Lluvia recogida en el centro de Baza el viernes 13 de febrero: 3,3 l/m2
Lluvia recogida en el centro de Baza el sábado 14 de febrero: 6,6 l/m2
Lluvia acumulada en el mes de febrero en el centro de Baza: 84,6 l/m2
Convocada una huelga nacional de médicos del 16 al 20 de febrero que afectaría a Granada y, a falta de confirmación oficial, al Hospital de Baza. Los médicos de toda España están llamados a secundar una huelga nacional convocada para la próxima semana, del 16 al 20 de febrero, en el marco de un calendario de movilizaciones que podría prolongarse durante los próximos meses. La convocatoria parte de la Confederación Española de Sindicatos Médicos y cuenta con el respaldo del Sindicato Médico Andaluz, entre otras organizaciones profesionales, que reclaman un Estatuto Marco propio que reconozca las particularidades laborales y formativas del colectivo médico.
Los sindicatos denuncian que el borrador de reforma del Estatuto Marco que impulsa el Ministerio de Sanidad no contempla adecuadamente aspectos como la regulación de las guardias, la jornada laboral, la carrera profesional o la jubilación, y consideran que no se ajusta al nivel de responsabilidad y cualificación que exige el ejercicio de la medicina. En los últimos días se han sucedido concentraciones y actos reivindicativos en distintas ciudades españolas, en un clima de creciente tensión entre los representantes sindicales y el departamento que dirige la ministra de Sanidad.
En la provincia de Granada, los facultativos han confirmado su intención de sumarse al paro, por lo que la huelga tendrá incidencia en los hospitales y centros de salud gestionados por el Servicio Andaluz de Salud. Aunque la Junta de Andalucía aún debe concretar los servicios mínimos definitivos para garantizar la atención esencial, se prevé que, como en anteriores convocatorias, se mantenga la actividad en áreas críticas como Urgencias, UCI y atención a pacientes hospitalizados, mientras que la actividad ordinaria podría verse reducida.
En este contexto, los hospitales granadinos podrían experimentar retrasos o reprogramaciones en consultas externas, intervenciones no urgentes y pruebas diagnósticas programadas. La afectación concreta dependerá del seguimiento que tenga la huelga en cada centro y de los servicios mínimos que se establezcan oficialmente en los próximos días.
En cuanto al Hospital de Baza, integrado también en la red pública andaluza, todo apunta a que se verá afectado por la convocatoria en la misma medida que el resto de centros del sistema sanitario público en la provincia. Aunque no se han difundido medidas específicas para este hospital, la adhesión de los médicos granadinos a la huelga hace prever alteraciones en la actividad asistencial ordinaria, especialmente en consultas y procedimientos no urgentes, mientras que la atención urgente y los casos graves deberían quedar garantizados.
Las autoridades sanitarias recomiendan a los pacientes con citas programadas para esa semana que permanezcan atentos a posibles comunicaciones de su centro sanitario y que, en caso de duda, contacten previamente antes de desplazarse. La evolución de la huelga y el alcance real de su impacto dependerán del seguimiento que registre la convocatoria y de los avances que puedan producirse en la negociación entre el Ministerio y los representantes médicos en los próximos días.
La Diputación de Granada moviliza 43 millones para apoyar a los municipios tras los daños causados por el temporal. La Diputación de Granada ha diseñado un amplio plan extraordinario de ayudas, dotado con 43 millones de euros, con el fin de respaldar a los ayuntamientos de la provincia en la reparación de los daños ocasionados por el fuerte temporal que ha afectado al territorio en las últimas semanas. El presidente de la institución provincial, Francis Rodríguez, ha presentado este paquete económico, que será elevado la próxima semana a la Comisión de Economía como paso previo a su aprobación definitiva en el pleno ordinario de febrero.
Rodríguez ha destacado que se trata de un esfuerzo excepcional destinado a dar una respuesta rápida y eficaz a las necesidades más urgentes de los municipios. Según ha explicado, el plan se articula en cinco líneas de actuación que buscan tanto atender los desperfectos ya registrados como reforzar infraestructuras con el objetivo de reducir el impacto de futuros episodios meteorológicos adversos.
La primera de estas líneas cuenta con una asignación de 24,96 millones de euros y beneficiará a los 174 municipios de la provincia, así como a las seis Entidades Locales Autónomas. Estos fondos permitirán financiar obras de reparación de infraestructuras dañadas y actuaciones de carácter preventivo. El reparto se realizará conforme a criterios objetivos como la población, la extensión territorial y la dispersión geográfica, garantizando que todos los municipios dispongan de recursos para afrontar la recuperación.
De forma complementaria, se habilita una segunda línea dotada con seis millones de euros destinada a los 82 municipios que han sufrido los efectos más severos del temporal. La distribución de estas ayudas se basará en el informe técnico que elabora la Delegación de Emergencias de la Diputación, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta inmediata en las zonas más perjudicadas.
