El Tribunal de Cuentas abre una investigación sobre el alcalde de Baza y tres ediles con dedicación exclusiva, tras apuntar el PSOE a un posible uso indebido de fondos públicos. La actuación del órgano fiscalizador se produce después de que los socialistas pusieran en conocimiento posibles irregularidades relacionadas con el cobro de retribuciones municipales por parte de cuatro ediles del PP mientras, supuestamente, mantenían actividades privadas sin contar con la preceptiva autorización de compatibilidad por parte del Pleno municipal. Según la denuncia, esta circunstancia podría vulnerar la normativa vigente, que limita el desarrollo de otras actividades cuando se ostenta un cargo público con dedicación exclusiva, salvo en casos considerados marginales o previamente autorizados.
Los concejales señalados, además del propio alcalde, son Ramón López, José Gabriel López y Rafael Azor. De acuerdo con la documentación presentada, estos ediles habrían continuado desarrollando labores vinculadas a la gestión empresarial, actividades agrícolas, inmobiliarias o incluso la explotación de una administración de lotería, generando ingresos que, según los denunciantes, no pueden considerarse residuales.
La denuncia sostiene que la falta de un acuerdo plenario que autorice expresamente la compatibilidad de estas actividades “vicia de nulidad” los pagos realizados en concepto de salarios y cotizaciones sociales, lo que podría suponer un perjuicio económico para las arcas municipales. En este sentido, el Grupo Socialista estima que el montante total de las cantidades presuntamente percibidas de forma indebida podría alcanzar los 365.000 euros, por lo que solicita al Tribunal de Cuentas que, en su caso, reclame el reintegro de dichos fondos.
El procedimiento ha sido admitido a trámite y se ha abierto la correspondiente pieza de acción pública para investigar los hechos. Además, el pasado 23 de febrero el Tribunal dio traslado de la documentación al Ayuntamiento bastetano para que pudiera formular alegaciones o pronunciarse sobre el nombramiento de un delegado instructor encargado del caso. Sin embargo, según los denunciantes, el Consistorio no habría respondido dentro del plazo establecido.
Otro de los aspectos destacados en la denuncia es la posible existencia de un conflicto de intereses en el caso de uno de los concejales, cuya empresa mantiene un litigio judicial contra el propio Ayuntamiento por un convenio urbanístico. Para los socialistas, esta situación podría comprometer la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones públicas.
Desde el PSOE se asegura que han intentado abordar esta cuestión en el ámbito municipal en reiteradas ocasiones, mediante preguntas en pleno realizadas en varias sesiones y solicitudes de informes a los órganos técnicos, sin obtener, a su juicio, respuestas satisfactorias. Esta falta de aclaraciones ha motivado finalmente la decisión de acudir al Tribunal de Cuentas.
Por su parte, el alcalde Pedro J. Ramos ha restado importancia a la denuncia y ha asegurado que el Ayuntamiento no ha recibido oficialmente ningún requerimiento del órgano fiscalizador. En este sentido, ha calificado la situación como una “judicialización” de la vida política municipal y ha defendido la actuación del equipo de gobierno, señalando que no existen reparos por parte de la intervención municipal en el pago de las nóminas. Asimismo, ha indicado que en su caso personal cesó su actividad como autónomo al asumir la alcaldía y que su empresa permanece inactiva.
Será ahora el Tribunal de Cuentas el encargado de determinar si existe o no responsabilidad contable en estos hechos y, en su caso, continuar con el procedimiento hasta una posible fase de enjuiciamiento.
“El equipo de gobierno denuncia una nueva campaña de manipulación del PSOE, al tiempo que defiende la legalidad de todas sus actuaciones y la profesionalidad de los funcionarios del Ayuntamiento de Baza”. Así se titula el comunicado emitido desde esta instancia, el cual reproducimos en su integridad, para ponerlo a disposición de nuestros lectores:
«El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Baza quiere responder con firmeza a la nueva ofensiva del PSOE bastetano, basada una vez más en la tergiversación de los hechos, la búsqueda del titular fácil y el intento deliberado de generar desconfianza en la ciudadanía atacando de manera injustificada, cruel y sin ningún tipo de argumento el buen nombre y la legalidad del Ayuntamiento de Baza.
Una vez más, el PSOE vuelve a poner en entredicho a este equipo de gobierno a cualquier precio, en este caso a costa de la profesionalidad de los funcionarios municipales, ni más ni menos que Secretaría, Intervención y Tesorería, en lo que podría considerarse como un acoso político peligroso para el libre y democrático funcionamiento de la institución que representa a todos los bastetanos. Desde el equipo de gobierno decimos alto y claro: “Basta ya”, ante lo que considera una coacción intolerable e injusta.
