Activado un plan de ayudas para la rehabilitación de viviendas en Cuevas de Baza con subvenciones de hasta 3.500 euros. El Ayuntamiento de Baza ha abierto el plazo para que los vecinos que residan en áreas catalogadas como desfavorecidas puedan acceder a ayudas económicas destinadas a la mejora de sus viviendas. Esta convocatoria, disponible durante todo 2025, cuenta con una partida inicial de 50.000 euros gestionada por la Concejalía de Urbanismo.
Las subvenciones, que podrán alcanzar un máximo de 3.500 euros por inmueble, están dirigidas a los residentes de las calles incluidas en la zona Cuevas de Baza, quienes deberán acreditar la necesidad de las obras. La cuantía que conceder dependerá, además, de la situación económica de cada solicitante, tomando como referencia el IPREM de este año.
Entre las actuaciones subvencionables figuran reparaciones de cubiertas, fachadas, aleros y elementos de carpintería exterior, así como trabajos para eliminar humedades tanto en paredes exteriores como en el interior. También se contemplan reformas en baños y cocinas que resulten imprescindibles para la habitabilidad.
Las obras deberán ejecutarse tras la concesión de la ayuda y contar con la licencia municipal correspondiente. El plazo máximo de ejecución será de cinco meses. Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento o a través de la sede electrónica, y las bases completas están disponibles en el Tablón de Anuncios de la web municipal.
Con esta medida, el consistorio pretende apoyar a las familias con menos recursos y mejorar las condiciones de habitabilidad en uno de los barrios con mayores necesidades de rehabilitación.
La ONG Columbares impulsa en Baza el taller “Cuidarse para cuidar” para apoyar a cuidadores familiares de personas mayores. La ONG Columbares, en colaboración con Cruz Roja, el Centro de Salud de Baza y el Ayuntamiento de la ciudad, organiza el próximo miércoles 24 de septiembre el taller “Cuidarse para cuidar”, una iniciativa enmarcada en el programa “Ayudando-Te: apoyo a las familias cuidadoras de personas mayores dependientes”. La cita tendrá lugar a las 11:00 horas en la sede de Cruz Roja en Baza.
El programa Ayudando-Te, que se desarrolla en distintas provincias andaluzas como Granada, Jaén, Córdoba y Almería, tiene como objetivo ofrecer apoyo integral a las familias que atienden en sus hogares a personas mayores en situación de dependencia. Financiado por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Inclusión Social, Familias e Igualdad con la asignación tributaria del 0,7 % del IRPF, incluye formación práctica sobre el cuidado diario, orientación en recursos sociales y trámites administrativos, así como espacios de apoyo emocional para los cuidadores.
En el caso del taller que se celebrará en Baza, los profesionales de enfermería de enlace del Centro de Salud serán los encargados de impartir la sesión. Durante la misma se abordarán claves esenciales para el autocuidado de quienes ejercen como cuidadores no profesionales, con pautas para proteger su salud física y mental, además de herramientas para afrontar el estrés, la ansiedad y la sobrecarga emocional. También se ofrecerán recursos aplicables en la rutina diaria con el fin de mejorar tanto la calidad de vida de los cuidadores como la de las personas dependientes a su cargo.
El cuidado de familiares mayores en situación de dependencia es una tarea que, en muchos casos, recae sobre personas que no cuentan con la formación ni con el respaldo suficiente, lo que puede derivar en problemas de salud, aislamiento social o dificultades para conciliar otras responsabilidades. Por ello, iniciativas como “Cuidarse para cuidar” buscan ofrecer un respiro, herramientas útiles y un espacio de acompañamiento para quienes sostienen buena parte del bienestar de las personas más vulnerables de la comunidad.
La nueva presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Gloria Martín, afirma que el consumo de agua está plenamente garantizado para tres años. Desde el pasado mes de julio, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) cuenta con nueva presidenta. Se trata de Gloria Martín Valcárcel, ingeniera química y licenciada en Derecho, con dos décadas de trayectoria dentro del propio organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. Su llegada coincide con el cierre de un año hidrológico excepcionalmente caluroso y con la responsabilidad de gestionar una cuenca en la que se concentran más de 900.000 hectáreas de regadío.
