La Junta reabre hoy el Bono Alquiler Joven con una nueva convocatoria desde el 14 de enero de 2026. La Junta de Andalucía reactiva hoy, 14 de enero de 2026, el proceso de presentación de solicitudes del Bono Alquiler Joven, una ayuda destinada a facilitar el acceso a la vivienda a personas de hasta 35 años. La reapertura del plazo llega un año después del colapso inicial del sistema, que obligó a cerrar provisionalmente la convocatoria de 2025 tras alcanzar las 8.500 solicitudes en apenas 22 horas.
La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda confirma que la presentación será exclusivamente telemática, a través de la Ventanilla Electrónica de la Junta de Andalucía (VEAJA). La guía publicada este mes de enero detalla los pasos, requisitos y documentación necesaria para completar el proceso, que vuelve a activarse con el objetivo de absorber la demanda que quedó pendiente el año anterior.
Según la documentación oficial, el periodo de solicitud permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2026, salvo que se alcance antes el límite de expedientes admitidos. La Junta recuerda que solo tendrá validez la primera solicitud presentada, por lo que se recomienda revisar cuidadosamente los datos antes de firmar electrónicamente el formulario.
El Bono Alquiler Joven mantiene su estructura económica con una ayuda de hasta 250 euros al mes, durante un máximo de 24 meses consecutivos, para contratos de vivienda o habitación que cumplan los límites de renta establecidos por municipio y tipología contractual.
El periodo subvencionable podrá iniciarse en cualquier mes, desde enero de 2025 hasta diciembre de 2027, siempre que la persona solicitante cumpla los requisitos desde el primer mes completo. En los casos en los que los requisitos se cumplan a partir del 2 de enero de 2026, el periodo deberá comenzar en febrero.
En cuanto a los requisitos y límites de renta, la convocatoria mantiene los criterios ya conocidos: tener entre 18 y 35 años, disponer de ingresos inferiores a 3 veces el IPREM (o 4 veces en unidades de convivencia), ser titular de un contrato de alquiler, cesión de uso o compromiso de contrato y no tener parentesco directo con la persona arrendadora ni ser propietaria de otra vivienda, salvo excepciones. En cuanto a los límites de renta varían según el tipo de contrato y el municipio. En los grupos 1, 2 y 3 del Plan Vive, la renta máxima subvencionable alcanza los 900 euros para viviendas completas y 380 euros para habitaciones. En el resto de municipios andaluces, los topes se reducen a 600 euros y 300 euros, respectivamente.
La Junta insiste en la necesidad de preparar con antelación los trámites previos: certificado digital o Cl@ve, alta en el Registro de Cuentas de Terceros, inscripción en el Sistema de Notificaciones Electrónicas y obtención de la referencia catastral. La plataforma solo permite avanzar si todos los datos son correctos, y no admite retroceder hasta que se complete el formulario y se genere el borrador editable.
La documentación debe subirse en PDF, en carpetas específicas y sin duplicados. En contratos de varios inquilinos o unidades familiares, los anexos deben ir firmados por todas las personas implicadas.
La reapertura del plazo ha generado expectación entre miles de jóvenes que quedaron fuera en 2025. Sin embargo, la experiencia del año pasado invita a la prudencia: la saturación del sistema y la limitación de solicitudes podrían volver a marcar el ritmo de esta convocatoria.
Mientras tanto, la Junta defiende que esta ampliación del plazo hasta junio de 2026 permitirá absorber la demanda acumulada y agilizar la tramitación de un programa que, pese a sus dificultades técnicas, sigue siendo una de las pocas ayudas directas al alquiler disponibles para jóvenes en Andalucía.
“¿Hasta cuándo van a consentir a Rafa?”, titulo del nuevo artículo de esta semana para la sección “La Mirilla”. Un Rafa que, como es fácil de suponer, no es otro que el concejal ex de Vox y no adscrito del Ayuntamiento de Baza, con el que el autor de esta sección ha compartido muchas horas de política local durante su dilatada pertenencia a la Corporación Municipal, compartiendo ambos muchos momentos de sus respectivas vidas como munícipes. De ahí que, en un terreno más personal, haya habido desde las más diversas contrariedades hasta ese aprecio que el “roce” de mucho tiempo llega a crear y que supera las infinitas divergencias convividas.