Lo primero que hay que dejar claro es que todas las dedicaciones, retribuciones y partidas presupuestarias fueron aprobadas en pleno, con todos los expedientes completos, la documentación acreditativa de la situación de cada concejal y con total transparencia. Los acuerdos de pleno son legales, públicos y perfectamente documentados.
Del mismo modo, no existe ninguna resolución del pleno que haya declarado incompatibles o ilegales dichas dedicaciones. Esa es la realidad, por mucho que el PSOE intente construir un relato alternativo que no se sostiene en ningún acuerdo formal ni en ningún hecho cierto. Pero lo más grave es que, en su afán por fabricar un titular, el PSOE incluye al alcalde en acusaciones que sabe perfectamente que son falsas. El alcalde no es que no desarrolle actividad privada incompatible con su cargo, es que abandonó toda actividad para dedicarse íntegramente al esfuerzo y dedicación que supone la alcaldía, y aun así lo introducen en el relato para amplificar el impacto mediático. Eso no es hacer oposición política.
A esto se suma un hecho especialmente preocupante: la reiterada estrategia del PSOE de poner en duda el trabajo de los funcionarios municipales. Todas y cada una de las decisiones adoptadas por este equipo de gobierno cuentan con informes técnicos favorables y con el respaldo de los habilitados nacionales del Ayuntamiento. Cuestionar sistemáticamente la legalidad de estas decisiones no es atacar al equipo de gobierno, es atacar directamente la profesionalidad, la independencia y el rigor de los empleados públicos, una vez más.
Porque no es la primera vez que el PSOE actúa así. Lo ha hecho con la gestión de servicios municipales, lo hace ahora con las retribuciones, y lo seguirá haciendo mientras su estrategia política se base en el ruido y no en la responsabilidad. Pero conviene que los vecinos de Baza lo tengan claro: se trata de propaganda, insinuaciones y desinformación.
Una de las virtudes que tiene este equipo de gobierno es que no tiene nada que ocultar. Ha actuado siempre conforme a la ley, con transparencia, y seguirá haciéndolo, pese a quien pese. Los funcionarios siempre han garantizado la legalidad absoluta en todos esos procesos, sin embargo, nunca una oposición ha sido tan desleal como la de esta legislatura.
Ante actuaciones tan graves, entendemos que con el visto bueno no solo de la ejecutiva local del PSOE, con Manuel Gavilán al frente, sino de la provincial, con Pedro Fernández Peñalver, consideramos que es un insulto constante y despiadado al trabajo del equipo de gobierno, caiga quien caiga, en este caso poniendo en duda a ni más ni menos que Secretaría, Intervención y Tesorería del Ayuntamiento de Baza.
Por último, reiteramos nuestra absoluta disposición a colaborar con cualquier requerimiento que pueda realizar cualquier órgano fiscalizador, con la tranquilidad de quien sabe que ha actuado correctamente. En este sentido, queremos desmentir públicamente que el Ayuntamiento de Baza haya recibido a día de hoy ningún requerimiento por parte del Tribunal de Cuentas para expresar su parecer ante esta denuncia, tal y como indica el PSOE en una nota de prensa. Una falsedad más de las muchas que rodean a este caso».
“El Tribunal de Cuentas investiga al alcalde de Baza (PP) y a tres concejales por el presunto cobro indebido de dinero público, comunicado del PSOE sobre este mismo asunto”. Un asunto en el que “los socialistas censuran la ‘inacción’ del PP y asegura que ‘la falta de colaboración no se corresponde con la obligación de transparencia que debe regir cualquier administración pública”, conforme se expone en la reproducción que incluimos a continuación:
«El Tribunal de Cuentas investiga por responsabilidad contable al alcalde de Baza, Pedro Justo Ramos (PP), y a tres concejales de su equipo de gobierno –Ramón López, José Gabriel López y Rafael Azor- por el presunto cobro indebido de dinero público mientras ejercían actividades privadas incompatibles con sus cargos públicos.
Según argumenta la denuncia del PSOE de Baza, estos responsables públicos están cobrando sus sueldos como concejales con dedicación exclusiva o parcial desde junio de 2023 a la vez que gestionaban sus empresas y negocios privados, a pesar de que la establece que un cargo público con dedicación exclusiva no puede desarrollar en paralelo otras actividades, salvo que sean ‘marginales’ o estén autorizadas por el pleno.