El tercer eje del plan contempla una inversión de once millones de euros para la reparación de la red de carreteras provinciales, gravemente afectadas por las lluvias. Esta partida permitirá acometer actuaciones urgentes que garanticen la seguridad vial y restablezcan la conectividad entre municipios, especialmente en las áreas rurales más castigadas.
La cuarta línea de actuación está orientada al litoral granadino, con una dotación de 540.000 euros para la reposición del mobiliario urbano dañado en las playas. Estas ayudas se concederán atendiendo a un criterio de 10.000 euros por kilómetro de costa, con el objetivo de recuperar los espacios públicos y favorecer la normalización de la actividad turística.
El paquete económico se completa con una quinta línea específica que reserva 100.000 euros para el municipio de Huétor Tájar, destinados a la reparación de una depuradora de aguas que ha sufrido daños significativos como consecuencia del temporal.
Este plan extraordinario se suma a las primeras medidas de urgencia adoptadas el pasado sábado, cuando la Diputación aprobó una inversión inicial de 408.000 euros para facilitar labores inmediatas de limpieza y recuperación en los municipios más afectados. Estas ayudas, abonadas de forma anticipada, beneficiaron a un total de 56 localidades.
Además, el presidente ha avanzado que se está ultimando una línea adicional de apoyo al sector turístico a través del Patronato Provincial de Turismo, con el objetivo de paliar las pérdidas derivadas del temporal. Está previsto que esta iniciativa sea presentada en los próximos días, una vez finalizado su diseño.
Rodríguez ha subrayado que la puesta en marcha de este ambicioso paquete económico ha sido posible gracias a la estabilidad financiera de la Diputación. Entre los factores que lo han permitido figuran la aprobación del presupuesto en plazo, su entrada en vigor el pasado 1 de enero, la liquidación del ejercicio anterior y, especialmente, la situación de deuda cero alcanzada por la institución tras la eliminación total de su pasivo. Esta solvencia, ha señalado, permite destinar recursos extraordinarios a los municipios en momentos de necesidad.
A estas medidas se suma la reciente solicitud al Gobierno de España para la declaración de la provincia como Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil, una iniciativa aprobada por unanimidad en un pleno extraordinario y que busca facilitar la llegada de más apoyos económicos y administrativos.
El presidente ha reafirmado el compromiso de la Diputación con la recuperación del territorio y ha asegurado que se continuará trabajando de forma coordinada con los ayuntamientos para que la provincia de Granada recupere cuanto antes la normalidad tras los efectos del temporal.
Los adjudicatarios del Palacio de los Marqueses de Cadimo estrenarán el 27 de febrero sus nuevas viviendas municipales de alquiler social. El Ayuntamiento de Baza culminará el próximo viernes 27 de febrero la entrega de trece viviendas municipales destinadas al alquiler social, ubicadas en el histórico Palacio de los Marqueses de Cadimo, situado en la emblemática Plaza de Santo Domingo. Ese día, el alcalde de la ciudad, Pedro J. Ramos, junto a representantes de las administraciones que han colaborado en el proyecto —Diputación de Granada, Junta de Andalucía y Gobierno de España—, hará entrega de las llaves a las personas adjudicatarias.
Estas nuevas viviendas, integradas en un inmueble catalogado como Bien de Interés Cultural dentro de su entorno monumental, permitirán el acceso a una vivienda digna a trece familias o unidades de convivencia que han sido seleccionadas a través del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda. Los contratos de arrendamiento ya han sido formalizados y los futuros residentes se encuentran ultimando los trámites previos a la ocupación, como la contratación de suministros básicos y el empadronamiento.
La empresa pública municipal Emuviba, responsable de la gestión de estos alquileres, ha llevado a cabo un proceso exhaustivo de adjudicación desde la finalización de las obras el pasado mes de diciembre. Durante este tiempo, más de un centenar de solicitantes visitaron los inmuebles, si bien solo trece cumplían los requisitos y condiciones necesarias para adecuarse a las características de las viviendas.
El próximo 27 de febrero marcará así el inicio de una nueva etapa para los adjudicatarios, que comenzarán a habitar este singular edificio rehabilitado para uso residencial. Desde el Ayuntamiento destacan el importante esfuerzo económico y administrativo realizado para sacar adelante esta actuación, subrayando su compromiso con el acceso a la vivienda como una prioridad municipal.
El alcalde ha trasladado su enhorabuena a los nuevos inquilinos y ha resaltado la voluntad del consistorio de seguir impulsando iniciativas que amplíen el parque público de vivienda en la ciudad, atendiendo a las diferentes necesidades de la población y favoreciendo el arraigo en el municipio.
La programación de las Semanas Culturales 2026 ya ha quedado definida tras el encuentro mantenido a mediados de febrero entre Ayuntamiento y representantes vecinales. El calendario arrancará los días 8 y 9 de mayo con las actividades previstas en la Plaza Al Andalus y se prolongará durante todo el verano hasta concluir el penúltimo fin de semana de agosto en el barrio del Ángel.