Unas divergencias que, agudizando la vista por esa mirilla privilegiada de la que Juanra Gil ha dispuesto, lo ha llevado a exponer una serie de vivencias y circunstancias, desde la primera fila, que le llevan a preguntar por ese “hasta cuando” que entenderán mejor nuestros lectores cuando lean el artículo de esta semana en la sección “La Mirilla” de esta web, el número 16 ya, titulado “¿Hasta cuándo van a consentir a Rafa?”.
Un artículo disponible desde el inicio de esta jornada y al que se accede, bien desde el anterior enlace, bien desde el menú que aparece en la parte superior de esta misma pantalla y que nos ofrece el acceso a este y al resto de artículos anteriores de Gil van Gils. A partir de ahí, la palabra es suya.
Grupo Municipal del PSOE: “Baza vuelve a ver pasar la Vuelta Ciclista a España de lejos”. Un titular que se corresponde con el último comunicado que nos ha sido remitido desde las filas del Grupo Municipal del PSOE bastetano y que, junto a la imagen que lo acompaña, reproducimos íntegramente, a continuación:
«Hace aproximadamente un mes se presentaba el recorrido de la 81 Vuelta Ciclista a España, con la Comunidad Autónoma de Andalucía y nuestra provincia de Granada como grandes protagonistas. Sobre todo ésta última, al albergar tres etapas de la ronda ciclista. De ahí que en palabras del presidente de la Diputación destaque este hecho como “una oportunidad única para Granada, no solo desde el punto deportivo, sino también turístico, económico y de imagen al acoger un evento que se retransmitirá ante millones de personas” y como una “apuesta firme y decidida de Diputación para posicionar a Granada como escenario protagonista del desenlace de La Vuelta, una de las principales competiciones deportivas de proyección internacional”. Y en la misma línea se posicionaba la alcaldesa de Granada al decir que “ Granada ciudad y provincia vuelven a ir de la mano en un proyecto que nos sitúa en el mapa deportivo internacional. La colaboración institucional es clave”.
Pues después de tanto júbilo, la pregunta es: ¿Qué pasa con el resto de la provincia?
¿Baza y el norte provincial no forman parte de ella? ¿El equipo de gobierno municipal no piensa igual que sus compañeros de la capital y de Diputación y por eso no ha peleado por una etapa en nuestro territorio? ¿Le parece una inversión innecesaria?
Ciudades cercanas como Lorca y Vera tendrán un final y una salida de etapa respectivamente, ésta última con final en la vecina cima de Calar Alto. Pero dentro de nuestra provincia ciudades como Motril, Loja, Guadix y la capital acogerán salida, final y paso de la ronda ciclista española. Y, una vez más, Baza se quedará mirando.
En 2022, año en el que Baza fue Ciudad Europea del Deporte, acogió un final de etapa de la Vuelta a Andalucía y se puso a la ciudad en primera plana a nivel internacional. Se estimó que el evento tuvo un retorno de unos 47000€, entre alojamientos, restauración, combustible, suministro y servicios. A lo que se sumó el gran impacto mediático y la importante difusión de la imagen de Baza y de su capacidad organizativa. En el año 2021 fue salida de etapa de dicha prueba y en 2011 se acogió la salida de la etapa de La Vuelta entre Baza y Sierra Nevada. Baza podía y puede acoger un evento de estas características y se ha dejado pasar de largo un tren para poner a Baza en el escaparate mundial».
El Servicio Contra Incendios, Salvamento y Protección Civil de Baza cerró el periodo navideño con una actividad superior a la registrada un año antes. Entre el 22 de diciembre y el 7 de enero últimos, los efectivos del parque bastetano realizaron un total de 35 intervenciones, lo que supone ocho servicios más que en el mismo tramo de las anteriores fiestas navideñas, según recoge el balance oficial del propio servicio
El mayor volumen de actuaciones estuvo relacionado, un año más, con incendios en contenedores de residuos, un mal que no cesa a pesar de la atención que se le dedica. En total se registraron diez intervenciones de este tipo, tres más que en la Navidad anterior. Desde el Parque de Bomberos se insiste en que las causas se repiten: la deposición de brasas mal apagadas junto a la basura doméstica, un descuido que acaba provocando la quema total o parcial de los recipientes y genera un importante coste económico y operativo.
