Por Lola Fernández.
Desde Montesquieu, un jurista intelectual y político francés de la Ilustración, entre otras cosas, su teoría de la separación de poderes estatales está en la base de toda democracia que se precie, siendo así que, cuanto más nítida y firme sea esa separación, más auténtica la democracia; y, al contrario, cuantas más interferencias se den entre las potestades que sustentan la vida política de un país, más pobre y débil un Estado, y menos de Derecho. Esos poderes son el Legislativo, que elabora y aprueba leyes; el Ejecutivo, que dirige la política nacional e internacional, además de administrar la política pública; y el Judicial, que, aparte de impartir la justicia, se encarga de velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes. El Poder Legislativo corre a cargo de las Cortes Generales: el Congreso y el Senado; el Poder Ejecutivo lo ejerce el Gobierno, con su Presidente a la cabeza; y el Poder Judicial corresponde a jueces y tribunales. Hasta aquí, todo sencillo y bien diferenciado, pero, ay, el problema surge cuando hay injerencias de uno u otro tipo y la independencia y la separación entre estos poderes se ven amenazadas. Quien siga la actualidad social y política de España sabe perfectamente que nuestra democracia se encuentra bastante resentida, y que se dan múltiples enfrentamientos entre los distintos elementos estructurales de nuestro sistema político.
A nadie se le escapa la abierta lucha entre Congreso y Senado, el primero sin claras mayorías, a no ser que se logren a base de pactos, algo absolutamente democrático, pero que a una parte de la oposición le parece poco menos que diabólico; y el segundo, con una mayoría absoluta que sólo busca el boicot, olvidando que nada en él es decisivo, puesto que se trata de una cámara supuestamente territorial que a día de hoy sólo cuesta mucho dinero público y supone un retraso absurdo en todas las decisiones de la vida política, aparte de ser un refugio de los candidatos políticos a senador que no caben en las listas electorales para diputado. Del mismo modo, quién no conoce la politización del Poder Judicial, que a veces parece un instrumento al servicio de ciertos partidos que quieren torpedear el sistema hasta el punto de buscar artificialmente que los resultados salidos de las urnas sean sustituidos por los que prefieren dichos partidos. Por si fuéramos pocos, un cuarto poder estatal extraoficial se suma al cotarro político, el periodismo; y aquí sí que es verdad que en nuestro país hay un interesado y nada independiente conjunto de periodistas, salvando válidas excepciones, que a través de los diferentes medios de comunicación nos trasladan la información, esa que se supone que ha de ser veraz y objetiva, pero que después cambia más de color que un camaleón, según el medio que se elija. Hay tanto adoctrinamiento, tanta mentira, tanto bulo, que es difícil respetar un oficio que, cuando se ejerce bien, es digno de toda consideración. Y al final, todo contribuye a un claro empobrecimiento y a una brutal crispación en la vida política nuestra de cada día, de manera que hasta los más apasionados van perdiendo la ilusión por seguirla; si a ello le unimos el gran desconocimiento por parte de un sector de la juventud sobre lo que implica una auténtica democracia, y la inmensa diferencia entre ella y una dictadura, pues a la desilusión se le une el desaliento. Ante ello sólo cabe tener paciencia y no dejar que se cumpla el objetivo de tanta y tanta interferencia, que me parece que es que la ciudadanía se harte y, llegado el momento, no acuda a la cita con las urnas. Entre todos hemos de conseguir que, por mucho boicot y obstáculos, nada ni nadie consiga cargarse la democracia.