En total, serán dieciséis convocatorias repartidas por distintos puntos de la ciudad, consolidando una cita que cada año reúne a vecinos y visitantes en torno a propuestas culturales, festivas y de convivencia. La planificación se cerró en una reunión celebrada el miércoles 11 de febrero en la que participaron el área municipal encargada de Barrios y Anejos, el equipo de gobierno y representantes de las distintas zonas participantes.
Durante el encuentro se abordaron diferentes aspectos organizativos con el objetivo de mejorar el desarrollo de estas celebraciones, consideradas una parte esencial de la identidad local y del calendario tradicional. También se repasaron cuestiones relacionadas con la coordinación, los recursos y la logística necesarios para garantizar el buen funcionamiento de cada cita.
Todas las semanas culturales contarán, un año más, con el respaldo económico y organizativo del Ayuntamiento, que trabaja conjuntamente con el movimiento vecinal para sacar adelante cada programación. Desde el área responsable se destacó el valor de la implicación de los barrios, subrayando que la participación ciudadana resulta clave para mantener vivas estas celebraciones y fortalecer la vida cultural del municipio.
El Equipo de Gobierno cuestiona el uso de la vía judicial del Grupo Socialista en la gestión municipal. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Baza ha manifestado su preocupación por el uso reiterado de la vía judicial por parte del Grupo Municipal Socialista durante la presente legislatura, una dinámica que, según señalan, está teniendo un impacto directo en el funcionamiento ordinario de la administración local. Desde el ejecutivo municipal consideran que esta estrategia genera un clima de permanente confrontación que dificulta el desarrollo normal de la actividad política y administrativa.
En este sentido, apuntan que la interposición constante de recursos judiciales, pese a ser un derecho legítimo dentro del marco democrático, supone una carga adicional para los servicios municipales, incrementa los plazos de tramitación y obliga a destinar más recursos humanos y técnicos a la resolución de estos procedimientos. Asimismo, indican que esta situación provoca incertidumbre en colectivos, asociaciones y particulares que colaboran con el Ayuntamiento en la ejecución de proyectos y servicios públicos.
El gobierno local también ha querido destacar el papel que desempeñan los funcionarios municipales, recordando que todas las decisiones adoptadas cuentan con informes técnicos y jurídicos que respaldan su legalidad. En este contexto, consideran que el cuestionamiento sistemático de las actuaciones municipales afecta de manera indirecta al trabajo de estos profesionales, cuya labor resulta esencial para el correcto funcionamiento de la institución.
Como ejemplo reciente, mencionan el recurso contencioso-administrativo presentado por un concejal del PSOE en relación con la contratación del servicio de recogida de animales abandonados y la gestión del centro de acogida temporal del municipio, procedimiento que fue desestimado por la Justicia, con imposición de costas, al no apreciarse argumentos suficientes para sustentar la impugnación.
Por último, el equipo de gobierno subraya su apuesta por un debate político basado en el contraste de ideas, la transparencia y el respeto institucional, defendiendo la necesidad de centrar los esfuerzos en la mejora de los servicios públicos y en el desarrollo de proyectos que redunden en beneficio del conjunto de la ciudadanía de Baza.
El Grupo Socialista lamenta el uso de canales institucionales del Ayuntamiento para la confrontación política. Este es el titular del comunicado que nos ha remitido el Grumo Municipal Socialista y que, como suele ser habitual con los grupos políticos, ofrecemos de forma íntegra a continuación:
«El Grupo Municipal Socialista de Baza considera inapropiado el comunicado difundido desde los canales institucionales del Ayuntamiento en relación con el contrato del servicio de recogida de perros y gestión del centro de acogida de animales.
Acudir a los tribunales para que se revisen decisiones administrativas es un derecho reconocido por la ley y una herramienta normal de control democrático. Ejercerlo no puede presentarse ante la ciudadanía como un ataque al Ayuntamiento, a sus trabajadores ni al funcionamiento de la administración.
El origen de este asunto se encuentra en el cambio del modelo de gestión del servicio, que ha pasado de gestión directa a gestión indirecta. Desde nuestro grupo entendemos que una decisión de este alcance debe ser debatida y aprobada por el Pleno municipal, órgano de representación de todos los vecinos. Sin embargo, la tramitación se realizó mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, lo que ha motivado la discrepancia jurídica planteada.
Con anterioridad se solicitó la revisión del acuerdo por las vías administrativas correspondientes, sin que existiera un pronunciamiento que resolviera el fondo de la cuestión, motivo por el cual se acudió posteriormente a la jurisdicción contencioso-administrativa para que sea un órgano judicial quien determine si el procedimiento seguido es correcto.
Desde el Grupo Socialista queremos dejar claro nuestro respeto absoluto a los funcionarios municipales, cuyo trabajo es independiente de las decisiones políticas y nunca ha sido cuestionado por esta formación. El debate planteado se refiere exclusivamente a la forma en que se adoptan determinadas decisiones políticas y administrativas.
