Las cifras del paro en Baza hacen buena la mejora del pasado mes e incluso la superan con otros 16 parados menos. El final del mes de mayo destaca porque se repiten modelos anteriores de anualidades pasadas que, además, mejoran y producen una cierta estabilidad en las cifras anteriores a la que se añade un pequeño matiz de descontar otros 16 parados más que en el mes anterior. Así, se mejoran los 1.236 desempleados de hace un mes ya que, al terminar el mes de mayo, pasaron a ser 1.218.
Hay que añadir también que al finalizar el mes de mayo del pasado año, 2025, se contabilizaban 1.370 desempleados en nuestra ciudad, con lo que se mejora también la tasa interanual en 152 personas, que entonces no trabajaban, y ahora sí lo hacen.
Analizando las cifras, hay que decir que, de estas 1.218 personas desempleadas, 519 son varones y 699 mujeres, en un mes de mayo en el que se firmaron 309 contratos, de los que 204 tuvieron carácter temporal y 105 se formalizaron con carácter indefinido, aumentando en 61 el total de contratos firmados el mes anterior.
De estos nuevos 104 contratos indefinidos firmados en mayo, 64 fueron firmados por hombres y 41 por mujeres, repartiéndose en los diferentes sectores con 16 en la agricultura, 20 en la industria, 7 en la construcción y 62 en el sector de Servicios, lo que deja ver que gran parte del incremento producido fue en el sector de Servicios, como suele ser lo más habitual.
En cuanto a los 180 contratos temporales, 99 fueron firmados por hombres y 81 por mujeres, repartiéndose con 12 en la agricultura, 6 en la industria, 3 en la construcción y 183 en el sector de Servicios, que sigue siendo el que mayor bolsa de empleo ofrece mes tras mes.
Los datos del mes de mayo también registran un aumento de demandantes de empleo que se eleva hasta las 2.255 personas, en el municipio bastetano, entre las que se incluyen 29 trabajadores eventuales subsidiados y otros 70 demandantes varios no ocupados, además de los ya citados 1.218 desempleados.
Como de costumbre, ofrecemos también el cuadro estadístico acompañando esta información y que muestra un análisis de cuáles son las ocupaciones que están siendo más demandas por los desempleados de nuestra ciudad.
También decir que de los 1.218 parados (519 son hombres y 699 mujeres), 115 de ellos tienen menos de 25 años (55 hombres y 60 mujeres); 447 están en la franja de edad de entre 25 y 44 años (174 hombres y 273 mujeres); y 656 (290 y 366), tienen 45 o más años.
En cuanto al tiempo que estas personas desempleadas llevan en esa situación, 391 (187 y 204) llevan buscando empleo desde hace tres o menos meses; 185 (64 y 121), desde hace entre 3 y 6 meses; 114 (48 y 66), desde entre 6 y 9 meses; 88 (37 y 51), entre 9 y 12 meses; y 440 (183 y 257) llevan más de 12 meses sin encontrar empleo.
Interesante también conocer los trabajos que los demandantes de empleo han realizado antes de alcanzar esta situación, lo que nos indica que 133 (70 y 63) trabajaron en la agricultura, 75 (68 y 7) en la construcción, 97 (52 y 45) en la industria, 776 (289 y 487) en el sector Servicios y 137 (40 y 97) no han tenido empleo alguno con anterioridad.
Y, para terminar, no menos de interés resulta el nivel de estudios alcanzado por los desempleados, de los que 55 (21 y 34) no alcanzaron ningún nivel de estudios, 118 (39 y 79) tienen estudios primarios incompletos, 103 (41 y 62) completaron los estudios primarios, 782 (356 y 426) tienen estudios secundarios y 160 (62 y 98) tienen estudios postsecundarios.
A destacar que se trata de datos en los que, si hay algo que los caracteriza, es la diferencia de cifras, cuando se refieren a hombres y mujeres, ya que estas suelen salir más perjudicadas en la práctica totalidad de las situaciones, algo que poco a poco va reduciendo diferencias, pero que está muy lejos de la discriminación de género arraigada desde hace demasiados años.
A nivel nacional, el paro registrado se reduce en 36.323 personas en mayo y baja aún más de los 2,5 millones, que lograra en mayo de 2025. Los datos publicados al finalizar mayo de 2026 confirman una nueva mejora del mercado laboral español, aunque con un ritmo de reducción del desempleo algo más moderado que en ejercicios anteriores. La llegada de la temporada turística y el impulso de los servicios han vuelto a ser los principales motores de la creación de empleo.