El balance también recoge dos incendios en viviendas, los únicos registrados durante el periodo analizado. Uno de ellos se produjo en el municipio de Cúllar y se saldó sin daños personales, mientras que el segundo tuvo lugar en Cuevas del Campo, donde el fuego afectó a la totalidad del inmueble y obligó al desalojo de una familia completa.
A estas actuaciones se sumaron dos accidentes de tráfico en los que fue necesaria la intervención de los bomberos para rescatar a los ocupantes de los vehículos siniestrados. Uno de los siniestros se registró en el término municipal de Baza y el otro en Zújar, dentro del ámbito de cobertura del servicio bastetano.
La ciudad de Baza concentró la mayor parte de la actividad, con 27 intervenciones, cinco más que en el mismo periodo del año anterior. Esta cifra arroja una media aproximada de dos servicios diarios, aunque hubo jornadas especialmente intensas. El 28 de diciembre y el 7 de enero destacaron por encima del resto, con cinco actuaciones en cada uno de esos días
El balance navideño vuelve a poner de manifiesto la carga de trabajo que asume el Servicio de Bomberos de Baza durante fechas festivas, así como la importancia de la prevención y la colaboración ciudadana para reducir intervenciones evitables, especialmente en lo relativo al uso responsable de residuos calientes y a la seguridad en los desplazamientos.
El Grupo Socialista en la Diputación de Granada denuncia problemas de personal en los centros asistenciales de Huéscar y Armilla y “alerta” sobre la privatización de la lavandería. El Grupo Socialista en la Diputación de Granada ha puesto el foco en la situación que atraviesan los centros asistenciales provinciales de Armilla y Huéscar, a los que atribuye un escenario “crítico” tanto en el funcionamiento de los servicios como en las condiciones laborales de su personal. La formación también ha alertado de lo que considera una privatización “real” del servicio de lavandería y costurero, una decisión que, según sostiene, el equipo de gobierno del PP viene planteando desde hace meses y que ahora se materializa en los presupuestos.
La denuncia se realizó a las puertas de los servicios generales de los centros sociales de la institución provincial, donde representantes socialistas estuvieron acompañados por delegados sindicales de UGT, CCOO, CSIF y USO. Desde allí se expuso la existencia de una situación de precariedad que, a juicio del PSOE, afecta directamente al personal y termina repercutiendo en la atención que reciben los usuarios de estos recursos.
Según los socialistas, las deficiencias en la gestión están teniendo un impacto especial en personas mayores y con discapacidad, colectivos a los que califican de especialmente vulnerables. A su entender, la falta de medios humanos en servicios básicos como la lavandería provoca escenas impropias de centros que históricamente han sido referentes en la atención asistencial.
Entre los ejemplos expuestos se encuentran episodios registrados durante el pasado verano y las recientes fiestas navideñas, periodos en los que algunos trabajadores habrían acumulado jornadas de hasta 50 o 60 horas. Esta sobrecarga, afirman, impide prestar la atención adecuada a los usuarios y genera un malestar creciente en las plantillas. También se ha señalado la acumulación de ropa en las instalaciones, mientras algunos residentes carecen de prendas limpias debido a la imposibilidad de cubrir bajas o sustituciones.
Desde el PSOE se reprocha al gobierno provincial la falta de soluciones ante una problemática que consideran prolongada en el tiempo y se reclama una actuación directa para evitar que vuelva a repetirse la escasez de personal. A esta situación se suma, según la formación, el anuncio de la externalización del servicio de lavandería y costurero, una medida que califican como el detonante definitivo del conflicto.
La crítica se extiende al impacto que esta decisión tiene sobre la plantilla, que vive con incertidumbre ante el futuro de sus puestos de trabajo. Los socialistas sostienen que la privatización ya cuenta con dotación económica en las cuentas provinciales, lo que confirma el paso de la intención a la ejecución.
En este contexto, el grupo ha cuestionado la justificación económica de la medida y ha advertido de que el modelo elegido podría incluso incrementar el gasto, al combinar el mantenimiento del personal propio con la contratación de empresas externas. A su juicio, esta línea de actuación evidencia una apuesta por la externalización de servicios frente al empleo público y la gestión directa, una estrategia que, aseguran, pone en riesgo la calidad asistencial y la estabilidad laboral en los centros dependientes de la Diputación.