Lamentamos que se utilicen medios institucionales para personalizar un asunto jurídico ordinario y trasladarlo al terreno de la confrontación política. La discrepancia es legítima en democracia, pero debe tratarse con prudencia y respeto, evitando interpretaciones que puedan confundir a los vecinos.
Nuestro objetivo es únicamente garantizar la transparencia, la participación de todos los representantes públicos y la correcta utilización de los recursos municipales. Cuando exista una resolución judicial definitiva, será el momento de valorarla.
Mientras tanto, pedimos responsabilidad para no convertir un procedimiento legal habitual en un enfrentamiento innecesario entre instituciones y representantes públicos».
La sección “Por la Alameda” renueva hoy sus contenidos añadiendo un nuevo atírculo de Lola Fernández. Un articulo con el que esta autora sigue con su inquebrantable puntualidad y que vuelve a llegarnos justo con el inicio de cada nueva semana que el calendario nos trae y que esta vez ha llegado con el artículo titulado “Desembalsar”, que supone el número 685 de sus aportaciones, equivalentes a otras tantas semanas y que siguen sumando en esa “Por la Alameda” que se agiganta ya en su extensión y en su atractivo.
Una sección que cada semana nos invita a un ya acostumbrado paseo virtual en compañía el nuevo texto de nuestra colaboradora, quien esta vez entra de lleno en las situaciones climáticas vividas y padecidas en las últimas semanas, más en unos lugares que en otros, pero que en cualquier caso algo hay detrás de estas anomalías climáticas, por mucho que haya quienes se empeñen en sus negativas, hasta el punto del lamento que Lola nos deja de que no haya algún que otro tipo más de “desembalse”. Y con razón.
Tienen a su disposición, pues, nuestros lectores, el nuevo artículo al que se accede rápidamente desde el enlace que acompaña a su título, así como desde el enlace a esta sección que hay en el menú que aparece en la parte superior de esta misma pantalla y que nos lleva al índice de los artículos 410 al 685, mientras que para acceder a todos los anteriores hay que acceder al mismo menú mediante la ruta WebdeBaza V.2 -> Tribuna Abierta -> Por la Alameda, tras o que aparecerá el artículo 409, el cual irá seguido con el resto de los artículos entre ese número y el primero de los artículos publicados.
ERACIS+ promueve en San Valentín una iniciativa educativa para fomentar relaciones sanas y libres de estereotipos. Con motivo de la celebración de San Valentín, el programa ERACIS+, financiado por el Fondo Social Europeo Plus y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, ha puesto en marcha una campaña de sensibilización centrada en la educación emocional y la prevención de conductas perjudiciales en las relaciones afectivas.
La propuesta, titulada “Desmonta mitos, crea realidades”, consiste en un juego didáctico diseñado para cuestionar creencias ampliamente extendidas sobre el amor romántico y promover vínculos basados en el respeto mutuo, la igualdad y el bienestar personal. A través de una dinámica sencilla y participativa, se invita a reflexionar sobre ideas que, pese a su aparente carácter romántico, pueden favorecer la dependencia emocional, el control o la pérdida de la identidad individual.
El material, disponible para su descarga e impresión, permite desarrollar la actividad en distintos entornos comunitarios, como centros sociales, talleres formativos o encuentros con jóvenes y familias. El juego propone relacionar diferentes mitos con realidades alternativas, fomentando el debate y la construcción de mensajes positivos sobre el amor sano, entendido como una relación libre, sin control ni sufrimiento.
Desde el programa animan a la ciudadanía a participar y compartir su experiencia enviando imágenes de la actividad por correo electrónico o WhatsApp, con el objetivo de dar visibilidad al impacto de esta iniciativa y crear una red de participación activa.
ERACIS+ recuerda, además, que ofrece un servicio gratuito de acompañamiento social y laboral dirigido a personas empadronadas en las Cuevas de Baza, con edades comprendidas entre los 16 y los 65 años, interesadas en mejorar su situación personal, social y profesional. Las personas interesadas pueden obtener más información y solicitar su participación a través del correo electrónico eraciscuevasdebaza@ayuntamientodebaza.es, del teléfono 638 333 830 o acudiendo al Centro de Bienestar Social.
Toda la información y los materiales descargables están disponibles en la web municipal del Ayuntamiento de Baza.
Alcaldes y portavoces de la zona Norte reclaman a Diputación una “ayuda especial” para reparar los daños del temporal en barrios con casas cueva. Titular que en este caso nos llega desde el Partido Socialista provincial en el que pide a la institución provincial que “atiende esta demanda y pedirá a Diputación un plan de inversiones específico y que recupere su compromiso con las viviendas cueva” y que reproducimos a continuación, de forma íntegra:
«Alcaldes, alcaldesas y portavoces socialistas de los municipios de las comarcas de Baza y de Huéscar han reclamado a la Diputación de Granada una “ayuda especial” para reparar los daños del tren de borrascas en barrios con viviendas cueva, que se han visto muy afectados.
