Ayer se celebraba, con media bancada vacía sin PSOE ni IU, un pleno extraordinario marcado por la polémica sobre la convocatoria y las modificaciones presupuestarias. El pleno extraordinario celebrado este lunes en el Ayuntamiento de Baza estuvo marcado por la ausencia de los grupos municipales del PSOE e Izquierda Unida, cuyos concejales decidieron no asistir en señal de protesta por la forma en la que fue convocada una sesión que aprovechaba también la obligada ausencia de un edil socialista y cuyo orden del día incluía los mismos asuntos que se rechazaron en el pleno ordinario de hace diez días. La convocatoria, fijada para las 11:00 horas y sin acuerdo previo con los grupos de la oposición, dejó media bancada vacía en el salón de plenos.
La sesión comenzó con el habitual minuto de silencio antes de abordar el primer punto del orden del día: una modificación de crédito correspondiente al expediente 3/2026. La propuesta había sido dictaminada favorablemente en comisión informativa con los votos del equipo de gobierno del Partido Popular y del concejal no adscrito, mientras que Compromiso por Baza había votado en contra.
La portavoz de Compromiso por Baza, Lidia Sánchez, aprovechó su intervención para criticar duramente tanto el fondo como la forma de la convocatoria. Según expuso, la celebración de un pleno extraordinario en horario laboral y sin consenso previo con el resto de grupos evidenciaba una forma de gobernar basada en la improvisación y en la falta de diálogo institucional.
Sánchez vinculó además esta convocatoria con lo ocurrido durante el último pleno ordinario, cuando el equipo de gobierno intentó sacar adelante varios asuntos por la vía de urgencia sin disponer de la mayoría necesaria para ello. La portavoz consideró que el ejecutivo local había rectificado su estrategia recurriendo a una convocatoria extraordinaria que, aunque legal, calificó de difícil defensa desde el punto de vista político.
Durante el debate, Compromiso por Baza anunció su voto contrario a la modificación presupuestaria. La formación argumentó que buena parte de los gastos incluidos —relacionados con mantenimiento de jardines, vehículos, aportaciones a la Mancomunidad, canon de vertidos o asistencia técnica vinculada a fondos europeos— eran previsibles y deberían haber sido contemplados en el presupuesto municipal aprobado recientemente.
La portavoz insistió en que no cuestionaba la necesidad de las partidas, sino la falta de planificación que, a su juicio, obliga a corregir las cuentas apenas unas semanas después de su entrada en vigor. Asimismo, reprochó al gobierno local que las comisiones informativas se limiten a cumplir un trámite formal sin incorporar propuestas de la oposición.
Frente a estas críticas, el concejal no adscrito, Rafael Azor, defendió la necesidad de agilizar la gestión municipal. Azor sostuvo que los vecinos demandan soluciones inmediatas a problemas cotidianos y justificó algunas de las partidas incorporadas, especialmente las destinadas a la reparación de vehículos del servicio de limpieza y al mantenimiento de zonas verdes.
Por su parte, el concejal de Economía y Hacienda, Ramón López, rechazó las acusaciones de improvisación y aseguró que las modificaciones planteadas responden a la voluntad de mantener la actividad inversora y evitar la paralización de proyectos municipales. También defendió la utilización de remanentes y mecanismos de financiación que permitan acometer actuaciones sin incrementar la deuda municipal.
El debate se intensificó en una segunda intervención de la portavoz de Compromiso por Baza, que volvió a insistir en la necesidad de consensuar tanto la fecha como la hora de los plenos extraordinarios para facilitar la participación de los concejales que compatibilizan su actividad política con sus obligaciones laborales.
En el tramo final de la discusión, el alcalde de la ciudad respondió a las críticas defendiendo la plena legalidad de la convocatoria y reprochando a la oposición ausente no haber acudido al pleno para exponer sus argumentos. El regidor sostuvo que las modificaciones presupuestarias son necesarias para garantizar servicios básicos y recordó que parte de los créditos responden a obligaciones sobrevenidas derivadas de mayores ingresos municipales registrados durante el ejercicio anterior.
Tras el debate, la modificación de crédito fue sometida a votación y quedó aprobada por mayoría gracias a los votos favorables del equipo de gobierno y del concejal no adscrito, mientras que Compromiso por Baza mantuvo su rechazo.