A pesar de ser incompatible estas dos circunstancias, los concejales denunciados siguen desarrollando trabajos como la gerencia de una consultora tecnológica, la explotación de una administración de lotería o la administración de una inmobiliaria, según consta en la denuncia que, además, señala que la empresa de Rafael Azor ha mantenido un litigio contra el Ayuntamiento de Baza por un convenio urbanístico.
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas notificó al Ayuntamiento bastetano, el pasado 23 de febrero, la denuncia para que, como entidad perjudicada, pudiera personarse y defender los intereses generales. Se da la circunstancia de que ya ha pasado el plazo estipulado y el Consistorio no ha presentado ninguna alegación.
- Valoración PSOE
El Grupo Municipal Socialista ha calificado estos posibles incumplimientos de la normativa en materia de incompatibilidades por parte de miembros del equipo de gobierno como “muy graves” y ha censurado la “inacción del PP a pesar de que hemos formulado cinco preguntas en pleno, hemos registrado cuatro solicitudes de informe dirigidas a la Intervención y a la Secretaría y hemos realizado distintas intervenciones públicas para alertar de una situación que el alcalde no ha esclarecido”.
Ante la falta de respuesta y la negativa del equipo de gobierno a ofrecer explicaciones claras, el PSOE ha acudido al Tribunal de Cuentas, como máximo órgano fiscalizador de las cuentas públicas, para que investigue los hechos y determine si ha existido un uso indebido de recursos públicos.
Tras admitir a trámite la denuncia y requerir al Ayuntamiento de Baza que se pronuncie sobre los aspectos señalados, es especialmente preocupante que, el Consistorio no haya dado respuesta a dicho requerimiento. “Esto evidencia una actitud de falta de colaboración que no se corresponde con la obligación de transparencia que debe regir cualquier administración pública”, han considerado.
Para los socialistas este silencio es “difícilmente justificable, pues si no existiera irregularidad alguna, lo razonable sería ofrecer explicaciones públicas y acreditar que las actuaciones están siendo correctas. La opacidad, en cambio, solo contribuye a generar dudas sobre el uso del dinero público y a deteriorar la confianza de la ciudadanía sus dirigentes”.
Por su parte, la secretaria de Política Municipal del PSOE de Granada, Mª José Sánchez, ha afeado al alcalde del PP que “como máximo responsable no actúe con diligencia para esclarecer los hechos denunciados. La ciudadanía tiene derecho a saber si se está haciendo un posible uso indebido del dinero público”.
“Estamos ante una forma de gobernar basada en el silencio y la falta de explicaciones, impropia de quien tiene la responsabilidad de gestionar y controlar el dinero público”, ha afirmado la socialista, que ha insistido en que “el alcalde debe dar explicaciones inmediatas porque la ciudadanía así lo merece”».
“El PSOE e Baza desmonta las afirmaciones del Equipo de Gobierno y pide transparencia con el Tribunal de Cuentas”. Titular este del segundo comunicado que recibíamos desde el Grupo Municipal del PSOE de Baza, al que se adjunta también documentación relativa a los argumentos expuestos y que, por nuestra parte, ponemos también a disposición de nuestros lectores:
«Ante las afirmaciones realizadas por el equipo de gobierno, como viene siendo habitual a través de canales institucionales y pese a saber que no son ciertas, queremos hacer las siguientes aclaraciones, que también hemos remitido al gabinete de prensa del Ayuntamiento para su publicación.
Nuestra intención es sencilla: explicar los hechos de forma clara para que cualquier vecino o vecina pueda entender qué está ocurriendo.
- Sobre el debate en Pleno:
Conviene aclarar que la inclusión de puntos en el orden del día corresponde exclusivamente al alcalde. La propuesta sobre compatibilidades no se llegó ni a debatir ni a votar, en el pleno de junio de 2025, ya que se decidió dejar sobre la mesa para la siguiente sesión y nunca más se supo. Por tanto, no se puede hablar de decisiones adoptadas sobre este asunto.
- Sobre nuestro respeto a los funcionarios:
Los informes técnicos han sido elaborados por funcionarios que interpretan la normativa en el ejercicio de su trabajo. Desde el PSOE mantenemos un respeto absoluto hacia su labor.