Tras evaluar en un encuentro las consecuencias del temporal en ambos territorios, han puesto de manifiesto la preocupación por la cantidad de incidencias registradas por filtraciones de agua de lluvia en viviendas-cueva situadas bajo viales públicos. “Se trata de una realidad exclusiva de la zona Norte, así como de la comarca de Guadix, que muchas veces aparece invisibilizada, pero que es recurrente en cada episodio de lluvias”, han subrayado.
Las y los representantes locales, que también han repasado los daños causados por el desbordamiento de ríos en explotaciones agrícolas o el corte y destrozo de carreteras y caminos rurales, han aludido a las “múltiples” filtraciones en viviendas cueva, que se sitúan bajo calles públicas de los municipios y que están afectando a estas casas.
“Está provocando incluso situaciones en las que los propietarios están preocupados por su propia seguridad, ya que, dependiendo de la intensidad de las filtraciones, éstas podrían dar pie a hundimientos”, han señalado.
Por todo ello, las y los distintos representantes del PSOE en estas comarcas han mostrado su “preocupación” y han pedido ayuda a todas las administraciones, especialmente a la Diputación de Granada como administración más cercana a los ayuntamientos y encargada de asistir técnica y económicamente ante situaciones de este tipo.
El grupo socialista en la institución provincial ha atendido esta demanda y pedirá a la institución provincial “un plan de inversiones específico y que recupere su compromiso con las viviendas cuevas, al igual que existía en los anteriores mandatos, cuando desde el PSOE se impulsaron programas específicos de apoyo a las localidades con viviendas cueva”.
El diputado provincial Juan Francisco Torregrosa ha considerado que, aprovechando que ahora se van a movilizar recursos para ayudar a los ayuntamientos a poner en marcha y a restaurar sus servicios públicos, “es la oportunidad perfecta para poner en marcha un plan extraordinario de inversiones en barrios de viviendas cuevas, en especial aquellos que tengan viviendas bajo viales públicos”.
“Es una forma de evitar en el futuro que se sigan produciendo filtraciones que provoquen esos daños en estos hogares, que evidentemente están habitados y cuyos propietarios están preocupados, al igual que los alcaldes y alcaldesas de los municipios que requieren de esta asistencia”, ha dicho Torregrosa».
El Ayuntamiento de Caniles defiende priorizar las necesidades del Altiplano y expone los motivos para solicitar la paralización del trasvase Negratín–Almanzora. El Ayuntamiento de Caniles considera que la reactivación del trasvase Negratín–Almanzora debe analizarse desde una perspectiva distinta a la puramente legal. Aunque se argumenta que se cumplen los parámetros técnicos que permiten su puesta en marcha, desde la comarca se plantea una cuestión previa: si resulta oportuno reabrir la transferencia en el actual contexto hídrico y territorial. Junto al Ayuntamiento de Zújar, Caniles reclama que antes de autorizar nuevos envíos se garantice el abastecimiento, las necesidades agrícolas y los compromisos pendientes en el Altiplano granadino.
Esta postura se apoya en diversos factores objetivos, como la normativa que regula el trasvase, la capacidad real de las infraestructuras existentes, la situación de los acuíferos y las restricciones en vigor, así como el funcionamiento del órgano encargado de tomar las decisiones.
- Umbrales legales y uso de la cesión de derechos
La transferencia Negratín–Almanzora está regulada por la Ley 55/1999, que establece tres condiciones para su activación: que el embalse del Negratín supere los 210 hectómetros cúbicos, que el Sistema de Regulación General del Guadalquivir alcance al menos el 30 % de su capacidad y que el volumen máximo anual trasvasado no rebase los 50 hectómetros cúbicos.
No obstante, la propia declaración de impacto ambiental del proyecto precisa que estos parámetros deben interpretarse de forma flexible, priorizando criterios ambientales, sociales, económicos y de ordenación territorial. Además, señala la necesidad de asegurar previamente que la cuenca cedente dispone de reservas suficientes para garantizar, a medio y largo plazo, los abastecimientos urbanos, los usos ecológicos y otros aprovechamientos considerados prioritarios.
Desde esta perspectiva, incluso cuando los indicadores técnicos permitan la transferencia, el planteamiento original del trasvase obliga a valorar en primer lugar la situación de la cuenca de origen, especialmente cuando presenta déficits estructurales.
- Diferencia entre trasvase y cesión de derechos
Parte del malestar social se origina en la utilización de la figura de la cesión de derechos para realizar envíos de agua aun cuando no se alcanzan los umbrales exigidos para la activación formal del trasvase. En 2024, plataformas ciudadanas y municipios como Castril denunciaron derivaciones que consideraban irregulares, mientras que desde el ámbito almeriense se argumentaba que no se trataba de una activación del trasvase, sino de operaciones amparadas en la cesión de derechos, una fórmula legal distinta aunque emplee la misma infraestructura.
Datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir indican que se realizaron envíos durante 767 días en los que el nivel del Negratín estaba por debajo de los 210 hectómetros cúbicos, lo que supuso una pérdida acumulada de 5.737,49 hectómetros cúbicos. Desde el Altiplano se considera que recurrir de forma sistemática a esta figura jurídica desvirtúa el sentido y la finalidad para los que fue concebida la transferencia.
