Por Lola Fernández.
Un protocolo de actuación es el procedimiento a seguir ante situaciones de riesgo, emergencia o acoso; se trata de una herramienta normativa que regula lo que se hace, a la vez que trata de evitar improvisaciones, delimitando la responsabilidad de quienes han de ejecutarlo. Definido así, es fácil entender y visualizar las distintas situaciones ante las que hay que aplicarlo: incendios, inundaciones, accidentes, violencia de género, acoso laboral o sexual o escolar, emergencias sanitarias, etcétera. En estos últimos años, por desgracia, nos ha tocado padecer graves vivencias necesitadas de estos planes de acción que han proporcionado las directrices a seguir para evitar generalizadas nefastas consecuencias. Se me vienen a la cabeza, así por encima y quedándome con casos recientes, la pandemia, la erupción volcánica activa durante 85 días en La Palma, la DANA, los grandes incendios forestales del norte de España en verano, el accidente ferroviario en Adamuz, las borrascas que actualmente azotan el país, especialmente Andalucía… Podemos tener la tranquilidad de que existen estas hojas de ruta normativas para atajar las consecuencias con respuestas eficientes, y, sin embargo, conociendo la realidad, cuántas veces no se ha hecho lo que había que hacer, y sin responsabilidad alguna para con las personas que incumplieron los pasos a dar. Es también bastante desesperante que por políticas partidistas se hayan cometido incoherentes denuncias de, por ejemplo, un confinamiento que sólo buscó, lográndolo, salvar vidas en la COVID-19, causante de más de 7 millones de muertes confirmadas a nivel mundial, que se dice pronto; o, por apuntar otro dato de la pandemia, esos protocolos de la vergüenza en la Comunidad de Madrid: documentos con criterios de exclusión que prohibían el traslado a hospitales de ancianos de residencias geriátricas si presentaban cierto grado de dependencia funcional o deterioro cognitivo, independientemente de la gravedad del COVID-19. Como consecuencia, unas 7291 personas mayores murieron en las residencias madrileñas sin recibir atención hospitalaria, y en condiciones indignas, como denuncian sus familiares, sin que hasta ahora nadie responda por ello, ni política ni judicialmente.
Hay que señalar que un protocolo de actuación no implica que los que han de activarlo actúen correctamente y con la celeridad precisa; no tengo más que recordar cómo en la DANA, que provocó sólo en Valencia 230 víctimas, el máximo responsable se pasó toda la tarde de picos pardos en el reservado de un restaurante, sin preocuparse siquiera de ordenar mandar masivamente una alerta a los móviles ante un evento meteorológico extremo, del que estaba previamente más que avisado; todos sabemos que cuando finalmente se hizo, la inmensa mayoría de los alertados ya estaban muertos. Y ese político continúa aforado, cobrando una pasta gansa y con una serie de privilegios que dan vergüenza ajena, porque propia es impensable ante la catadura moral de semejante personaje. Algo tan incomprensible como el hecho de que en el funeral por las víctimas de Adamuz estuviera presente un cura pederasta, acusado por abusar sexualmente de dos menores en Alicante, y supuestamente apartado de cualquier responsabilidad pastoral, lo que no impidió que acudiera al homenaje ofrecido a los fallecidos. Vamos a ver, si los abusos sexuales en la Iglesia católica, o la dejación de funciones políticas con el resultado de cientos de muertes, no tienen consecuencias, ni siquiera aparentes, cómo pretender que la ciudadanía no se sienta asqueada y muestre signos de desapego hacia la política y la religión, tales como escepticismo, desinterés o poca participación activa cuando llega el momento; lo raro sería, precisamente, lo contrario.