La presidenta de la CHG señala que, pese a que la situación de los embalses sigue siendo delicada, el panorama es mejor que en los últimos seis años. En provincias como Sevilla y Huelva la situación ha mejorado notablemente, mientras que en Jaén la recuperación avanza con más lentitud y en Granada aún persisten sistemas en estado de emergencia o alerta. “El abastecimiento urbano está asegurado al menos para los próximos tres años”, explica, aunque recuerda que la campaña de riego dependerá en gran medida de las lluvias que se registren durante los próximos meses.
El año agrícola estuvo marcado por la incertidumbre hasta que, en marzo, la llegada de varias borrascas cambió el escenario. Aun así, muchos agricultores habían optado por cultivos de menor demanda hídrica ante la previsión de reducciones en las dotaciones. Martín destaca el esfuerzo que el sector viene realizando en materia de eficiencia y ahorro, lo que ha permitido reducir los desembalses respecto a lo inicialmente autorizado.
En relación con las altas temperaturas del verano, la presidenta resta importancia a la pérdida de agua por evapotranspiración: “Las diferencias de dos o tres grados respecto a otros años no tienen un impacto significativo en las reservas”.
Uno de los debates más sensibles en la cuenca es la posibilidad de ampliar la superficie de regadío. Martín recuerda que desde 2005 está vetado el incremento de hectáreas, salvo en casos justificados mediante agua regenerada o por ahorros conseguidos. Según subraya, el 80% de los regadíos ya se ha modernizado y los esfuerzos deben centrarse en continuar en esa línea. Pone como ejemplo las mejoras en los arrozales de la margen izquierda del Guadalquivir, donde la modernización ya es casi total, mientras que en la derecha se avanza con actuaciones como el recrecimiento de canales.
En todo caso, Martín inicia su mandato con el doble objetivo de garantizar el abastecimiento urbano y asegurar la sostenibilidad de un regadío que concentra el 86% del consumo de agua de la cuenca del Guadalquivir.
La plataforma de Castilléjar se unirá a la protesta estatal contra las macroplantas de biogás y biometano que se celebrará el próximo sábado en Madrid. La oposición vecinal a los grandes proyectos de biometano gana fuerza en España. Más de medio centenar de asociaciones y colectivos ciudadanos de distintas comunidades han confirmado su participación en la manifestación convocada por Stop Biogás, que tendrá lugar en Madrid el próximo 27 de septiembre a las 12 del mediodía. Entre ellas estará la Plataforma contra la Macroplanta de Biometano de Castilléjar, que ha anunciado su adhesión para “defender el futuro del pueblo” frente a este tipo de instalaciones.
En un comunicado, este colectivo rechaza que su territorio se convierta en lo que califican como “tierra de sacrificio” bajo la etiqueta de energía verde. Argumentan que las macroplantas de biogás y biometano no representan una alternativa sostenible, sino que conllevan riesgos significativos para la salud, los acuíferos y los suelos agrícolas. Según la plataforma, estas infraestructuras procesan residuos como purines de macrogranjas, lodos de depuradora, subproductos cárnicos o alperujos, generando un digestato cargado de metales pesados, bacterias y nitratos que podría terminar filtrándose en el agua y extendiéndose por los campos.
Stop Biogás denuncia además la ausencia de una legislación específica en España que regule estas plantas y advierte de la falta de planificación territorial para evitar su proliferación descontrolada. Esta situación, sostienen, deja a las comunidades rurales en una posición de indefensión al no ser tenidas en cuenta en la toma de decisiones que afectan directamente a su entorno.
La plataforma de Castilléjar insiste en que la movilización del 27 de septiembre pretende reivindicar un modelo energético distinto, descentralizado y verdaderamente sostenible. Reclaman agua limpia, suelos fértiles para una agricultura sana y aire de calidad para las próximas generaciones. “No vamos a quedarnos de brazos cruzados. Queremos decidir cómo construir nuestro futuro y exigimos que la voz del pueblo sea escuchada”, subrayan en su declaración, concluyendo con un mensaje claro: “Ni en tu pueblo ni en el nuestro. No a las macroplantas de biometano”.
La Guardia Civil pone a disposición judicial a un hombre como presunto responsable del reciente incendio en Benamaurel y Castilléjar. Un hombre de 62 años ha sido entregado a la justicia por la Guardia Civil acusado de provocar, de forma imprudente, un incendio forestal que arrasó unas 100 hectáreas en los municipios granadinos de Benamaurel y Castilléjar.