- Infraestructuras desequilibradas
Otro de los argumentos centrales es la desigualdad en el desarrollo de infraestructuras. Mientras que la provincia de Almería dispone de un sistema plenamente operativo para recibir el agua trasvasada, el Altiplano continúa a la espera de inversiones clave que permitan sustituir las extracciones subterráneas por recursos superficiales procedentes del Negratín.
Este desfase implica que el territorio de origen no cuenta con los medios necesarios para aprovechar sus propios recursos hídricos en igualdad de condiciones, lo que genera una percepción de agravio. La existencia de conducciones eficaces hacia la cuenca receptora contrasta con la falta de obras, concesiones efectivas y modernización en la cuenca cedente.
- Restricciones y acuíferos en situación crítica
En 2025, la Asociación de Agricultores y Ganaderos del Altiplano (AGAPRO) alertó de la aplicación de restricciones tanto para riego como para abastecimiento, derivadas de la sobreexplotación de la masa de agua subterránea Baza–Freila–Zújar. En este contexto, Caniles sostiene que permitir nuevas derivaciones hacia otra cuenca sin haber resuelto previamente los problemas estructurales del territorio supone consolidar un modelo de desequilibrio hídrico.
El consistorio defiende que, antes de abordar cualquier trasvase, debe saldarse la deuda histórica de inversiones, modernización de regadíos y mejora de la seguridad hídrica en la comarca.
- Solidaridad con condiciones
Caniles subraya que su postura no se opone a la solidaridad interterritorial ni cuestiona las necesidades de la provincia de Almería. Sin embargo, plantea un orden claro de prioridades: en primer lugar, ejecutar las actuaciones comprometidas para el Altiplano, incluyendo concesiones efectivas, modernización de infraestructuras y sustitución de pozos por recursos superficiales; en segundo término, aplicar de forma rigurosa los límites y controles previstos para cualquier transferencia, con independencia de la fórmula jurídica utilizada.
Desde el municipio se insiste en que la solidaridad no debe sustentarse sobre territorios que aún carecen de infraestructuras básicas y estabilidad hídrica.
- Llamamiento institucional
La alcaldesa de Caniles, María del Pilar Vázquez, ha expresado su inquietud por la evolución del embalse del Negratín y por las decisiones adoptadas respecto al uso de sus aguas, al tiempo que ha reclamado la implicación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España.
Según ha señalado, “existe una deuda histórica con Caniles, con Baza y con todo el Altiplano. Las concesiones anunciadas no se han hecho realidad y las inversiones necesarias para modernizar los regadíos y garantizar el desarrollo agrícola de una comarca eminentemente rural siguen sin materializarse”.
La regidora ha añadido que el agua del Negratín debe servir prioritariamente para asegurar el futuro de quienes viven en su entorno y ha recalcado que la comarca no solicita privilegios, sino un trato equitativo y justo.
El Ayuntamiento de Caniles reitera finalmente su compromiso de colaborar con los municipios afectados para defender los intereses del Altiplano y exige a las administraciones competentes que respeten la normativa vigente y cumplan los compromisos adquiridos antes de autorizar nuevas derivaciones hacia otros territorios.
Los regantes de Caniles denuncian el agravio histórico del Negratín: “Otros crecen, nosotros nos vaciamos”, por la falta de concesiones que impide modernizar el regadío y frena la competitividad. La Comunidad de Regantes Llanos de Caniles, presidida por José Ramón Valero, ha alzado la voz para reclamar de manera urgente la resolución de las concesiones de agua que llevan décadas bloqueadas, una situación que califican de “injusta, insostenible y profundamente discriminatoria” para el territorio del Altiplano granadino.
Valero denuncia que mientras otros territorios sí han podido aprovechar el agua del Negratín para generar riqueza, empleo y agroindustria, en Caniles y en buena parte del Altiplano “llevamos más de 40 años esperando unas concesiones que nunca llegan, viendo cómo nuestros jóvenes se marchan y cómo nuestras explotaciones pierden competitividad año tras año”.
El presidente de la comunidad de regantes recuerda que el agua del Negratín es un recurso estratégico que, bien gestionado, puede transformar el territorio:
“El agua es la herramienta más poderosa para fijar población, crear empleo y dar estabilidad a nuestras explotaciones. Pero aquí, en el Altiplano, lo único que ha creado la falta de concesiones es despoblación, abandono de tierras y depresión económica”.
Valero subraya que la situación es especialmente grave porque la zona cumple todos los requisitos técnicos, ambientales y administrativos, pero la tramitación se está eternizado sin justificación.
La comunidad denuncia que, mientras en el resto de Andalucía el agua del Negratín ha permitido consolidar industrias, modernizar regadíos y atraer inversiones, en el Altiplano granadino “seguimos en el punto de partida”.