La sesión dejó así una imagen poco habitual en la corporación municipal, con buena parte de los escaños vacíos y un nuevo episodio de confrontación política sobre los procedimientos de convocatoria y las relaciones entre gobierno y oposición en el tramo final del mandato.
El segundo expediente de modificación presupuestaria reabría el debate sobre la gestión económica, las inversiones y el proyecto fotovoltaico de Ququima. En el mismo pleno extraordinario se volvió a escenificar el enfrentamiento entre el equipo de gobierno y Compromiso por Baza durante el debate de la modificación de crédito 2026-004, una propuesta destinada a financiar diversas inversiones mediante la fórmula de las inversiones financieramente sostenibles.
La iniciativa salió adelante con los votos favorables del Partido Popular y del concejal no adscrito, Rafael Azor, mientras que la portavoz de CxB, Lidia Sánchez, votó en contra.
La concejala justificó su rechazo asegurando que no se opone a las actuaciones previstas ni a la inversión en la ciudad, sino a la forma en que se está gestionando el presupuesto municipal. Según defendió, apenas un mes después de la aprobación de las cuentas de 2026 el gobierno local se ve obligado a reformular parte de sus previsiones, lo que, a su juicio, evidencia una falta de planificación.
Durante su intervención, Sánchez sostuvo que muchas de las actuaciones incluidas ya figuraban en el presupuesto aprobado recientemente y consideró que el remanente municipal debería destinarse a proyectos extraordinarios o estratégicos para la ciudad. Entre las alternativas citó la rehabilitación del Palacio de los Enríquez, la recuperación del convento de San Jerónimo, la antigua iglesia de San Antón, la antigua fábrica de harina o la creación de un complejo recreativo con lago artificial, una propuesta defendida en varias ocasiones por el concejal no adscrito.
- El impacto de Ququima centró buena parte del debate
Uno de los asuntos que ocupó más tiempo en la sesión fue la situación derivada del proyecto fotovoltaico promovido por Ququima. La portavoz de CxB Baza relacionó directamente la modificación presupuestaria con la decisión de la empresa de solicitar el fraccionamiento del pago de tasas e impuestos vinculados a la instalación de la planta solar proyectada en el término municipal. Según explicó, el presupuesto municipal contemplaba unos ingresos extraordinarios asociados a este proyecto que ahora podrían retrasarse, obligando a modificar la planificación económica prevista inicialmente.
Además, expresó dudas sobre la solvencia real de la empresa y sobre las garantías económicas del proyecto, alertando de la incertidumbre que esta situación podría generar entre los propietarios de terrenos afectados por la futura instalación fotovoltaica.
Frente a estas críticas, Rafael Azor recordó que la tramitación del proyecto procede de la anterior legislatura y defendió que la empresa tiene derecho legal a solicitar el fraccionamiento de los pagos. También precisó que la planta no se ubicará en terrenos de la Vega tradicional, sino en zonas como El Francés, La Jamula o El Pertiguero. El concejal no adscrito advirtió además de que el Ayuntamiento debe adaptarse a una nueva realidad económica derivada de esa petición de aplazamiento y señaló que la gestión municipal exige reaccionar ante circunstancias cambiantes.
- El segundo pabellón deportivo, en el centro de la discusión
Otro de los puntos de mayor confrontación fue la inversión prevista para impulsar un segundo pabellón cubierto en la ciudad, para el que se contempla una aportación municipal cercana a los 400.000 euros.
Lidia Sánchez cuestionó la oportunidad de esta actuación y reclamó una planificación deportiva más amplia antes de acometer nuevas infraestructuras. La portavoz consideró prioritario mejorar y actualizar instalaciones ya existentes, citando expresamente el estadio Constantino Navarro y diversas pistas deportivas que presentan falta de mantenimiento.
Asimismo, planteó dudas sobre la capacidad futura del Ayuntamiento para asumir los costes de funcionamiento, personal y mantenimiento de un nuevo pabellón cuando desaparezcan los ingresos extraordinarios que actualmente permiten afrontar la inversión.
En respuesta, tanto Rafael Azor como el concejal de Deportes, José Antonio Valdivieso, defendieron la necesidad de la actuación. Valdivieso aseguró que las instalaciones deportivas municipales se encuentran al límite de su capacidad y enumeró casos de clubes y escuelas deportivas que actualmente se ven obligados a entrenar en otras localidades o en espacios alternativos por falta de horarios disponibles. El responsable de Deportes explicó que el nuevo pabellón se proyecta dentro del complejo polideportivo existente, precisamente para reducir costes de mantenimiento y optimizar recursos humanos, evitando la dispersión de instalaciones por distintos puntos de la ciudad.