A nivel nacional, el paro baja en 36.323 personas al finalizar el mes de mayo y el total se reduce hasta 2.320.721, el nivel más bajo en ese mes desde 2007. Paralelamente, la afiliación a la Seguridad Social aumentó en casi 232.000 personas, alcanzando un nuevo récord de 22,34 millones de ocupados, mientras que el paro juvenil se queda por debajo de 165.000 personas, mínimo histórico. Además, los contratos indefinidos son ya un 43,2% del total.
Por su parte, Andalucía volvió a encabezar la reducción del paro entre las comunidades autónomas por segundo mes consecutivo. El número de desempleados cayó en 9.125 personas durante mayo, dejando el total en 548.120 desempleados, el mejor dato para este mes desde 2008. La reducción afectó a todas las provincias y a todos los sectores productivos, especialmente a los servicios, impulsados por el inicio de la campaña turística de verano.
La sección “La Mirilla” nos presenta hoy un nuevo artículo que llega convertido en un verdadero apuro. Un apuro que viene por aquello de que uno está acostumbrado a hablar de todo y de todos, menos de uno mismo, algo que por primera vez, y de improviso, se nos presenta por obra y gracia de esta joven sección que es “La Mirilla”, a cargo única y exclusivamente de Juanra Gil van Gils, en lo cual insisto.
E insisto, porque Juanra es dueño y señor de su sección y, en definitiva, el que manda en ella, el que hace y deshace con libertad plena y en la confianza de que un servidor no le va a tocar ni una coma, pues así lo pactamos en su inicio y así lo va a ser durante todo el tiempo que nos quiera acompañar.
Claro está que a uno le corresponde presentar el nuevo artículo de esta semana, pero lo que no “cuela” es hablar del supuesto personaje que nos propone, así que, permítannos, vamos a pasar de puntillas por ese asunto y nos limitaremos a decir que está a su disposición el artículo número 36 que, sorprendentemente, nos ha llegado con el título de “Conectando a bastetanos con su tierra: Don Ricardo Cañabate Egea” y accesible desde el anterior enlace.
No obstante, y por si acaso, no olviden que accediendo desde el menú que se encuentra en la parte superior de esta pantalla se llega al índice de la sección en el que, en orden inverso al de su publicación, están también todos los artículos publicados en la misma. Por si acaso les falta para leer.
Pedro Fernández anuncia que el Gobierno ha resuelto ya 889M€ para financiar el 100% de la reconstrucción de infraestructuras dañadas por las borrascas en 333 municipios andaluces. El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha anunciado hoy que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ya ha resuelto la concesión de 889 M€ destinados a 333 municipios para la reconstrucción y reparación de infraestructuras municipales dañadas por el temporal de borrascas que azotó Andalucía entre noviembre y febrero, “lo que refleja el intenso trabajo del Gobierno para resolver casi el 60% de las solicitudes”. De ellas, 291 ya cuentan con el adelanto de la orden de pago por importe de 614 M€ y en los próximos días llegarán otras nuevas para otros 42 municipios, por importe de 274 millones”. Igualmente, cabe señalar que el número final de ayudas resueltas será mucho más elevado, dado que aún hay expedientes que se encuentran en fase de resolución.
Pedro Fernández ha asegurado que “el Gobierno de España reaccionó de manera inmediata ante una situación extraordinaria, primero para la protección de las personas”, con un despliegue de más de 10.000 efectivos de diferentes organismos de la Administración General del Estado, y cuando finalizó la emergencia, el 7 de febrero, se destinó una cantidad récord para ello, 7.000 M€ en ayudas para todos los sectores afectados: desde particulares a autónomos pasando por ayuntamientos”, en el marco del Real Decreto-ley 5/2026, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.
De esa cantidad, “una parte importante está destinada a los ayuntamientos, concretamente 2.000 M€ para el arreglo de las instalaciones municipales y para la construcción de infraestructuras que prevengan inundaciones y avenidas”, cifra en la que se engloban, ha explicado Pedro Fernández, “los 614 M€ ya ordenados al pago y los 274 M€ próximos a abonar, que dejan constancia clara de la gestión y del compromiso el Gobierno con los municipios y con las políticas útiles que mejoran la vida de la gente”.