“No pedimos privilegios, pedimos igualdad. Pedimos que se nos trate con el mismo respeto que a cualquier otro territorio que depende del Negratín para su desarrollo”.
Esta reivindicación se suma a la creciente presión institucional y social en la comarca, donde los ayuntamientos y asociaciones han pedido recientemente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que garantice la legalidad y la transparencia en la gestión del trasvase Negratín–Almanzora.
La Comunidad de Regantes Llanos de Caniles reivindica la resolución inmediata de las concesiones pendientes, un calendario claro para la puesta en marcha de las obras de las infraestructuras hidráulicas en alta y baja desde el Negratín y la garantía de que la Junta de Explotación del Guadiana Menor tendrá voz y representación real en la Comisión Técnica de Gestión del trasvase.
Valero concluye con un mensaje firme: “El agua del Negratín es de todos, también del Altiplano. No podemos permitir que nuestro territorio siga siendo el último de la fila mientras otros avanzan. Queremos concesiones, queremos futuro, queremos desarrollo y queremos la corrección de los agravios históricos que han frenado el desarrollo agrícola de nuestra comarca”.
Regantes de Zújar exigen a la CHG actualizar la representación del trasvase Negratín–Almanzora y denuncian que la Comisión Técnica sigue operando con vocales elegidos en 2013. La Comunidad de Regantes Santo Ángel ha solicitado formalmente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la convocatoria urgente y extraordinaria de la Junta de Explotación del Guadiana Menor, con el objetivo de elegir nuevos representantes de los usuarios del Guadalquivir en la Comisión Técnica de Gestión del Trasvase Negratín–Almanzora. La petición quedó registrada el 13 de febrero de 2026 ante la Administración General del Estado, según consta en el justificante oficial del registro electrónico.
La solicitud, dirigida a la Directora Técnica de la CHG, Nuria Jiménez Gutiérrez, argumenta que las actuales circunstancias legales permiten activar el trasvase, pero que la Comisión Técnica no puede reunirse sin que la Junta de Explotación —renovada en 2018 y 2023— designe de nuevo a sus representantes, tal y como establece la Orden AAA/2454/2012. El documento recuerda que los vocales actuales fueron elegidos en 2013 y que, por tanto, no cuentan con legitimidad vigente, al no haber sido refrendados por la Junta renovada.
El escrito subraya que la representación de los usuarios del Guadalquivir no es vitalicia ni hereditaria, y que cada renovación de las Juntas de Explotación obliga a repetir el proceso de elección. Por ello, la Comunidad de Regantes Santo Ángel —en nombre del resto de usuarios del Guadiana Menor— reclama que la CHG convoque de inmediato la sesión para abordar un único orden del día:
- Propuesta de candidatos.
- Votación y designación de los dos representantes del Guadalquivir en la Comisión Técnica del trasvase.
Directiva de la comunidad junto a representantes municipales de Zújar.
El presidente de la Comunidad de Regantes Santo Ángel y vocal electo de la Junta de Explotación Guadiana Menor, David Fernández, ha subrayado la dimensión territorial del conflicto: “No hablamos solo de agua. Hablamos de empleo, de población joven que se queda, de empresas que pueden crecer y de un territorio que quiere prosperar. Si existen mecanismos ágiles para activar infraestructuras hídricas cuando se trata de abastecer a otros territorios, esa misma diligencia debe aplicarse cuando se trata de desarrollar la comarca que alberga el propio embalse. Resulta difícil de comprender que la reserva de 18 hectómetros cúbicos prevista para el desarrollo de la comarca que alberga al Negratín, lleve décadas inmersa en requerimientos, informes y trámites que no terminan de materializarse. El Negratín no puede ser solo una infraestructura de paso. Tiene que ser también una oportunidad para la comarca que lo sostiene.”
Sus palabras reflejan el creciente malestar en una comarca donde el acuífero ha sido declarado en mal estado cuantitativo y donde agricultores, cooperativas y pequeñas industrias dependen de la estabilidad hídrica para mantener su actividad y evitar la pérdida de población.
El trasvase Negratín–Almanzora es una infraestructura clave que conecta Granada y Almería, permitiendo transferencias de agua para abastecimiento y regadío. La activación de cada campaña requiere la participación de la Comisión Técnica, donde los usuarios del Guadalquivir deben estar representados de forma legítima.
Sin esa representación renovada, las decisiones quedan bloqueadas, generando incertidumbre en un territorio que ya arrastra años de sequía, restricciones y tensiones por el reparto del agua.
La solicitud registrada por la Comunidad de Regantes Santo Ángel no es solo un trámite administrativo: es un mensaje político y social. La comarca del Guadiana Menor exige que se respete el procedimiento, que se actualicen los órganos de participación y que el trasvase deje de ser un asunto gestionado “desde arriba” sin la participación efectiva de quienes sostienen el territorio.
La pelota queda ahora en el tejado de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que deberá decidir si atiende la petición y convoca la Junta de Explotación en los próximos días.
