuevo plan permitirá articular un diagnóstico, una planificación y una evaluación continuada, con vocación de continuidad más allá de los ciclos políticos.
Los grupos de la oposición coincidieron en señalar la oportunidad de esta herramienta. Compromiso por Baza respaldó la iniciativa por considerarla coherente con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y por favorecer que la mirada de la infancia se incorpore a todas las políticas municipales. La formación reclamó, además, que el proceso garantice una participación real de niños y adolescentes y cuente con los medios técnicos adecuados.
Izquierda Unida también apoyó el acuerdo, señalando que los menores comparten el espacio social con los adultos y deben disponer de los mismos derechos de participación para construir el futuro de la ciudad. Por su parte, el Grupo Socialista destacó que el plan se alinea con el III Plan Andaluz de Infancia y Adolescencia y pone el acento en otorgar voz y protagonismo a los menores, no solo como sujetos de derechos, sino como actores activos en la transformación social. La formación anunció que hará un seguimiento del desarrollo del documento para garantizar transparencia, recursos y una aplicación efectiva.
El Pleno cerró este punto con la aprobación unánime de la propuesta, que marca el inicio de un proceso destinado a convertir a la infancia y a la adolescencia en un eje central de las políticas públicas municipales.
El Pleno de Baza aprueba provisionalmente la modificación del Plan Local de Instalaciones Deportivas. El Ayuntamiento de Baza aprobó de forma provisional la modificación del Plan Local de Instalaciones y Equipamientos Deportivos, un documento que marcará la planificación del sistema deportivo municipal entre 2025 y 2029. El acuerdo permitirá remitir el texto actualizado a la Consejería competente en materia de Deportes, encargada de emitir el informe preceptivo antes de su aprobación definitiva.
La propuesta llega después de que la primera versión del plan fuera enviada ya a la Junta de Andalucía para su revisión técnica y sometida posteriormente a un periodo de información pública de 30 días, durante el cual se notificó a los clubes deportivos locales para que pudieran presentar alegaciones. Según expuso el concejal responsable, el proceso concluyó sin que se registraran aportaciones ni objeciones.
Desde Compromiso por Baza se respaldó la modificación por considerarla un trámite imprescindible para avanzar en la planificación deportiva de la ciudad. El grupo destacó que el documento está avalado por informes técnicos y permite ordenar inversiones y priorizar actuaciones en materia de instalaciones deportivas.
El Grupo Socialista, que inicialmente apoyó la tramitación en comisión para no frenar el procedimiento, modificó en el pleno su sentido de voto y se abstuvo. La formación argumentó que las variaciones introducidas en el plan responden a decisiones de carácter político y no únicamente técnico, motivo por el que optaron por no respaldarlas.
Durante el cierre del debate, el equipo de gobierno defendió que la actualización del documento responde a la necesidad de adaptar la planificación deportiva a la realidad urbanística y a los proyectos municipales en marcha, subrayando que las corporaciones anteriores también realizaron sus propios planes conforme a sus criterios.
La modificación quedó finalmente aprobada por mayoría, a la espera del dictamen de la Junta de Andalucía, cuya valoración será necesaria para elevar el documento a aprobación definitiva en una futura sesión plenaria.
La oposición al completo, a la que se une el concejal no adscrito, rechaza la aprobación del Acuerdo Marco de los funcionarios tras un intenso debate y la división sindical. El Ayuntamiento de Baza vivió un tenso y prolongado debate durante la sesión plenaria dedicada al nuevo Acuerdo Marco del personal funcionario, un documento cuya última actualización data de 2010 y que aspiraba a ordenar aspectos clave como jornadas, descansos, retribuciones variables y organización interna de los servicios municipales. Finalmente, el punto no logró el respaldo suficiente debido a la falta de consenso entre los representantes sindicales y la disparidad de posiciones entre los grupos políticos.
La propuesta, fruto de más de dos años de negociación, incluía mejoras relevantes para colectivos que trabajan en turnos especiales —principalmente Policía Local y Bomberos— y contemplaba avances en conciliación y reconocimiento de determinadas funciones. Sin embargo, varios concejales advirtieron que otros servicios municipales quedarían fuera de las mejoras, especialmente los que desarrollan tareas físicamente exigentes o sujetos a horarios complicados.