Otra de las novedades anunciadas por el delegado ha sido la ampliación, esta mañana, en 44 municipios del número de beneficiarios que cumplen los requisitos para recibir el 100% de financiación de los daños, “por lo que serán un total de 566 municipios andaluces, lo que significa que más de un 72% de los ayuntamientos andaluces tendrán garantizado el pago de la totalidad de las reparaciones y las obras de nueva construcción para prevenir nuevas inundaciones”, ha calculado.
Dichas ayudas irán destinadas a la reparación de carreteras y caminos, reparación y construcción de instalaciones, edificios y equipamientos públicos dañados; restitución y reconstrucción de escolleras y muros de contención; así como a obras de prevención, tales como encauzamiento de ramblas que atraviesan poblaciones, desvío de cauces, separación de pluviales, diques; canalizaciones, colectores…
De hecho, ha subrayado Pedro Fernández, “supondrá un impulso a la economía municipal y local, ya que serán los propios ayuntamientos quienes promueven los procedimientos de contratación desde la inmediatez con su propio territorio, lo que previsiblemente supondrá un revulsivo económico y de generación de empleo”.
Entre las novedades introducidas en estas subvenciones, además de cubrir de forma extraordinaria el 100% de la actuación, “permitiendo que las entidades locales no tengan que afrontar gasto alguno”, el delegado ha destacado que los municipios recibirán un anticipo del 100% de la subvención “para evitar menoscabo en su tesorería”, y tendrán la posibilidad de incorporar daños y ejecutar las obras de prevención “que hagan más resiliente al municipio de cara a futuras borrascas”.
También se incluye la posibilidad de impulsar “infraestructuras históricas de difícil encaje por el importe” y se amplía el período de ejecución a tres años, “lo que refuerza la empatía del Gobierno de España con los municipios, especialmente con los más pequeños a quienes les cuesta más llevar un proyecto de gran magnitud”, ha concluido.
El aumento de abandonos y casos de maltrato animal, tras la recogida de 35 cachorros en pocos días, motiva una justificada preocupación en Baza. La perrera municipal y la asociación gestora denuncian una situación «insostenible» y recuerdan la obligación legal de controlar la reproducción de las mascotas. En apenas unos días han sido recogidos 35 cachorros lactantes en distintos puntos del municipio, una cifra que ha puesto al límite la capacidad de respuesta de los servicios de protección animal y ha reabierto el debate sobre la tenencia responsable de mascotas y el cumplimiento de la normativa vigente.
La preocupación se ha incrementado especialmente tras conocerse uno de los episodios más graves registrados recientemente. Siete cachorros recién nacidos fueron hallados abandonados dentro de un saco y con signos de haber sufrido golpes. Cuando fueron encontrados, cinco de ellos ya habían fallecido. El caso ha causado una profunda conmoción entre las personas voluntarias que trabajan diariamente en el rescate y cuidado de animales abandonados.
La asociación «Salvando Vidas, Voluntarias Perrera de Baza», encargada de la gestión de la perrera municipal, afronta desde hace meses una creciente presión debido al elevado número de avisos relacionados con abandonos, camadas no deseadas y rescates de animales en situación de riesgo. Sus responsables advierten de que el volumen de casos registrados en las últimas semanas supera con creces los recursos disponibles para su atención.
Los datos reflejan una problemática que continúa muy presente en la comarca. Muchas de las camadas recogidas proceden de reproducciones no controladas que terminan derivando en abandonos cuando los propietarios no pueden o no quieren hacerse cargo de los animales. Esta realidad genera un importante problema de bienestar animal y supone además una carga cada vez mayor para las entidades encargadas de la recogida y acogida.
La legislación estatal de protección de los derechos y el bienestar de los animales establece diversas medidas destinadas a combatir estas situaciones. Entre ellas figura la obligación de esterilizar a los gatos antes de los seis meses de edad, salvo en el caso de ejemplares inscritos como reproductores autorizados. Asimismo, la normativa prohíbe la cría particular y reserva la reproducción exclusivamente a criadores registrados, además de exigir que los animales no destinados a la reproducción permanezcan bajo control para evitar camadas no deseadas.
Desde los servicios de protección animal se insiste en que la solución pasa por la prevención. La identificación obligatoria, la esterilización, el control reproductivo y el compromiso de los propietarios son herramientas fundamentales para reducir el número de abandonos y evitar situaciones de sufrimiento como las registradas en los últimos días.