La DGT denuncia más de 230 vehículos escolares en la última campaña de inspección, del 19 al 23 de enero, principalmente por irregularidades administrativas. La Dirección General de Tráfico ha desarrollado entre los días 19 y 23 de enero la campaña de vigilancia y control de vehículos dedicados al transporte escolar y de menores, periodo durante el que ha controlado un total de 477, de los que el 49,9%, es decir, 238 fueron sancionados con un total de 484 denuncias formuladas por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Se trata de un porcentaje ligeramente inferior a los registrados de las últimos dispositivos específicos sobre este sector que se han realizado en estos pasados años.
Esta campaña tiene como fin comprobar que los vehículos destinados al transporte escolar cumplen con la normativa establecida y, tras su desarrollado, se ha comprobado, como viene siendo habitual, que la mayoría de las irregularidades son de carácter administrativo. Así, 180 denuncias (37,2%) se han interpuesto por no disponer de la autorización especial para realizar transporte escolar y 101 (20,8%), por no tener suscrito un seguro de responsabilidad ilimitada, tal como exige la ley.
Destaca el significativo descenso en el número de denuncias asociadas al exceso de velocidad, pues tan solo 3 vehículos incumplían esta norma.
Asimismo, es un hecho favorable que ninguno de los conductores de transporte escolar controlados durante la campaña diera positivo en los controles preventivos de alcohol y drogas realizados por los agentes, lo que refleja el trabajo que se está realizando y que justifica seguir interviniendo, como identifica la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030, en aras a la “tolerancia cero con comportamientos de riesgo”.
Respecto al uso del cinturón de seguridad en aquellos vehículos que los llevan incorporados, en las inspecciones realizadas por los agentes se constató que en 5 de los vehículos controlados (1,03%) no disponían de estos sistemas de retención o carecían de anomalías técnicas para su correcto funcionamiento.
Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil también han comprobado que 24 vehículos de transporte escolar (4,96%) presentaban deficiencias en las puertas de servicio y emergencias, así como en sus dispositivos de accionamiento y otros 3 (0,62%) fueron denunciados por no tener al día la Inspección Técnica de Vehículos.
En lo que se refiere a la señalización obligatoria que este tipo de vehículos deben llevar, 23 (4,75%) de los vehículos controlados no llevaban la correspondiente señal V-10 de transporte escolar, un porcentaje que ha disminuido ligeramente respecto al de la última campaña, y otros 5 (1,03%) carecían del dispositivo luminoso con señal de emergencia.
En relación a las denuncias por manipulación del tacógrafo, exceso de tiempo de conducción o minoración del descanso, un total de 36 autocares (7,4%) habían excedido alguno de estas premisas, registro inferior a las últimas campañas.
Por último, 5 autobuses del total de controlados (1,03%) carecían de una persona encargada del cuidado de los menores tal y como procede.
Pinkbear Baza firma una victoria rotunda ante el Mar Instalaciones (93-67), tras el parón por los temporales, mientras que la cantera no obtuvo el premio que su esfuerzo mereció. Pinkbear Baza regresó a la competición de la mejor manera posible tras el parón provocado por los temporales, ofreciendo a su afición una actuación sobresaliente que se saldó con un triunfo contundente por 93-67 ante el equipo linarense. El conjunto bastetano volvió a sentirse arropado por la que es considerada una de las mejores aficiones de Andalucía, en un encuentro que fue de menos a más y que terminó decidiéndose con claridad en la segunda mitad.
El partido comenzó con un ritmo elevado y con un Mesbeiller especialmente inspirado, imponiéndose en el uno contra uno y liderando rápidas transiciones que pusieron en apuros al equipo local. Este buen arranque permitió mantener la igualdad durante los primeros compases, cerrándose el primer cuarto con un ajustado 20-22.
En el segundo periodo, las defensas ganaron protagonismo y el juego se volvió más equilibrado. A pesar del mayor control defensivo, Pinkbear Baza logró marcharse al descanso con una ligera ventaja gracias a una espectacular canasta de Salva sobre la bocina, que situó el marcador en 43-39.
Tras el paso por vestuarios, el conjunto bastetano elevó notablemente su intensidad defensiva y encontró mejores soluciones ofensivas, lo que le permitió abrir brecha en el marcador y romper definitivamente el encuentro. El dominio fue tal que el técnico pudo dar minutos al junior Gabri Senés, reflejo del buen momento colectivo del equipo. El choque quedó sentenciado con un claro 93-67 con el que se llegó al final del encuentro.
Por otro lado, en la jornada matinal del sábado, los equipos cadete y junior no pudieron brindar la victoria en Baza. Especialmente meritoria fue la actuación del conjunto junior, que cayó por un solo punto en un final muy ajustado frente al líder de la categoría.
Por su parte, el equipo mini de Diputación se vio superado por un sólido conjunto de Gójar, en un partido en el que, pese al esfuerzo, no lograron imponer su juego.
Resultados y clasificación tras la última jornada en la Primera Andaluza Nacional de Baloncesto. Clicar en las imágenes para ampliarlas:
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