Entre los ejemplos citados se señalaron el cementerio, donde los trabajadores realizan turnos todos los días del año sin una desconexión real; la perrera municipal, por la complejidad del servicio; y áreas como jardines, electricidad, obras o limpieza, cuyos empleados —a menudo con salarios más bajos— no verían compensado de manera proporcional su esfuerzo.
Representantes de la oposición alertaron también sobre la existencia de advertencias técnicas en relación con el plus de transporte, la falta de una memoria económica completa y artículos que podrían contravenir la normativa vigente, lo que a su juicio obligaba a revisar el documento antes de su aprobación definitiva.
Una de las cuestiones más determinantes fue la ausencia de apoyo mayoritario en la Mesa General de Negociación. Mientras en la Junta de Personal —que representa al personal funcionario— el acuerdo obtuvo respaldo, la suma del voto del personal laboral en la Mesa General inclinó el resultado en contra. Algunos grupos recordaron que los sindicatos habían solicitado más tiempo para estudiar el texto y plantear enmiendas, señalando que una parte importante de la plantilla no lo había recibido con suficiente antelación.
Otros ediles incidieron en que la falta de consenso podría acarrear riesgos jurídicos y un conflicto laboral innecesario. Las formaciones que votaron en contra insistieron en que el proceso debía retomarse para alcanzar un acuerdo más equilibrado y garantizar que todos los colectivos estuvieran representados y respaldasen el texto final.
El concejal no adscrito cuestionó el impacto económico del acuerdo, que estimó en torno a 400.000 euros anuales, y criticó que ciertas atribuciones retributivas quedarían consolidadas de forma indefinida. Expresó además dudas sobre el sistema actual de anticipos y sobre la distribución de horas extraordinarias, especialmente en los servicios de Bomberos y Policía Local, señalando que algunas prácticas derivaban de “mala planificación” en la gestión de personal, por lo que unió su voto en contra del Equipo de Gobierno, del que forma parte.
El alcalde defendió que el documento presentado recogía en gran medida el borrador trabajado en el mandato anterior y que las modificaciones introducidas fueron mínimas y orientadas a adecuarlo a los informes técnicos. Recordó que el acuerdo llevaba quince años sin actualizarse y que la carencia de personal en servicios como Policía Local o Bomberos es consecuencia de no haber cubierto plazas vacantes durante años.
Sobre algunos ejemplos citados por la oposición, señaló que la perrera está externalizada en la actualidad y que en el caso del cementerio la solución pasa por ampliar la plantilla, algo que debe abordarse en los próximos presupuestos. Respecto a las jornadas especiales de Policía y Bomberos, reivindicó que su labor “365 días al año y 24 horas al día” debe tener un reconocimiento específico, subrayando su papel en episodios de emergencia.
El Grupo Socialista, que votó en contra, defendió que ningún grupo político debería validar un acuerdo sin el respaldo mayoritario de los representantes de los trabajadores. Propuso reabrir la mesa negociadora, mejorar la comunicación con la plantilla y someter el resultado a la Asamblea de Trabajadores antes de llevarlo de nuevo al Pleno. El partido se ofreció además a participar en las negociaciones para agilizar un texto “sólido, consensuado y duradero”.
Tras las intervenciones, una amplia mayoría del Pleno consideró que el documento aún no estaba listo para su aprobación y defendió retomarlo con más diálogo, más participación sindical y más garantías técnicas. El equipo de gobierno, por su parte, insistió en que el Acuerdo Marco es imprescindible para actualizar derechos laborales obsoletos y mejorar servicios esenciales, pero el expediente quedaba pendiente de un nuevo proceso negociador cuyo calendario deberá definir el Ayuntamiento en las próximas semanas.
Con este punto, y dado lo avanzado de la hora, dejamos pendiente el resto de la información de esta sesión plenaria, la cual ofreceremos en nuestra próxima edición.
La Comunidad de Regantes Siete Fuentes Negratín renueva su dirección y aprueba nuevas normas para modernizar la gestión del agua. Una noticia que tiene ya unos días y que, lejos de Baza, no pudimos ofrecer por no tener acceso a este acto, pero que considerando su importancia, ofrecemos hoy y que hace referencia a que la Comunidad de Regantes Siete Fuentes Negratín celebró su Junta General Ordinaria con la participación de más de 300 comuneros, en una sesión en la que se revalidó el mandato de la actual dirección y se aprobaron importantes cambios en la gestión interna y en la regulación del riego.