Abierto el plazo de inscripciones para el V Cross Baza que tendrá lugar el sábado 7 de febrero. Baza volverá a convertirse en punto de encuentro del atletismo provincial con la celebración del V Cross Baza, una cita ya consolidada en el calendario deportivo que tendrá lugar el sábado 7 de febrero. La prueba forma parte del XXIX Circuito Provincial de Campo a Través que impulsa la Diputación de Granada y reunirá en la ciudad a destacados especialistas de esta disciplina en las distintas categorías.
El escenario elegido será, un año más, el entorno de los yacimientos arqueológicos, un marco singular que aporta un atractivo añadido a una competición caracterizada por su exigencia técnica y su cercanía al público. Por este recorrido discurrirán corredores y corredoras procedentes de distintos puntos de la provincia, en una jornada que combina deporte, patrimonio y convivencia.
El Cross Baza se ha ido afianzando edición tras edición como una de las pruebas más reconocidas del circuito, tanto por la calidad de los participantes como por la organización y el trazado. La cita ofrece una oportunidad para que atletas de base, promesas y corredores consolidados compartan protagonismo en un evento que mantiene el espíritu del campo a través tradicional.
Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden formalizarse en el pabellón municipal de deportes, en horario de mañana de 8:00 a 13:00 horas y de tarde de 16:00 a 22:00 horas. El plazo para apuntarse finalizará el martes 3 de febrero a las 13:00 horas, por lo que la organización recomienda no apurar los últimos días para evitar incidencias.
El precio general de inscripción es de 3,5 euros, si bien los atletas empadronados en Baza podrán participar de forma totalmente gratuita, una medida con la que se busca fomentar la práctica deportiva entre la población local y facilitar el acceso a este tipo de competiciones.
Con esta nueva edición, Baza refuerza su apuesta por el deporte al aire libre y por la promoción de eventos que proyectan la ciudad dentro del ámbito provincial, al tiempo que dinamizan su entorno y favorecen la participación ciudadana en una jornada que promete espectáculo y emoción sobre la tierra.
UPA Andalucía destaca que la campaña oleícola vuelve a dejar una fotografía marcada por el contraste entre producción y ventas. Según los datos correspondientes al mes de diciembre, la elaboración de aceite de oliva ha caído de forma significativa respecto al año anterior, mientras que la comercialización mantiene una tendencia al alza que confirma la solidez del consumo.
Las cifras oficiales ponen de relieve que en diciembre se produjo un 30% menos de aceite de oliva que en el mismo mes de 2024, una reducción que no ha impedido que las salidas al mercado sigan creciendo. En concreto, durante diciembre de 2025 se comercializaron 122.000 toneladas, incluidas las importaciones, lo que supone un incremento del 2,5% en comparación con las 119.000 toneladas vendidas en diciembre del año anterior. Este comportamiento refuerza la línea ascendente del primer trimestre de la campaña, en el que se han vendido 350.000 toneladas frente a las 318.000 registradas en el mismo periodo de 2024, un 10% más.
Este desequilibrio entre una producción a la baja y unas ventas en aumento vuelve a situar el foco en los precios en origen. Desde el sector agrario se insiste en la necesidad de alcanzar un escenario de estabilidad que permita a los agricultores del olivar tradicional obtener rentabilidad por encima de los costes de producción, al tiempo que se preserva la fidelidad de los consumidores hacia el aceite de oliva. La lógica del mercado, con menos oferta y mayor demanda, apuntaría a una evolución al alza de las cotizaciones.
Los datos publicados por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) reflejan que en diciembre se produjeron 180.000 toneladas menos que en el mismo mes de 2024, una caída que se traduce en ese descenso del 30%. En el conjunto de la campaña, la reducción productiva se sitúa en torno al 20%, lo que confirma que se trata de una cosecha media, condicionada por un arranque más corto de lo habitual.
En los tres primeros meses de recolección, la producción total en España alcanza las 716.317 toneladas. De esa cantidad, 485.256 toneladas corresponden a Andalucía, mientras que Jaén ha aportado 164.841 toneladas. Solo en el mes de diciembre se produjeron 416.470 toneladas a nivel nacional, una cifra inferior a la del ejercicio anterior y especialmente relevante al tratarse de uno de los meses clave de la campaña.