La investigación, asumida por el Seprona de Huéscar en colaboración con la Brigada de Investigación de Incendios Forestales y técnicos de Medio Ambiente, determinó que el fuego, ocurrido el pasado 20 de agosto, se originó en una finca agrícola. Allí, un generador en mal estado y un cableado defectuoso que alimentaba la bomba de un pozo habrían generado chispas que prendieron la vegetación cercana. Las llamas se extendieron rápidamente por pinares, matorrales y cultivos.
Durante la inspección se constató que el responsable de la instalación no había cumplido con varias medidas preventivas previstas en el Plan de Prevención de Incendios Forestales. Entre las irregularidades detectadas figuraban la ausencia de un perímetro de seguridad de cinco metros en torno al generador, la falta de un muro de protección, así como no disponer ni de extintores ni de depósitos de agua. Tampoco contaba con la autorización administrativa requerida para operar los equipos.
Con estos indicios, el hombre ha sido presentado ante la autoridad judicial como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia grave.
UPA Granada cuestiona la declaración de la Sierra de la Sagra como nuevo Parque Natural ante las posibles restricciones para las actividades agraria y ganadera. Los agricultores y ganaderos necesitan ayuda y agilidad en sus trámites, no más burocracia y restricciones. Y eso es, precisamente, lo que tendrían los habitantes del medio rural en la Sierra de la Sagra si es declarada Parque Natural. El secretario general de UPA Granada, Nicolás Chica Escanes, considera que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Sierra de la Sagra debe ser una herramienta que facilite, coordine e impulse la actividad en el medio rural, y no una carga burocrática que limite a quienes ya han conservado sus recursos. Por ello, “cuestionamos la necesidad de declarar un nuevo Parque Natural, al considerar que esta medida podría suponer una sobreprotección innecesaria, sin una justificación técnica clara, y con el riesgo de añadir nuevas restricciones que afecten negativamente a agricultores, ganaderos y silvicultores que han contribuido históricamente a la conservación de este entorno”, concreta Nicolás Chica Escanes. Desde UPA Granada “nos oponemos categóricamente a este PORN e instamos a las administraciones públicas a que apuesten de verdad por flexibilizar e incentivar la actividad del sector primario como pilar esencial del desarrollo y prosperidad de nuestros pueblos y comarcas y que no promuevan este tipo de herramientas que pretenden justamente lo contrario”. 
La Sierra de La Sagra, confirma el secretario general de UPA Granada, “ya cuenta con figuras de protección ambiental consolidadas, como son la Red Natura 2000; la Zona de Especial Conservación; y su pertenencia al Geoparque de Granada, que han demostrado ser eficaces y compatibles con la actividad socioeconómica del medio rural”. Y entiende que la propuesta de Parque Natural afecta, principalmente, a terrenos privados, “que representan el 73% de la Sierra (35.700 hectáreas), frente al 27% de titularidad pública (13.396 hectáreas).
Esta situación contrasta con otros espacios protegidos donde predomina la propiedad pública, lo que facilita la gestión. En este caso, las restricciones podrían generar un impacto económico negativo en explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales de baja rentabilidad, comprometiendo el desarrollo rural y la equidad territorial”, explica.
Ante esta situación, considerando además “inaceptables” algunos aspectos incluidos en el Plan de Organización de los Recursos Naturales, UPA Granada ha presentado alegaciones en las que destaca que la cartografía del PORN “no refleja adecuadamente el uso agrícola real del suelo según Catastro, incluyendo parcelas agrícolas en zonas protegidas sin justificación técnica, lo que podría limitar injustamente la actividad agraria”. Asimismo, la Organización entiende que “para evitar una oposición generalizada, es necesario flexibilizar las limitaciones del PORN, ya que el régimen de autorizaciones previsto impone una carga burocrática excesiva sobre los propietarios y usuarios del territorio, en su mayoría titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas”. UPA Granada considera también que la ganadería extensiva “es esencial para la sostenibilidad del territorio, pero enfrenta graves dificultades económicas y de relevo generacional, por lo que proponemos el apoyo institucional mediante infraestructuras públicas (caminos, apriscos, abrevaderos) y medidas que faciliten el acceso a recursos y la continuidad del sector”.