- La gestión del remanente y las prioridades municipales
El concejal de Hacienda, Ramón López, defendió que el presupuesto municipal siempre parte de previsiones sujetas a la evolución de los ingresos y argumentó que la petición de fraccionamiento presentada por Ququima obliga a adaptar la estrategia económica. López aseguró que el objetivo del gobierno local es aprovechar los mecanismos legales disponibles para ejecutar el mayor número posible de inversiones sin incrementar el endeudamiento municipal y subrayó que el presupuesto sigue contemplando actuaciones estratégicas relacionadas con empleo, suelo industrial y planificación urbanística.
En el cierre del debate, el alcalde defendió que la modificación responde precisamente a criterios de prudencia financiera, ya que permite ejecutar actuaciones previstas sin depender de unos ingresos extraordinarios que ahora llegarán de forma aplazada. El regidor recordó que la operación permitirá financiar proyectos como la mejora de parques infantiles, actuaciones en el cementerio, obras de urbanización, rehabilitación de viviendas protegidas o mejoras en infraestructuras municipales, al tiempo que reducirá la necesidad de recurrir a nuevos préstamos.
Tras las intervenciones, la propuesta quedó aprobada por mayoría, consolidando así la estrategia económica planteada por el equipo de gobierno pese al rechazo expresado por Compromiso por Baza y en un pleno marcado nuevamente por las discrepancias sobre la planificación presupuestaria y el modelo de gestión municipal.
CxB volvió a cuestionar la planificación económica municipal durante el debate de una nueva modificación presupuestaria. Una nueva modificación presupuestaria destinada para hacer frente a una factura correspondiente al alumbrado extraordinario de 2025, propuesta que salió adelante con los votos favorables del equipo de gobierno del PP y del concejal no adscrito, mientras que CxB mantuvo su rechazo.
Antes de entrar en el fondo del asunto, la portavoz de CxB, Lidia Sánchez, quiso aclarar que su formación no se opone a la construcción del futuro segundo pabellón deportivo de la ciudad, cuestión debatida en el punto anterior, sino al procedimiento utilizado para financiar determinadas actuaciones que, según defendió, ya estaban contempladas en el presupuesto municipal aprobado recientemente.
Durante su intervención, Sánchez señaló que este expediente constituye un nuevo ejemplo de la falta de previsión económica que, a su juicio, caracteriza la gestión municipal. La edil argumentó que la modificación tiene como objetivo afrontar el pago de una factura derivada del alumbrado extraordinario instalado durante las fiestas navideñas de 2025, un gasto conocido con antelación y que, por tanto, debería haber sido incluido en las cuentas municipales sin necesidad de recurrir posteriormente a una corrección presupuestaria.
La portavoz recordó que el presupuesto de 2026 fue aprobado hace apenas unas semanas y que entró en vigor recientemente, por lo que consideró llamativo que ya sea necesario introducir modificaciones para atender obligaciones que eran perfectamente previsibles cuando se elaboraron las cuentas. Uno de los aspectos más criticados por CxB fue la utilización del fondo de contingencia para financiar esta operación. Según Sánchez, dicho mecanismo está concebido para responder a situaciones excepcionales o imprevisibles y no para cubrir gastos ordinarios ya conocidos por el Ayuntamiento en el momento de elaborar el presupuesto.
La concejala también volvió a reprochar al equipo de gobierno la falta de diálogo con la oposición y recordó que este mismo expediente ya intentó tramitarse anteriormente mediante la vía de urgencia durante un pleno ordinario. A su entender, el gobierno local continúa basando su acción política en la mayoría numérica de la que dispone, sin buscar acuerdos ni consensos con el resto de grupos municipales. En este sentido, reiteró la disposición de su formación a participar en procesos de negociación y búsqueda de acuerdos, aunque insistió en que hasta ahora las comisiones informativas y los debates previos no han servido para incorporar propuestas ni modificar planteamientos del ejecutivo municipal.
Tras finalizar la intervención de la portavoz de Compromiso por Baza, y sin que se produjeran nuevos turnos de palabra, el alcalde sometió el asunto a votación. La modificación presupuestaria fue aprobada por mayoría gracias a los votos del PP y del concejal no adscrito, mientras que Compromiso por Baza mantuvo su voto contrario.