El comportamiento de la producción alimenta la incertidumbre sobre el cierre definitivo de la campaña. En un escenario optimista, los niveles previstos por las administraciones podrían cumplirse de forma muy ajustada, aunque no se descarta que finalmente se queden por debajo de los aforos iniciales.
En cuanto a las existencias, diciembre se cerró con 550.895 toneladas almacenadas en cooperativas y almazaras, a las que se suman 160.610 toneladas en manos de envasadores, operadores y refinerías, y otras 4.230 toneladas depositadas en los almacenes del Patrimonio Comunal Olivarero. Un volumen que, unido al ritmo de ventas, seguirá siendo determinante en la evolución del mercado en los próximos meses.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Anteproyecto de Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Una norma que entendemos se empezaba a echar en falta ya, ante la aparición de nuevas figuras que la hacen imprescindible, y que sustituye a la vigente desde 1982 y que nace con el objetivo de reforzar la tutela de estos derechos fundamentales en un contexto marcado por la digitalización, las redes sociales y el uso creciente de la inteligencia artificial. El texto se enmarca en el Plan de Acción por la Democracia y supone una actualización profunda del marco legal para adaptarlo a los nuevos riesgos y realidades del entorno tecnológico.
Una de las principales novedades del anteproyecto es la regulación expresa del uso de la imagen y la voz de las personas en el ámbito digital. Por primera vez, la ley considera ilegítima la utilización de estos elementos sin autorización con fines publicitarios o comerciales mediante inteligencia artificial u otras tecnologías similares, como los denominados deepfakes o manipulaciones generadas mediante inteligencia artificial que imitan la apariencia y voz de personas reales, creando contenido falso que parecen realistas. La norma aborda así una práctica en expansión que puede afectar gravemente a la reputación y a la dignidad de las personas.
El texto también aclara que el hecho de compartir imágenes personales en redes sociales no implica que terceros puedan reutilizarlas libremente en otros canales o plataformas. De este modo, se refuerza el control de los ciudadanos sobre su propia imagen y se limita la difusión no consentida de contenidos personales. Junto a ello, el anteproyecto detalla y sistematiza supuestos de intromisión ilegítima ya reconocidos por la legislación vigente y por la jurisprudencia, como la grabación y divulgación de la vida íntima o la difusión de comunicaciones privadas.
La futura ley amplía de manera significativa la protección de colectivos especialmente vulnerables. En el caso de las víctimas de delitos, se considera intromisión ilegítima cualquier utilización del propio delito por parte del autor que pueda causar un daño adicional, una previsión que incide de forma directa en determinados formatos audiovisuales o narrativos basados en hechos criminales reales. En cuanto a los menores, la norma fija en los 16 años la edad a partir de la cual pueden prestar consentimiento para el uso de su imagen, aunque establece que dicho consentimiento no será válido si se menoscaba su dignidad o reputación. Además, se refuerza la intervención del Ministerio Fiscal en los procedimientos en los que la persona afectada sea menor de edad.
Otra novedad destacada es la ampliación de la protección tras el fallecimiento. El anteproyecto contempla que una persona pueda prohibir expresamente, mediante testamento o a través de un representante designado, el uso de su imagen o de su voz con fines comerciales o similares una vez fallecida.
La norma mantiene las excepciones ya previstas en la ley de 1982 y en la doctrina judicial, garantizando la protección de la libertad de expresión e información. Así, no se considerarán intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas por la autoridad competente o la difusión de contenidos de interés general. Asimismo, se introduce una excepción específica para el uso de inteligencia artificial cuando afecte a personas con proyección pública, siempre que se realice en contextos creativos, satíricos o de ficción y se informe de forma clara del empleo de estas tecnologías.
El anteproyecto regula además, por primera vez, los criterios para fijar la indemnización por daño moral. Entre ellos se incluyen la reincidencia, la vulneración de varios derechos fundamentales, la gravedad de las expresiones empleadas o la repercusión social de la intromisión. La indemnización no podrá tener carácter simbólico y, junto a la publicación de la sentencia condenatoria con la misma difusión que tuvo el daño, se incorpora la posibilidad de ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Con ello, la nueva ley aspira a ofrecer una respuesta más eficaz y acorde a los desafíos del mundo digital.