Nicolás Chica Escanes critica que el PORN “impone trámites innecesarios para actividades agrarias básicas en un territorio mayoritariamente forestal (88%), lo que dificulta la gestión de explotaciones familiares”. Por eso, UPA Granada propone “eximir de autorización o comunicación actuaciones como el cambio de cultivo en huertas, mejora de regadíos, transformación agrícola intensiva en pequeñas parcelas, desarraigo de cultivos leñosos y manejo de vegetación en lindes, todas ellas esenciales para la viabilidad económica y social del sector”.
En definitiva, en UPA Granada tenemos muy claro que “la agricultura y la ganadería han sido, y siguen siendo, el motor del mundo rural, cohabitando e interactuando con la naturaleza, y velando por la preservación del medio. Entendemos que la figura del Parque Natural, tal y como se plantea, resulta ineficaz e innecesaria. Además, por si fuera poco, la estructura y regulación actual del PORN suponen un auténtico perjuicio para los agricultores y ganaderos de la zona, ya que traería consigo la imposición de más restricciones, limitaciones y burocracia para un sector que ya se encuentra al límite”, concluye Nicolás Chica Escanes.
Los 174 municipios de la provincia escenifican su apoyo a la candidatura de Granada para la Capital Europea de la Cultura 2031. La candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031 suma un respaldo unánime en la provincia. Los alcaldes y alcaldesas de los 174 municipios granadinos se dieron cita en el Palacio de Congresos de Granada para formalizar su adhesión a un proyecto que busca situar a la ciudad y a toda la provincia en el epicentro cultural de Europa durante la próxima década.
En el acto, la alcaldesa de la capital, Marifrán Carazo, subrayó que se trata de “un proyecto compartido” que trasciende las fronteras de la ciudad. “Granada 2031 no es solo una iniciativa local, es una aspiración de provincia. La suma de los 174 municipios demuestra que todo el territorio late al unísono por este objetivo. Queremos ser corazón cultural de Europa, unidos por nuestras gentes y nuestras raíces”, expresó.
Carazo destacó, además, la capacidad de la cultura para convertirse en motor de transformación y cohesión social. “El apoyo de todos los municipios refleja la dimensión y el poder unificador de esta candidatura, que nace de la ciudadanía y de su identidad cultural”, señaló.
Por su parte, el presidente de la Diputación, Francisco Rodríguez, puso el acento en la importancia de las alianzas institucionales. Afirmó que la institución provincial actúa como “puente entre la ciudad y el conjunto de municipios” y valoró que la adhesión simboliza la unidad de toda la provincia en torno a un proyecto común. “Hoy sentimos esta candidatura como un reto compartido, un movimiento que nos hace más fuertes y que convierte la cultura en palanca de desarrollo”, dijo.
Rodríguez remarcó que la candidatura cuenta ya con un apoyo amplio y plural que integra no solo a las administraciones públicas, sino también a asociaciones culturales, colectivos sociales, tejido empresarial y ciudadanía. “Lo mucho que nos une”, insistió, es la base sobre la que se construye un proyecto que busca transformar Granada y su provincia en un referente cultural europeo.
Con este paso, la candidatura de Granada 2031 se consolida como un movimiento de alcance provincial que aspira a situar a la ciudad y a sus municipios en el escaparate internacional de la cultura.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se propone “». Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, visitaba el pasado viernes el comedor escolar del CEIP Ana Soto en Albacete para conocer de primera mano un ejemplo más de buenas prácticas en los comedores escolares. El ministro Bustinduy impulsó la aprobación el pasado mes de abril del Real Decreto de Comedores Escolares que garantiza que los y las escolares que comen en sus centros accedan a cinco comidas saludables a la semana. Este Real Decreto, que comenzará a implementarse a lo largo del presente curso escolar y se desarrollará por completo en los siguientes, supone la medida más importante puesta en marcha por Consumo en esta legislatura para combatir, entre otros problemas, las altas tasas de obesidad infantil que hay en España y que tienen más prevalencia en las familias con rentas más bajas.