En todo caso consideramos un insulto y un gesto de manipulación torticera por parte del alcalde que se nos acuse de ejercer un “acoso político peligroso” para el libre y democrático funcionamiento de la institución”. Esa afirmación es inaceptable y supone una falta de respeto al trabajo legítimo de la oposición.
- Sobre la cuestión clave: la compatibilidad:
El equipo de gobierno afirma que todo es legal y transparente porque se aprobaron en pleno las dedicaciones, sueldos y partidas presupuestarias.
Eso es obvio, pero no es el problema.
Faltaría más que así fuera. Pero conviene aclarar que lo aprobado en pleno fueron las dedicaciones —qué va a hacer cada concejal o concejala—, las retribuciones —qué va a cobrar— y las partidas presupuestarias —si existe consignación para afrontar esos pagos—. Sin embargo, se omite lo principal: la compatibilidad, que es precisamente el asunto de fondo. Es decir, si teniendo una dedicación exclusiva se puede cobrar simultáneamente de dos sitios: de actividades privadas y de un sueldo fijo del ayuntamiento.
Decir que “no existe ninguna resolución del pleno que haya declarado incompatibles o ilegales dichas dedicaciones” es como decir que si nadie me ha prohibido conducir un coche, puedo hacerlo sin carnet. Absurdo.
- Sobre las alegaciones y el procedimiento judicial:
No vamos a entrar en discusiones, sin embargo, no podemos callar. Existe un auto judicial remitido el 23 de febrero al representante del Ayuntamiento (es decir, al alcalde), al demandante y al Ministerio Fiscal en el que se acuerda expresamente:
Adjuntamos el documento para que todo el mundo pueda leerlo y comprobar por sí mismo quién está faltando a la verdad.
Es evidente, que el Tribunal de Cuentas ha admitido la demanda presentada por el PSOE e iniciado el procedimiento. No vamos a adelantar acontecimientos, pero repetiremos hasta la saciedad que esta medida se ha tomado después de numerosas peticiones en pleno, solicitudes por escrito para que se sigan los procedimientos recogidos en la ley, intervenciones públicas en el mismo sentido…
Ante todo esto lo único que hemos encontrado ha sido el silencio por respuesta y ahora el insulto, mal vamos…y, sinceramente, ojalá no estuviéramos aquí otra vez pidiendo explicaciones sobre lo mismo.
Desde el PSOE lo tenemos claro:
- Defendemos la transparencia real, no solo formal.
- Exigimos que se cumpla la ley en todos los casos.
- Y creemos que la política debe basarse en el respeto, no en el insulto.
Lo que preocupa no es el debate político —eso es sano, incluso necesario—, sino el silencio cuando toca responder. La mejor defensa no es un buen ataque, la mejor defensa es responder con la verdad y lealtad a la institución que representa el equipo de gobierno y que representamos todos los concejales y concejalas».
Satisfacción en las Comunidades de Regantes, tras su visita a Madrid y optimismo moderado al disponer de un calendario de actuaciones y logros que permitan regar 7.500 hectáreas. Los representantes de varias comunidades de regantes de la comarca de Baza comparecían en la mañana de ayer, tras su reciente viaje a Madrid, para explicar los avances logrados en las negociaciones con el Gobierno central sobre el futuro de los regadíos en la zona, destacando la obtención de compromisos “reales” y la puesta en marcha de una hoja de ruta que consideran clave para el desarrollo agrícola y económico del territorio.
En la comparecencia han participado los presidentes de las comunidades de regantes implicadas: José Antonio Azor, de Siete Fuentes-Negratín; Simón Maestra Pérez, de Fuente de San Juan; Cándido Montes, de Llanos de Zabroja; David Fernández, de Santo Ángel; y José Valero, de Los Llanos de Caniles. Todos ellos han coincidido en subrayar la importancia de la reunión mantenida en la capital, celebrada el pasado día 23 tras varios aplazamientos, y que llega después de más de un año de gestiones y contactos.
Según han explicado los presidentes de las Comunidades de Regantes citadas, uno de los principales logros del encuentro ha sido el compromiso de las administraciones para impulsar un plan de transformación que permita integrar las distintas realidades hídricas de la comarca, desde los regadíos tradicionales hasta los nuevos desarrollos, pasando por el uso de aguas subterráneas y su sustitución progresiva por recursos superficiales. Este plan permitiría poner en riego unas 7.500 hectáreas, consideradas fundamentales para el futuro del sector agrícola.