El Ayuntamiento de Baza inicia los trámites para retirar a la Mancomunidad la gestión de Parques y Jardines y transferirla a EMUVIBA. El Ayuntamiento de Baza ha aprobado inicialmente el inicio del procedimiento para extinguir la encomienda de gestión del servicio de Parques y Jardines a la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Baza y proceder a su integración en la empresa pública municipal EMUVIBA. La propuesta salió adelante con los votos favorables del Partido Popular y del concejal no adscrito, mientras que CxB votó en contra. El acuerdo contempla ahora la apertura de un periodo de 15 días hábiles para que la Mancomunidad pueda presentar alegaciones antes de que el expediente vuelva al pleno para su aprobación definitiva.
El debate evidenció las profundas diferencias entre gobierno y oposición sobre el modelo de gestión de los servicios públicos municipales y el papel que deben desempeñar tanto la Mancomunidad como la empresa pública EMUVIBA. La portavoz de CxB, Lidia Sánchez, justificó el voto contrario de su grupo argumentando que se pretende extinguir una encomienda aprobada hace poco más de un año y con una vigencia prevista de cinco años sin que exista, a su juicio, una explicación suficientemente sólida de los motivos que justifican el cambio. Sánchez afirmó que la medida transmite una imagen de improvisación y de continuos cambios de criterio en la gestión municipal. Además, cuestionó el supuesto ahorro económico que se plantea en el expediente y mostró su preocupación por la creciente concentración de servicios en EMUVIBA.
“Cada vez se le atribuyen más funciones y más servicios municipales y creemos que antes de seguir ampliando competencias debería abrirse un debate serio sobre cuál debe ser el papel real de la empresa pública, cuáles son sus límites, cuáles son los mecanismos de control y cómo se garantiza su sostenibilidad futura”, señaló.
La concejala también centró buena parte de su intervención en la situación de los trabajadores afectados, presentes en la sesión plenaria. Según explicó, representantes sindicales, empleados y responsables de la Mancomunidad le habían trasladado su preocupación por las consecuencias laborales del cambio. En este sentido, defendió que la reorganización de un servicio público no puede realizarse sin diálogo ni negociación previa con la plantilla. Asimismo, criticó la convocatoria del pleno en horario de mañana y reprochó al equipo de gobierno no haber buscado una solución negociada con la Mancomunidad antes de plantear la ruptura de la encomienda.
Durante su segunda intervención, Sánchez elevó el tono de las críticas al considerar impropio que se emplearan expresiones como “chiringuito” o referencias a que el Ayuntamiento “paga la fiesta” para referirse a la Mancomunidad. La portavoz sostuvo que esos términos suponen una falta de respeto hacia una institución pública integrada por ocho municipios y hacia los trabajadores que prestan el servicio. A su juicio, el problema de fondo no es la calidad del servicio, sino la falta de coordinación entre el Ayuntamiento y los responsables de la Mancomunidad. Por ello, defendió que el alcalde debería haber impulsado reuniones y negociaciones para resolver esas diferencias antes de plantear un cambio de modelo.
Por parte del equipo de gobierno, el concejal de Mantenimiento, Rafael Azor, defendió que la propuesta no supone un cuestionamiento de los trabajadores ni de sus derechos laborales. Según explicó, el único cambio consistiría en que los empleados pasarían a depender de EMUVIBA en lugar de hacerlo a través de la Mancomunidad, manteniendo sus condiciones laborales. Azor argumentó que el Ayuntamiento destina cerca de medio millón de euros al año al mantenimiento de jardines y zonas verdes, sumando el personal adscrito a la Mancomunidad, Jabalcón, la Alameda y los distintos programas temporales de empleo. En su opinión, antes de aumentar plantillas es necesario mejorar la organización de los recursos existentes.
El edil insistió en que el principal problema radica en la estructura de gestión del servicio. Según relató, durante años se ha encontrado con dificultades para coordinar el trabajo debido a la existencia de distintos responsables y a la dependencia de una entidad externa al Ayuntamiento para la toma de determinadas decisiones. También rechazó las críticas sobre una posible pérdida de derechos laborales y defendió que la reorganización permitiría optimizar recursos materiales y maquinaria, evitando duplicidades y mejorando el control sobre los gastos de mantenimiento.