Durante la atención a medios, el ministro anunció, que una vez conseguido el hito de la aprobación del Real Decreto, el siguiente paso debe ser proteger a los niños y niñas de la publicidad de los alimentos insanos. “El siguiente paso tras este Real Decreto es abordar la publicidad de alimentos insanos destinados a niños, niñas y adolescentes en nuestro país”, ha anunciado Pablo Bustinduy, subrayando que este tipo de anuncios tiene un efecto nocivo en la salud alimentaria de los escolares y que, igualmente, tiene una mayor incidencia entre las familias con menos recursos. “Los niños y niñas en nuestro país son bombardeados con más de 4000 anuncios de publicidad de comida insana al año, esto supone que se exponen a 11 anuncios de este tipo al día”, ha declarado el ministro, aludiendo a diversos estudios científicos publicados sobre esta materia en los últimos años, como este informe del especialista en medicina preventiva y salud pública, Miguel Ángel Royo.
“Ya hemos regulado el derecho a comer saludablemente en los comedores escolares, ahora vamos a proteger a niños y niñas de la publicidad de los alimentos”, ha declarado el ministro Bustinduy. De esta manera, España da un paso más para sumarse a las recomendaciones de organismos científicos como la OMS (Organización Mundial de la Salud) o la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición), que subrayan la importancia de restringir la publicidad de alimentos según su calidad nutricional como una de las claves para atajar la obesidad infantil.
Según ha señalado la OMS, la mayoría de alimentos y bebidas anunciados en España durante el horario infantil en televisión son de baja calidad nutricional y la Asamblea Mundial de la Salud remarca que la exposición de la infancia a la publicidad impacta directamente sobre su comportamiento, actitudes y preferencias de consumo, modificando lo que un niño considera como dieta saludable. Por e lo, desde el ministerio de Consumo defienden la necesidad de actuar frente a la presión publicitaria de alimentos ultraprocesados, con un alto contenido en grasas, azúcares o sal, muy calóricos y poco nutritivos como ya hacen otros países de nuestro entorno como Reino Unido, Portugal o Noruega.
Diferentes instituciones se suman a la candidatura de María Pérez al Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025 que propuso el alcalde de Orce. La atleta orcerina María Pérez García (Orce, 29 de abril de 1996) se ha convertido en una de las grandes referencias del atletismo internacional y en un orgullo para su tierra natal. Tras su gesta histórica en los últimos Mundiales de Tokio, su nombre ha sido propuesto oficialmente al Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025, una candidatura que parte del Ayuntamiento de Orce, anunciada hace unas semanas por su alcalde y aprobada por unanimidad de todos los grupos municipales, a la que ya se han adherido diferentes instituciones.
La solicitud fue presentada por el alcalde orcerino, José Ramón Martínez (IU), y respaldada también por el Ayuntamiento de Llerena (Badajoz), municipio natal de su compañero en la selección española de marcha, Álvaro Martín, con quien compartió oro en los relevos mixtos de los Juegos Olímpicos de París 2024.
Ahora, tras sus recientes logros, el palmarés reciente de Pérez la coloca en el Olimpo de la historia del atletismo. En Tokio 2025 acaba de conquistar otras dos medallas de oro en apenas unos días: primero en los 35 kilómetros marcha y después en los 20 kilómetros, repitiendo el doblete que ya había logrado dos años antes en Budapest. Un hito reservado únicamente a leyendas de la talla de Carl Lewis, Mo Farah o Usain Bolt.
La marchadora de Orce suma a su currículum dos medallas olímpicas —oro en relevos mixtos y plata en los 20 km en París— y cuatro títulos mundiales, convirtiéndose en la primera española en alcanzar semejante registro en pruebas de fondo. Su meteórica trayectoria la ha llevado a ser reconocida como una de las mejores marchadoras del planeta y en firme candidata a recibir el galardón que en ediciones pasadas distinguió a nombres como Rafael Nadal, Iker Casillas, Pau y Marc Gasol o la selección española de fútbol.
El Premio Princesa de Asturias de los Deportes, considerado el más prestigioso de cuantos se conceden en España y solo superado en proyección internacional por los Nobel, reconoce cada año a deportistas o instituciones cuya trayectoria represente un ejemplo en el ámbito deportivo. La candidatura de María Pérez, avalada por la unanimidad política y el apoyo creciente de numerosas entidades, se sustenta no solo en sus éxitos competitivos, sino también en los valores de esfuerzo, humildad y superación que transmite dentro y fuera de las pistas.
De confirmarse la distinción, Pérez se convertiría en la primera marchadora española en recibir este galardón, un reconocimiento que reforzaría aún más la visibilidad de la marcha atlética en el panorama internacional.