Durante el encuentro, se repasaron los avances logrados en los últimos años, entre ellos la concesión histórica de aguas para la zona tradicional y la aprobación de los Estatutos por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. También se presentaron los principales proyectos hidráulicos y eléctricos previstos para las comarcas de Baza y Huéscar, que incluyen la consolidación de 6.000 hectáreas de regadío desde el Negratín, nuevas infraestructuras de abastecimiento desde el Portillo y actuaciones vinculadas a los regadíos de Castril. Estas intervenciones tienen como objetivo común mejorar el estado cuantitativo del acuífero Baza–Freila–Zújar.
La asamblea aprobó el presupuesto para 2026, que apuesta por la modernización tecnológica —control de caudales, digitalización y georreferenciación— y por el refuerzo de la gestión administrativa. Uno de los puntos centrales de la sesión fue la renovación del marco de gestión del riego, que introduce cambios orientados a reforzar la equidad, la legalidad y la transparencia. Entre las novedades figura la contratación, conforme al presupuesto, de dos responsables para todas las acequias, la eliminación del sistema de “igualas” y la implantación de una cuota anual única para garantizar un reparto más justo de los costes. A ello se suma un sistema rotatorio de turnos que pone fin a privilegios históricos asociados a determinadas zonas, asegurando que todos los regantes accedan al agua en igualdad de condiciones.
La comunidad inicia además una nueva etapa como entidad de derecho público, lo que permitirá activar instrumentos de regulación interna como el Jurado de Riegos o la vía de apremio, así como reforzar los derechos y obligaciones de los comuneros. En esta línea, se abrió un nuevo plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para la inscripción de parcelas dentro del expediente de cambio de características actualmente en tramitación ante la CHG. Las solicitudes de baja serán atendidas caso por caso, siempre que los interesados se encuentren al corriente de sus obligaciones.
La Junta General concluyó con la elección de los cargos de la nueva directiva, que mantiene su estructura principal e incorpora por primera vez a una mujer como secretaria, reforzando la representación femenina en los órganos de gestión.
La renovación de la dirección viene acompañada de un compromiso explícito con la modernización de las infraestructuras y una gestión más eficiente y transparente, en un momento clave para el desarrollo hídrico de la comarca.
El Centro de Tratamiento de Adicciones AD-HOC de Baza se acredita como Centro de Atención a las Adicciones comprometido contra la Violencia de Género. Tras varios meses de intenso trabajo por parte del personal técnico y un proceso de evaluación exhaustivo, la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía ha acreditado al Centro de Tratamiento de Adicciones AD-HOC de Baza como Centro de Atención a las Adicciones comprometido contra la Violencia de Género.
Esta certificación fue entregada en las III Jornadas Provinciales de Ámbito Sanitario ante la Violencia de Género celebradas en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada el pasado 24 de noviembre.
Estar comprometido frente a la violencia de género supone:
- Que su centro es un entorno seguro y especializado en la atención a la violencia de género.
- Que sus profesionales están formados para la identificación, abordaje y seguimiento de las víctimas de violencia de género.
- Que dispone de sistemas de detección de cualquier forma de violencia hacia las mujeres.
- Que realiza una labor coordinada y en cooperación con otras administraciones para contribuir a la protección de las víctimas violencia de género.
- Que está implicado con la sociedad en la sensibilización y la prevención de este problema de salud.
El trabajo realizado para acreditarse en una adecuada atención a las mujeres que sufren violencia de género unido a un problema de adicciones ha sido muy valioso, ya que ha supuesto una revisión, actualización y mejora de todos los procesos que, en esta materia, se realizan en el centro. En concreto, se ha trabajado en las áreas de formación, estrategia y proyección en el entorno, detección, intervención, seguimiento y coordinación; siendo este último ámbito en la que se ha obtenido una mención especial ya que el centro sobresale en como colabora y se coordina con otros centros sanitarios, servicios sociales y otras instituciones para brindar una atención integral y continuada en el tiempo.