En términos similares se pronunció el concejal José Antonio Valdivieso, quien sostuvo que una encomienda debe poder modificarse cuando no cumple los objetivos para los que fue creada. Además, afirmó que el Ayuntamiento busca una gestión más eficiente y directa del servicio y aseguró que los trabajadores conservarán todos sus derechos. Aprovechó el debate para cuestionar también otros servicios gestionados a través de la Mancomunidad, como la piscina cubierta, al considerar que existen desequilibrios económicos entre los municipios usuarios.
El alcalde cerró el debate defendiendo que la propuesta responde exclusivamente a criterios de eficacia y organización. Según explicó, un servicio mancomunado tiene sentido cuando es compartido y financiado por varios municipios para atender necesidades comunes, pero considera que ese no es el caso de la jardinería en Baza. El regidor señaló que, de los 365 días del año, el servicio de jardinería gestionado por la Mancomunidad presta prácticamente toda su actividad en la ciudad de Baza, lo que a su juicio desvirtúa el carácter supramunicipal del modelo.
Además, negó que EMUVIBA sea una empresa privada, recordando que se trata de una sociedad pública municipal sometida a controles financieros y políticos. En este sentido, rechazó las acusaciones de falta de transparencia y aseguró que el objetivo es mejorar la prestación del servicio mediante una gestión más directa y flexible. También reconoció que la propuesta ha generado incertidumbre entre los trabajadores y sus representantes, pero insistió en que cualquier posible subrogación se realizaría respetando las condiciones laborales establecidas y que el Ayuntamiento está dispuesto a mantener reuniones durante el periodo de alegaciones para aclarar cualquier duda.
También defendió que el gobierno municipal no pretende debilitar a la Mancomunidad, sino todo lo contrario. Recordó que el equipo de gobierno ha planteado en distintas ocasiones la posibilidad de reforzar otros servicios supramunicipales, como la recogida de residuos o incluso fórmulas de policía local mancomunada para pequeños municipios de la comarca. Pese a ello, sostuvo que el actual modelo de gestión de Parques y Jardines no está ofreciendo los resultados esperados y que el Ayuntamiento tiene la obligación de buscar alternativas para mejorar el estado de las zonas verdes de la ciudad.
Con la aprobación inicial del expediente, el debate queda ahora abierto a una nueva fase administrativa. La Mancomunidad dispondrá de quince días para presentar alegaciones antes de que el pleno vuelva a pronunciarse sobre una propuesta que ha reabierto el debate político sobre el futuro de los servicios públicos municipales y el papel que deben desempeñar las distintas entidades de gestión en Baza.
El PSOE no participa en el Pleno “para no legitimar decisiones tomadas por la puerta de atrás”. Así nos llega titulado el comunicado que nos ha remitido el Grupo Municipal Socialista, del que ofrecemos a continuación su contenido íntegro:
- «“Nuestra ausencia es una forma de defender la democracia municipal.”
El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Baza ha decidido no participar en el pleno convocado para este lunes como medida de protesta ante la forma de actuar del equipo de gobierno PP-ultraderecha, que pretende sacar adelante asuntos de enorme trascendencia política y laboral aprovechando la situación de minoría temporal del grupo socialista.
Desde el PSOE queremos dejar claro que no se trata de una falta de respeto a las instituciones, sino precisamente de lo contrario: una defensa del debate democrático, de las mayorías legítimas y del funcionamiento normal de un pleno municipal.
- “Intentaron aprobar decisiones muy graves aprovechando la ausencia temporal de una concejala socialista.”
El pasado 28 de mayo, el equipo de gobierno intentó introducir por urgencia cinco puntos fuera del orden del día aprovechando que el Grupo Municipal Socialista contaba temporalmente con una concejala menos tras la renuncia de Elena Cáliz.
Entre esos asuntos se encontraba una modificación de crédito de 2,2 millones de euros y, especialmente grave, la retirada de la gestión del mantenimiento de jardines a la Mancomunidad de Municipios de Baza para transferirla a la empresa pública EMUVIBA.
Todos los grupos de la oposición rechazaron aquella maniobra e impidieron que pudiera salir adelante.
- “Se quiere decidir sobre trabajadores y servicios públicos sin diálogo ni consenso.”