Los representantes han incidido en la necesidad urgente de recuperar el acuífero de la zona, actualmente sobreexplotado, y han señalado que la llegada de aguas superficiales será clave tanto para el abastecimiento como para garantizar la sostenibilidad de los cultivos. En este sentido, han advertido de que la situación actual compromete no solo el crecimiento, sino la propia continuidad de la actividad agrícola en la comarca.
Durante la reunión en Madrid, en la que participaron responsables del Ministerio de Agricultura y del Ministerio para la Transición Ecológica, así como representantes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se acordó que será la Administración central la que asuma la redacción de los proyectos técnicos. Aunque los regantes defendieron su capacidad para elaborarlos con mayor rapidez, finalmente se impuso el criterio ministerial, lo que podría alargar los plazos, aunque garantiza la viabilidad administrativa del proceso.
Entre los avances concretos, se ha planteado que las infraestructuras en baja —las redes de distribución— puedan financiarse al cien por cien con fondos públicos, mientras que las infraestructuras en alta —las grandes conducciones— se ejecutarían a través de financiación a largo plazo mediante sociedades estatales. Asimismo, se ha designado como coordinadora del proceso a la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que actuará como enlace entre las comunidades de regantes y los ministerios implicados.
Uno de los aspectos más valorados por los comparecientes ha sido el alto nivel institucional de la reunión, con la presencia de responsables clave de distintas administraciones, entre las que se destacó el trabajo previo del delegado del Gobierno, Pedro Fernández con Isabel Bombal, algo que, a su juicio, refleja la importancia que el proyecto ha adquirido a nivel nacional. También han destacado el reconocimiento al trabajo previo realizado por las comunidades de regantes y el respaldo explícito recibido.
En cuanto al calendario, los regantes han señalado varias fechas clave. A comienzos de abril esperan recibir un cronograma detallado con las actuaciones previstas. Además, se ha fijado el mes de mayo como punto de partida para la creación de una comisión técnica y el impulso de los procedimientos necesarios, incluyendo la posible aprobación de un decreto para licitar la redacción de los proyectos. El objetivo es que el plan de transformación esté publicado en el Boletín Oficial del Estado entre septiembre y octubre.
Pese a la cautela, los representantes han mostrado un moderado optimismo y han insistido en que, por primera vez, perciben un compromiso firme por parte de las administraciones. No obstante, han subrayado que seguirán vigilantes para que se cumplan los plazos y se materialicen los acuerdos, conscientes de que el futuro de la comarca depende en gran medida de la ejecución de este proyecto.
Arranca la sexta edición del programa ‘Puentes’ del que se beneficiarán municipios como Baza, Caniles, Zújar, Freila o Huéscar y las Mancomunidades de Baza y Huéscar. La Diputación de Granada y la Universidad de Granada han puesto en marcha la sexta edición del programa ‘Puentes’ (Prácticas Universitarias en Territorios Sostenibles), una iniciativa que continúa consolidándose como herramienta clave para combatir la despoblación en la provincia y fomentar el desarrollo equilibrado del territorio. En esta nueva convocatoria, un total de 35 estudiantes universitarios desarrollarán proyectos estratégicos en distintas comarcas hasta el próximo 31 de julio.
Desde su creación en 2021, el programa ha alcanzado ya los 191 proyectos ejecutados, reforzando en cada edición la implicación de las entidades locales. Como principal novedad, este año se incrementa la participación directa de ayuntamientos, que pasan de tres a cuatro dentro de las 35 entidades colaboradoras, entre las que se encuentran mancomunidades y asociaciones de desarrollo de toda la provincia.
El programa tiene una especial incidencia en el norte granadino, con la participación activa de territorios como la Comarca de Baza, la Comarca de Huéscar y la Comarca de Guadix, a través de sus respectivas mancomunidades. En este ámbito, los proyectos beneficiarán a municipios como Baza, Caniles, Zújar, Freila o Huéscar, entre otros, donde se desarrollarán iniciativas vinculadas a las Agendas Urbanas y Rurales.
El diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, ha destacado durante la presentación que ‘Puentes’ se ha convertido en “una política pública consolidada” que permite a los jóvenes aportar su talento al territorio mientras las administraciones generan oportunidades reales en los municipios. En la misma línea, el vicerrector de Innovación Social de la UGR, Esteban Romero, ha subrayado el carácter ejemplar del programa, que ya se está planteando como modelo exportable a otras regiones.
Los proyectos que se desarrollarán abarcan hasta 17 sectores estratégicos, incluyendo ámbitos como la vivienda, la movilidad sostenible, el patrimonio, los cuidados o el emprendimiento. El objetivo es dar respuesta a los principales retos de los municipios, especialmente aquellos relacionados con el envejecimiento poblacional y la pérdida de habitantes.