Al mismo tiempo, se ha reconocido públicamente la labor de las personas voluntarias que colaboran en la atención de los animales abandonados, muchas veces afrontando situaciones especialmente duras tanto desde el punto de vista material como emocional.
Ante el incremento de casos, también se ha solicitado la colaboración ciudadana mediante donaciones de mantas, leche maternizada, empapadores y otros materiales necesarios para el cuidado de los cachorros rescatados. Las personas interesadas en ayudar pueden contactar con la asociación a través del teléfono 608 496 447.
La sucesión de abandonos registrada durante las últimas semanas ha vuelto a evidenciar un problema que, lejos de desaparecer, continúa requiriendo una mayor implicación social para garantizar el bienestar animal y prevenir conductas que, además de reprobables, pueden constituir infracciones sancionables por la legislación vigente.
El Consejo de Ministros avanza en la tramitación del Estatuto Marco que elimina las guardias de 24 horas, reforma que puede ser histórica para el personal sanitario. El Consejo de Ministros ha dado un nuevo paso en la reforma de las condiciones laborales del personal sanitario al aprobar el anteproyecto del nuevo Estatuto Marco de los servicios de salud, una norma llamada a sustituir una regulación vigente desde hace más de dos décadas y que introduce cambios de gran alcance en la organización del Sistema Nacional de Salud.
Entre las medidas más destacadas figura la desaparición progresiva de las tradicionales guardias médicas de 24 horas, una reivindicación histórica de numerosos profesionales sanitarios. El nuevo texto fija un máximo de 17 horas de trabajo efectivo durante las guardias y establece periodos obligatorios de descanso que no podrán ser compensados posteriormente con horas de trabajo ordinario.
La reforma contempla además una reducción de la jornada máxima semanal hasta las 45 horas, por debajo del límite de 48 horas fijado por la normativa europea, así como un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas y otro de 24 horas semanales ininterrumpidas.
El objetivo declarado es mejorar las condiciones laborales de médicos, enfermeros y resto de profesionales sanitarios, favoreciendo entornos de trabajo más seguros y sostenibles. Diversos colectivos profesionales han señalado durante años que las largas jornadas y las guardias prolongadas podían afectar al bienestar de los trabajadores y aumentar el riesgo de errores derivados de la fatiga.
La iniciativa también busca reforzar la estabilidad laboral en el sector. Entre otras medidas, limita a tres años la duración máxima de los nombramientos interinos en plazas vacantes y obliga a convocar procesos selectivos al menos cada dos años. Asimismo, incorpora compensaciones económicas en los supuestos de abuso de la temporalidad.
Otro de los aspectos relevantes es la creación de la figura del personal estatutario investigador, destinada a impulsar la actividad científica dentro del sistema público de salud. Estos profesionales deberán contar con el título de doctor y dedicarán al menos la mitad de su jornada a tareas de investigación.
La norma introduce igualmente medidas dirigidas a mejorar la conciliación laboral y familiar, como la flexibilización horaria para cuidadores de menores y personas dependientes, la exención de guardias y turnos nocturnos para mayores de 55 años, embarazadas y mujeres en periodo de lactancia, así como el reconocimiento expreso del derecho a la desconexión digital fuera del horario de trabajo.
En materia organizativa, el texto apuesta por una mayor profesionalización de la gestión sanitaria, estableciendo requisitos de formación universitaria y procedimientos públicos de selección para los puestos directivos.
Aunque el anteproyecto inicia ahora su tramitación parlamentaria y aún deberá superar el proceso de audiencia pública y el debate en las Cortes Generales, la reforma ha despertado expectativas favorables entre numerosos profesionales y usuarios del sistema sanitario.
La esperanza es que unas plantillas más estables, con mejores condiciones laborales y menores niveles de sobrecarga, permitan avanzar hacia una atención sanitaria más normalizada, eficiente y segura. La reducción de jornadas excesivas y la mejora de la planificación de los recursos humanos podrían contribuir además a que los profesionales desarrollen su labor asistencial en mejores condiciones, con beneficios tanto para la calidad del servicio como para la seguridad de los pacientes.
La aplicación efectiva de muchas de estas medidas dependerá posteriormente de las comunidades autónomas, responsables de la gestión de los servicios sanitarios, que dispondrán de un periodo de adaptación de cinco años para acometer los cambios organizativos necesarios.