El PSOE granadino denuncia que Diputación deje “tirados” a los ayuntamientos de la provincia al no ampliar el plazo para decidir si delegan o no la recogida de basura. El grupo socialista en la Diputación de Granada ha denunciado que el gobierno del PP en esta institución deje “tirados y sumidos en la incertidumbre” a los ayuntamientos de la provincia al negarse a ampliar el plazo para que los municipios decidan si delegan o no un servicio “esencial” como el de la recogida de basura al Servicio Provincial de Medio Ambiente.
El diputado provincial José María Villegas ha criticado el voto en contra del PP en el pleno de Diputación a la moción socialista que proponía ampliar el plazo más allá del próximo 31 de diciembre debido a las “dudas” que entre los alcaldes y alcaldesas de la provincia generó la información remitida por el gobierno provincial en una reunión mantenida días atrás, especialmente en lo relativo a la subrogación del personal del servicio de recogida de basura.
“Al respecto, los municipios deben contar con la seguridad jurídica de que cualquier decisión que tomen va a tener los efectos que previamente hayan analizado, a través de un informe jurídico vinculante que también solicitábamos”, ha expuesto para incidir en que a la hora de tomar una decisión deben hacerse en base a “unos datos claros, concretos y exactos para evitar equivocaciones”.
Villegas ha censurado que el PP, con su “rodillo” de la mayoría absoluta, haya tumbado esta propuesta “necesaria para que cada municipio decida, una vez tenga clara toda la información, qué va a hacer. En lugar de ayudarlos, el gobierno de Francisco Rodríguez de nuevo pone obstáculos y le da la espalda”.
Tras apuntar que este planteamiento “no trataba de torpedear nada sino más bien de aportar certezas a las y los representantes locales”, el socialista ha aludido a otras problemáticas que han surgido y que no están resueltas como como la subrogación del personal adscrito al servicio o la amortización de los camiones de recogida.
“Los ayuntamientos tienen que tenerlo claro antes de tomar una decisión”, ha remarcado para afearle al gobierno provincial del PP su crítica al servicio de ‘puerta a puerta’ frente a la opción del quinto contenedor, con datos “sesgados” con cifras de municipios donde el ‘puerta a puerta’ no está implantado. “Las y los alcaldes merecen datos nítidos y no desinformación”, ha apostillado.
“La Diputación tendría que haber preguntado en aquellas localidades donde este servicio sí está en marcha. Ante todo debe primar lo que cada ayuntamiento considere más oportuno y no pretender dirigir, con cierta intencionalidad, las decisiones hacia un sentido u otro”.
Por su parte, la portavoz del grupo socialista en la Diputación de Granada, Fátima Gómez, ha denunciado el “derroche millonario” del gobierno del PP en la institución provincial en su “empeño” de adquirir la antigua sede del Banco de España en la capital mientras “abandona” al resto de municipios de la provincia, especialmente los más pequeños.
“Francisco Rodríguez ha sacado la chequera para que su jefe Moreno Bonilla tenga cash y pueda cumplir sus promesas pendientes con Granada”, ha lamentado Gómez tras conocer que el gobierno andaluz ha autorizado la venta del edificio a la Diputación por 9,2 millones de euros.
La socialista ha afeado al PP que “siga adelante con esta operación incomprensible y no dedique esa cuantía millonaria a atender las reivindicaciones de los ayuntamientos y alcaldes y alcaldesas de la provincia, que son muchas y muy variadas”.
“Sin escrúpulo alguno el presidente de la Diputación y del PP de Granada va a gastarse 9,2 millones de todas y todos los granadinos de la provincia en lugar de explorar otras opciones que eviten este elevado gasto”, ha dicho.
Así, Gómez ha recordado que en su día la Diputación cedió gratis a la Junta el Palacio de Bibataubín para la sede del Consejo Consultivo de Andalucía, “una operación razonable para el interés público, pero no la salvajada que el PP va a perpetrar, más aún cuando el Gobierno de España cedió gratis a la Junta el Banco de España”.
“El presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, ha sido incapaz de recapacitar y parar este capricho para llenar las arcas de la Junta de Moreno Bonilla sin sentido alguno”, ha concluido.