El programa está dirigido a jóvenes menores de 30 años, que realizarán un itinerario formativo de 600 horas combinando formación especializada, orientación profesional y prácticas en el territorio. Cada participante contará con una beca mensual de 500 euros, además de ayudas para el desplazamiento, y estará acompañado por mentores profesionales y consultoras especializadas.
Uno de los pilares fundamentales de ‘Puentes’ es la colaboración institucional. La Diputación de Granada lidera y financia la iniciativa, mientras que la Universidad de Granada se encarga de la selección del alumnado a través de su plataforma ICARO. Por su parte, el Consejo Social aporta mentores que guían a los estudiantes, y las entidades locales definen los proyectos y acogen a los participantes.
Con esta nueva edición, ‘Puentes’ refuerza su papel como instrumento para fijar población en zonas rurales, especialmente en comarcas del norte de la provincia, donde iniciativas como esta resultan clave para generar oportunidades, dinamizar la economía local y garantizar un futuro sostenible para municipios como Baza y su entorno.
La Semana Santa de Baza vuelve a tener su inicio previo, este viernes, con el XV Vía Crucis del Colegio de la Presentación FESD. El próximo viernes 27 de marzo, el Colegio de la Presentación FESD celebrará la decimoquinta edición de su tradicional Vía Crucis, una cita ya consolidada en el calendario previo a la Semana Santa de Baza.
Esta actividad, que combina el carácter educativo, cultural y religioso, volverá a recorrer diversas calles de la ciudad, reflejando el trabajo formativo que el centro desarrolla cada año con su alumnado, con el objetivo de promover los valores cristianos y las tradiciones propias de la comunidad andaluza.
El origen de este Vía Crucis se remonta al curso 2010-2011, cuando surgió como una iniciativa del profesorado y se celebró por primera vez en el patio del colegio. La positiva acogida por parte de alumnos y familias impulsó su crecimiento progresivo, incorporando con el paso del tiempo nuevas aportaciones y colaboraciones voluntarias que han enriquecido tanto su desarrollo como su recorrido.
A lo largo de estos catorce años, el Colegio ha recibido numerosas muestras de apoyo y reconocimiento por parte de instituciones civiles y religiosas, así como de particulares, que han contribuido de forma desinteresada a consolidar esta actividad. De hecho, el Vía Crucis de la Presentación FESD ha sido mencionado en diversas ocasiones en pregones de cofradías locales, lo que refuerza su relevancia dentro de la antesala de la Semana Santa bastetana.
La jornada dará comienzo a las 10:15 horas con el rezo del Vía Crucis en el propio centro educativo. Posteriormente, a las 11:30 horas, tendrá lugar la salida procesional desde la calle Monjas. El itinerario continuará por calle Dolores (12:00 horas), Plaza Mayor (12:20 horas) y regresará al colegio por calle Zapatería. Desde la organización se recomiendan como puntos destacados la salida y entrada en la Iglesia de la Presentación, la tribuna y el encuentro en la Plaza Mayor.
El Colegio de la Presentación FESD abre esta actividad a toda la ciudadanía, invitando a familias, centros educativos, instituciones y vecinos a participar en este acto que, además de su dimensión religiosa, constituye una herramienta educativa para fomentar el respeto, la convivencia y la libertad personal, valores fundamentales en una sociedad democrática.
Con esta iniciativa, el centro reafirma su compromiso con la formación integral del alumnado y con la promoción de las tradiciones culturales y religiosas que forman parte del patrimonio de la ciudad.
El Defensor del Pueblo Andaluz reprocha a la Junta que sean ya cinco meses sin respuestas sobre la crisis de los cribados. El Defensor del Pueblo Andaluz ha criticado la falta de información por parte de la Junta de Andalucía en relación con la crisis del programa de cribado de cáncer de mama, tras asegurar que lleva hasta cinco meses esperando una respuesta completa y satisfactoria por parte del Ejecutivo autonómico.
Durante la presentación del Informe Anual de 2025, el defensor en funciones, Jesús Maeztu, ha lamentado públicamente el retraso en la contestación a los requerimientos realizados desde la institución, que abrió una investigación de oficio hace cinco meses ante las incidencias detectadas en el sistema. Según explicó, la primera solicitud de información se realizó en noviembre y fue reiterada en diciembre, sin que hasta el momento se haya recibido una respuesta suficiente.