La propuesta para retirar el servicio de jardines a la Mancomunidad afecta directamente a cinco trabajadores y se ha planteado sin diálogo con los afectados, sin acuerdo con la propia entidad supramunicipal y sin ningún tipo de consenso político.
Lejos de rectificar, el equipo de gobierno ha convocado un nuevo pleno este lunes a las 11 de la mañana, cuando aún no se ha podido cubrir la vacante socialista y en un horario que dificulta enormemente la asistencia de varios concejales de la oposición por motivos laborales.
Trabajadores afectados, responsables de la Mancomunidad y el conjunto de partidos de la oposición han mostrado también su rechazo a esta forma de proceder.
- “La bancada socialista vacía es una denuncia política.”
Ver la bancada socialista vacía no puede interpretarse como una ausencia injustificada, sino como la única forma de manifestar que no queremos formar parte de una pantomima política destinada únicamente a dar apariencia de legalidad a lo que debería ser un pleno celebrado en condiciones normales de representación, debate y participación democrática.
Para el PSOE, se trata de una estrategia deliberada para intentar aprobar decisiones de enorme importancia “por la puerta de atrás”, alterando artificialmente las condiciones normales del debate político municipal.
- “En democracia no todo vale.”
El Grupo Municipal Socialista quiere poner estos hechos en conocimiento de la ciudadanía para que todos los vecinos y vecinas de Baza conozcan cómo está actuando el actual equipo de gobierno.
Las instituciones democráticas deben servir para debatir, dialogar y alcanzar acuerdos desde el respeto a las reglas del juego, no para aprovechar circunstancias excepcionales con el objetivo de alterar las mayorías democráticas surgidas de las urnas».
Finaliza el programa de empleo que ha permitido recuperar la antigua escuela rural del Perchel. El Ayuntamiento de Baza ha clausurado el Programa de Empleo y Formación “Antiguas Escuelas Rurales”, una iniciativa que durante los últimos doce meses ha combinado formación y empleo para 15 personas desempleadas mayores de 45 años.
A lo largo de este periodo, los participantes han recibido capacitación teórica y práctica en especialidades vinculadas a la construcción, principalmente albañilería y fontanería, desarrollando su aprendizaje en una actuación real de rehabilitación que ha permitido recuperar para uso vecinal la antigua escuela rural situada en el barrio del Perchel, junto al Río de Baza.
El proyecto ha transformado un inmueble que presentaba un avanzado estado de deterioro en un espacio completamente renovado y adaptado para actividades sociales y comunitarias. Las instalaciones cuentan ahora con una sala polivalente acondicionada para reuniones, encuentros vecinales y otras actividades, además de nuevos servicios que mejoran su funcionalidad.
Con motivo de la finalización del programa, el alcalde de Baza, Pedro J. Ramos, visitó las instalaciones acompañado por las concejalas de Personal y de Urbanismo, así como por los responsables técnicos, administrativos y docentes que han participado en el desarrollo de esta acción formativa.
Durante la visita, los representantes municipales pudieron comprobar el resultado de los trabajos ejecutados y felicitar a los alumnos-trabajadores por la labor realizada a lo largo del último año.
El alcalde destacó el doble valor de este tipo de iniciativas, que permiten mejorar la empleabilidad de personas con dificultades para acceder al mercado laboral al tiempo que generan actuaciones de interés para la ciudad. “Han realizado un trabajo extraordinario. Han conseguido devolver la vida a un edificio que se encontraba prácticamente abandonado y convertirlo en un espacio útil y digno para los vecinos del barrio”, señaló.
Ramos trasladó además su reconocimiento a los participantes por el esfuerzo realizado durante el programa y les deseó éxito en su futura incorporación al mercado laboral, subrayando que la experiencia adquirida y la formación obtenida constituyen una importante oportunidad para ampliar sus posibilidades de empleo.
La actuación desarrollada en la antigua escuela rural del Perchel se suma a otras iniciativas impulsadas en el municipio a través de programas de empleo y formación, que combinan la cualificación profesional de los participantes con la recuperación y mejora de espacios públicos para el disfrute de la ciudadanía.
Detenido un empresario en la comarca de Huéscar acusado de explotar laboralmente a un matrimonio venezolano. La Policía Nacional ha detenido a un empresario de 36 años vinculado a varios negocios en una localidad de la comarca de Huéscar como presunto autor de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y contra los derechos de los trabajadores. La investigación apunta a que habría captado a un matrimonio venezolano en situación de especial vulnerabilidad para someterlo a largas jornadas de trabajo en condiciones laborales precarias.