Maeztu subrayó que los datos aportados por la administración autonómica han sido “claramente insuficientes”, lo que ha impedido ofrecer una explicación adecuada a la ciudadanía sobre lo ocurrido. “Todavía sigo esperando”, afirmó, insistiendo en que se ha solicitado una contestación “urgente y preferente” dada la gravedad del caso.
La crisis afecta a un total de 2.317 mujeres que participaron en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama en Andalucía, quienes se vieron perjudicadas por fallos en la comunicación de los resultados de sus pruebas. El informe remitido por la Viceconsejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud reconoce la existencia de una “incidencia comunicativa”, aunque sostiene que no hubo errores clínicos ni merma en la calidad asistencial.
Sin embargo, desde la defensoría se considera que esta explicación es parcial e insuficiente, ya que el problema no radica únicamente en la forma de comunicar los resultados, sino en la falta de comunicación en sí misma en algunos casos. “El problema real no es de forma sino de fondo”, apuntó Maeztu, aludiendo a la ausencia de información directa a las pacientes sobre resultados inciertos, pruebas adicionales o derivaciones hospitalarias.
Además, el organismo ha detectado lagunas importantes en la información facilitada por la Junta, especialmente en aspectos clave como la carga asistencial de los servicios de Radiodiagnóstico, la dotación de personal o el volumen de pacientes en lista de espera. Tampoco se han aportado criterios claros sobre la evaluación del programa ni sobre la viabilidad del sistema, cuestiones que la defensoría considera esenciales para esclarecer lo sucedido.
Ante esta situación, el Defensor del Pueblo Andaluz ha solicitado un informe complementario que aborde en profundidad tres aspectos fundamentales: el derecho a la información sanitaria de las pacientes, la respuesta asistencial y el cumplimiento de los plazos clínicos, así como la evaluación global del programa de cribado.
Por otro lado, Maeztu también aprovechó su intervención para expresar su deseo de jubilarse y pidió a los grupos políticos que inicien negociaciones para la renovación del cargo, actualmente en funciones. Mientras tanto, insistió en que la institución seguirá trabajando para garantizar los derechos de la ciudadanía y esclarecer una situación que calificó de “muy grave”.
El Gobierno amplía la cobertura sanitaria para los españoles residentes en el exterior durante sus desplazamientos temporales a España. El Gobierno ha aprobado una ampliación significativa de la cobertura sanitaria para los españoles residentes en el extranjero durante sus estancias temporales en España, una medida que responde a una demanda histórica de este colectivo. La iniciativa se recoge en el Real Decreto 180/2026, que introduce modificaciones en la normativa vigente para garantizar una mayor protección en materia de salud.
Hasta ahora, el acceso a la asistencia sanitaria pública en España durante desplazamientos temporales estaba limitado principalmente a trabajadores y pensionistas residentes en el exterior. Sin embargo, con la nueva regulación, este derecho se extiende a todos los españoles de origen que viven fuera del país, independientemente de su situación laboral o de si perciben prestaciones. Además, la medida incluye también a sus familiares acompañantes, ampliando así el alcance de la cobertura.
La reforma modifica el artículo 26 del Real Decreto 8/2008 y establece que podrán beneficiarse de esta asistencia sanitaria aquellos españoles residentes en el extranjero que no dispongan de cobertura exportable desde su país de residencia, ya sea conforme a la normativa española, comunitaria o internacional. De este modo, se garantiza la atención médica a quienes, por distintas circunstancias, carecen de protección sanitaria durante sus visitas a España.
Entre los aspectos más relevantes de la norma destaca la inclusión de los familiares del titular del derecho. Se consideran beneficiarios el cónyuge o pareja de hecho, así como los descendientes —tanto del titular como de su pareja— menores de 26 años o mayores que cuenten con una discapacidad igual o superior al 65%. Esta ampliación busca dar respuesta a situaciones frecuentes de desplazamientos familiares o retornos temporales.
En cuanto a la duración de la cobertura, la asistencia sanitaria estará vinculada al tiempo de estancia declarado en España, con un máximo inicial de tres meses. Este periodo podrá prorrogarse una única vez por otros tres meses adicionales, sin que en ningún caso se superen los seis meses de cobertura en un mismo año. El cómputo se realizará desde la fecha de reconocimiento del derecho.
El procedimiento para acceder a esta prestación será gestionado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que dispondrá de un plazo máximo de tres meses para resolver las solicitudes. En caso de que no haya una respuesta expresa dentro de ese periodo, la solicitud se considerará aprobada por silencio administrativo positivo, de acuerdo con lo establecido en la normativa administrativa vigente.
Con esta medida, el Ejecutivo refuerza los principios de universalidad, cohesión y equidad del sistema sanitario público, garantizando que los españoles residentes en el exterior —incluidos aquellos en situación de desempleo o sin cobertura sanitaria en sus países de residencia— puedan acceder a la atención médica durante sus visitas a España.
La aprobación de este real decreto supone, en definitiva, un avance en la protección de los derechos sociales de la ciudadanía española en el extranjero, al tiempo que adapta el sistema a una realidad cada vez más global y móvil.
Aprobadas las nuevas Directrices Básicas de Planificación frente a inundaciones, incendios forestales, fenómenos meteorológicos adversos y accidentes de mercancías peligrosas. El Consejo Nacional de Protección Civil ha dado un paso clave en la mejora de la seguridad y la gestión de emergencias en España al aprobar por unanimidad las nuevas Directrices Básicas de Planificación frente a distintos riesgos, entre ellos inundaciones, incendios forestales, fenómenos meteorológicos adversos y accidentes en el transporte de mercancías peligrosas. La decisión se adoptó en una reunión plenaria celebrada en el Senado y presidida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con la participación de representantes de todas las administraciones públicas implicadas en el sistema de protección civil.
El acuerdo ha contado con un amplio respaldo institucional, ya que en el Consejo están representados los 23 ministerios del Gobierno, las 17 comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla y la Federación Española de Municipios y Provincias. Este consenso es el resultado de más de un año de trabajo coordinado entre la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y los distintos organismos autonómicos, con reuniones periódicas en las que se han ido definiendo los contenidos de estas directrices.
Durante el encuentro, el ministro del Interior destacó el valor del entendimiento entre administraciones, subrayando que este acuerdo permitirá reforzar la seguridad de la ciudadanía en todo el territorio nacional. En la misma línea, la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, puso en valor la colaboración institucional como base para lograr un sistema más eficaz y orientado al bien común.
Estas directrices establecen los criterios mínimos que deberán seguir las distintas administraciones al elaborar sus planes de protección civil. Su objetivo principal es garantizar una respuesta coordinada y eficaz ante emergencias, facilitando la integración de los distintos niveles administrativos —estatal, autonómico y local—. Así, cada comunidad autónoma desarrollará sus propios planes adaptados a su territorio, que a su vez servirán de marco para que los municipios elaboren sus planes locales, especialmente en aquellas zonas consideradas de mayor riesgo.
Entre las principales mejoras que introducen estas directrices destaca la homogeneización de los planes en todo el país, lo que permitirá una mejor coordinación entre territorios y organismos. También se establecen procedimientos comunes de información y alerta a la población, así como protocolos de actuación compartidos entre los servicios de emergencia. Además, se normalizan conceptos y definiciones, lo que facilitará la comunicación y la toma de decisiones en situaciones críticas.
Otro aspecto relevante es la incorporación de sistemas de alerta temprana más avanzados, como el uso del sistema ES-Alert y otras redes nacionales de información, que permitirán anticipar riesgos con mayor rapidez. Asimismo, se refuerzan los mecanismos de comunicación y los procedimientos para solicitar apoyo entre administraciones, lo que resulta fundamental en emergencias que pueden afectar a varias comunidades al mismo tiempo.
Las nuevas directrices también ponen el foco en la protección de las personas más vulnerables, incorporando criterios de accesibilidad y diseño universal en la planificación de las emergencias. Además, promueven decisiones basadas en evidencia científica, mediante el apoyo de comités de expertos que contribuirán a mejorar la gestión de los riesgos.
Este avance responde a un contexto marcado por el cambio climático, que está provocando un aumento de fenómenos extremos como olas de calor, lluvias torrenciales o grandes incendios forestales. En este sentido, las nuevas directrices buscan adaptar el sistema de protección civil a una realidad cada vez más compleja, reforzando la capacidad de anticipación, prevención y respuesta ante situaciones de alto impacto.
Tras su aprobación en el Consejo Nacional de Protección Civil, el siguiente paso será su ratificación por el Consejo de Ministros. Paralelamente, ya se trabaja en un nuevo paquete de directrices que abordará otros riesgos, como los terremotos, maremotos, riesgos químicos, radiológicos o biológicos, con el objetivo de seguir modernizando y fortaleciendo el sistema nacional de protección civil en España.