La actuación ha sido desarrollada por agentes del Grupo contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de Granada, en colaboración con la UCRIF Central, tras recibir una denuncia presentada por las propias víctimas a través del teléfono especializado contra la trata de personas.
Según la investigación, el matrimonio, ambos de 53 años y de nacionalidad venezolana, había llegado a España huyendo de la difícil situación económica de su país y buscando atención médica para una hija que padecía una grave enfermedad. Sin embargo, la menor falleció poco después de la llegada de la familia, una circunstancia que agravó aún más su situación personal y económica.
Fue en ese contexto cuando la pareja asistió a un encuentro de motivación personal en busca de apoyo emocional y orientación. Allí conocieron a un hombre que les ofreció empleo en varios establecimientos de hostelería, asegurándoles unas condiciones laborales que incluían un salario de 1.200 euros mensuales para cada uno, alojamiento y manutención gratuitos, así como la posibilidad de regularizar su situación administrativa mediante un futuro contrato de trabajo.
Tras aceptar la propuesta, ambos se trasladaron a la localidad donde se encontraban los negocios y comenzaron a trabajar de forma inmediata. Sin embargo, según relataron posteriormente a los investigadores, las condiciones reales diferían notablemente de las prometidas.
La Policía sostiene que las víctimas llegaron a realizar jornadas laborales de hasta 16 horas diarias, sin descanso semanal y sin contar con autorización de residencia o trabajo. Además, al recibir sus primeras nóminas comprobaron que el salario percibido era inferior al acordado y que, además, se les descontaban gastos de alojamiento.
La situación fue especialmente complicada para la mujer, quien en varias ocasiones tuvo que ausentarse del trabajo debido al agotamiento físico acumulado. Según la denuncia, esas ausencias derivaron en nuevas reducciones salariales, sin que existiera ningún tipo de cobertura o derecho laboral asociado a una baja médica.
Los investigadores también comprobaron que otra pareja extranjera procedente de un país centroamericano trabajaba en los mismos negocios en circunstancias similares y también se encontraba en situación administrativa irregular.
Tras recopilar pruebas y verificar los hechos denunciados, los agentes concluyeron que el empresario se habría aprovechado de la vulnerabilidad económica y personal de las víctimas para captarles y someterles a condiciones laborales abusivas.
El detenido, que cuenta con antecedentes policiales, fue puesto a disposición judicial tras prestar declaración. La autoridad judicial ha acordado su puesta en libertad con la obligación de comparecer cuando sea requerido mientras continúa la instrucción del caso.
La Policía Nacional recuerda la importancia de denunciar cualquier situación relacionada con la trata de seres humanos o la explotación laboral, especialmente cuando afecta a personas extranjeras en situación de vulnerabilidad, y destaca el papel fundamental que desempeñan los canales de denuncia y asistencia especializados para detectar este tipo de delitos.
El Ingreso Mínimo Vital protege en Andalucía a más de 832.000 personas, 268.568 hogares y casi 330.000 menores, un 18% más que hace un año. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegó en mayo a 268.568 hogares andaluces, donde residen 832.339 personas, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). De estos hogares, 191.880 cuentan con menores a cargo y un total de 328.683 niños, niñas y adolescentes son beneficiarios directos de la prestación.
La nómina abonada en Andalucía durante el mes de mayo ascendió a 146,9 millones de euros, con una cuantía media de 515,41 euros mensuales por hogar.
La prestación continúa creciendo en la comunidad autónoma. En comparación con mayo de 2025, el número de hogares beneficiarios ha aumentado en 41.659, lo que supone un incremento superior al 18%. El número de personas protegidas también ha crecido un 17,6%, con 124.800 beneficiarios más que hace un año.
Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido en Andalucía a más de 1,15 millones de personas, consolidándose como uno de los principales instrumentos de lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Uno de los aspectos más destacados de la prestación es su impacto en la infancia. Actualmente, casi cuatro de cada diez beneficiarios son menores de edad, que representan el 39,4% del total de perceptores. Además, cerca de 485.000 menores han estado cubiertos por esta ayuda desde su creación.
La composición de los hogares beneficiarios refleja también el peso de las familias con hijos. Más del 71% de los hogares que reciben el IMV tienen menores a cargo, lo que evidencia el papel de esta prestación en la reducción de la pobreza infantil.
Los datos muestran igualmente un marcado perfil femenino. El 73,5% de los titulares de la prestación son mujeres, con 197.621 beneficiarias, mientras que más de la mitad de las personas protegidas, concretamente el 53,1%, también son mujeres.
Esta realidad se aprecia especialmente en los hogares monoparentales. Del total de familias beneficiarias, 41.125 están encabezadas por una sola persona adulta, en la mayoría de los casos mujeres que asumen en solitario las responsabilidades económicas y de cuidado de sus hijos.
Junto al IMV, el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) continúa reforzando la protección a las familias con menores. En mayo, 194.294 hogares andaluces recibieron esta ayuda adicional, con una cuantía media de 115,97 euros por hogar y de 67,3 euros por menor.
Las cantidades varían según la edad de los hijos: 115 euros mensuales para menores de tres años, 80,5 euros para niños de entre tres y seis años y 57,5 euros para quienes tienen entre seis y dieciocho años. Además, el complemento puede percibirse incluso sin ser beneficiario del IMV, al contemplar límites de renta más amplios que permiten llegar a familias con ingresos bajos o moderados.
La Seguridad Social destaca también el papel del IMV entre la población joven. La edad media de los beneficiarios es de 28,3 años y desciende hasta los 20,7 años si se excluye a los titulares de la prestación. Las mejoras introducidas en los últimos años han facilitado además el acceso de los jóvenes en situación de vulnerabilidad, al reducir los requisitos de independencia económica y favorecer la compatibilidad de la ayuda con el empleo.
El Ingreso Mínimo Vital se configura como una prestación destinada a garantizar unos ingresos mínimos a los hogares más vulnerables y se ha convertido en una de las principales herramientas de protección social, con especial incidencia en la infancia, las familias monoparentales y los jóvenes con dificultades económicas.
El Gobierno abona cerca de 74 millones de euros a más de 7.200 agricultores granadinos afectados por las borrascas. Granada, 8 de junio de 2026.- Los titulares de explotaciones agrícolas de la provincia de Granada han recibido ya cerca de 74 millones de euros en ayudas extraordinarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para compensar los daños ocasionados por las borrascas registradas durante el pasado invierno.
Se trata del primer listado de beneficiarios de esta línea de apoyo impulsada por el Gobierno de España, que continuará ampliándose con nuevas resoluciones durante los próximos meses hasta completar el programa de ayudas previsto por el Ministerio.
En esta primera fase han percibido ya estas ayudas un total de 7.213 titulares de explotaciones agrarias y ganaderas pertenecientes a 75 municipios de la provincia.
El municipio con mayor número de beneficiarios es Montefrío, donde 1.418 agricultores y ganaderos han recibido ayudas por importe de 14.054.268 euros. Le sigue Loja, con 1.105 beneficiarios y una cuantía total de 12.787.229 euros. También destacan Íllora, con 675 beneficiarios que han percibido cerca de seis millones de euros; Algarinejo, con 562 beneficiarios y más de 5,3 millones de euros; y Moclín, con 484 beneficiarios que han recibido 3,79 millones de euros.
El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha destacado que “el Gobierno de España ha articulado una respuesta sin precedentes para apoyar al sector agrario, movilizando recursos extraordinarios para agricultores y ganaderos en un ámbito que es competencia de las comunidades autónomas. Nunca se había articulado una respuesta de esta magnitud para respaldar a quienes han sufrido las consecuencias de una situación excepcional como la provocada por las borrascas del pasado invierno”.
Asimismo, ha subrayado que “el Ejecutivo ha vuelto a demostrar su compromiso con el sector primario, actuando con rapidez para garantizar la viabilidad de las explotaciones afectadas y contribuir a la recuperación de la actividad económica en el medio rural granadino”.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha destinado un total de 2.120 millones de euros a este programa extraordinario de ayudas para explotaciones agrícolas afectadas por daños derivados de las borrascas. Por ello, está previsto que continúen publicándose nuevos listados de beneficiarios en los próximos meses.
“El Gobierno de España está al lado de quienes más lo necesitan. Tras el episodio de intensas borrascas registrado entre enero y febrero, era imprescindible ofrecer apoyo a los agricultores que vieron mermadas sus cosechas y sufrieron daños en sus explotaciones”, ha señalado José Antonio Montilla.
