Miércoles 19 de febrero de 2025
El auditorio del Museo Arqueológico albergaba ayer una “Cumbre del Agua” que mostró la unión de los estamentos implicados y la necesidad de alzar la voz ante las administraciones. A las siete de la tarde era la cita a la que acudieron numerosos agricultores y ganaderos, llamados por los sones del anuncio de medidas que vienen de camino tras el anuncio de restricciones al riego y al consumo de agua, mientras no se activa una alternativa al uso de las aguas superficiales y las anunciadas concesiones de 18,5 hm3 de agua siguen sin dar señales de vida para unas comarcas que tienen el agua al lado, pero no puede utilizarla.
Fueron también numerosas las caras conocidas que acudieron a esta cumbre presidida por el alcalde bastetano, Pedro J. Ramos, a quien acompañaban en la mesa el presidente de AGAPRO, José Antonio Azor; el ingeniero de ALJISUR, Pedro Castillo y el concejal de Agricultura del Ayuntamiento bastetano, Antonio Peña. Entre el público, la parlamentaria andaluza que fuera delegada de Agricultura, Celia Santiago; alcaldes de Zújar, Benamaurel, Caniles, Cuevas del Campo, Cúllar, los portavoces del Grupo Municipal Socialista y CxB, Manolo Gavilán y Lidia Sánchez; presidentes y miembros de las comunidades de regantes, el director de la OCA, representantes de la Asociación de Empresarios del Altiplano, el presidente de la Junta de Regantes del Campo de Baza, representante de la Plataforma en defensa del río Castril y, seguramente otras personas y cargos de las que no pudimos controlar su presencia.
Finalizada la narración que exponemos a continuación, tuvo lugar un turno de ruegos y preguntas cuya información queda pendiente de publicación, dado lo avanzado de la hora en que redactamos estas noticias.
Las comarcas del norte granadino claman por disponer de aguas superficiales que rieguen sus campos y aseguren dispuestas a actuar ante la crisis hídrica con la unión de todos. El alcalde de Baza presentó el acto al que hacíamos referencia, refiriéndose a una comarca de Baza que se encuentra en un momento crítico debido a la escasez de agua, un recurso esencial para su desarrollo económico y social, en un encuentro en el que destacó la urgencia de tomar medidas ante las restricciones impuestas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y ante la necesidad de garantizar el abastecimiento hídrico, que no solo afecta a la producción agrícola y ganadera, sino también al consumo diario de varios municipios.
Ramos recordó que, desde siempre, la economía de Baza ha estado ligada al campo, aunque la ciudad ha intentado diversificar su actividad con sectores como el turismo y la industria, pero la agricultura y la ganadería siguen siendo su base fundamental. Ejemplos como la Comunidad de Regantes de Baza, que ha conseguido transformar terrenos áridos en productivos, o la modernización de los invernaderos de Zújar, que generan miles de empleos y facturan millones de euros, demuestran que el agua es la clave del progreso en la zona.
Sin embargo, el alcalde bastetano aseguró que el acceso a este recurso está en peligro. La falta de precipitaciones y las limitaciones en el uso del agua subterránea han generado una crisis que se agrava con las nuevas normativas. Se prevé una reducción del consumo por habitante de los actuales 400 litros diarios a solo 250 en 2027, lo que supone un ajuste drástico. Además, se quiere limitar el caudal de la Fuente San Juan a 25 litros por segundo, lo que impactaría gravemente en las tierras de regadío, reduciendo la superficie agrícola en un 60%.
Ante esta situación, los regantes y productores de la comarca exigen soluciones inmediatas. La principal demanda es una concesión administrativa que les permita acceder a aguas superficiales como alternativa a la sobreexplotación de los acuíferos. También se reclama que se agilicen las subvenciones para la modernización de los sistemas de riego y que se garantice el suministro de agua sin comprometer el futuro de la zona.
El pantano del Negratín es un punto clave en este conflicto. Con una capacidad de 500 hectómetros cúbicos, actualmente se encuentra en torno a los 150-200. Los regantes piden 18 hectómetros para asegurar la producción agrícola, una cantidad que, según señalan, es equivalente a lo que se desembalsa en un solo fin de semana para abastecer a otras regiones, por lo que consideran injusto que no se les garantice esta cantidad mínima para sostener su actividad.
Entiende Ramos que, más allá de las cifras, lo que se plantea es una cuestión de supervivencia. No se trata de implantar grandes explotaciones industriales ni de despilfarrar el agua, sino de permitir el desarrollo sostenible de cultivos leñosos como el olivar, el almendro y el pistacho, esenciales para la economía local. Compararse con otras zonas más favorecidas por el acceso al agua no es el objetivo; lo que se busca es encontrar soluciones concretas para la comarca.
En este contexto, la unidad se presenta como un factor clave, por lo que hizo un llamamiento a dejar de lado diferencias políticas o personales y trabajar juntos para alcanzar un acuerdo que beneficie a toda la comunidad. Para ello, propuso la creación de un equipo que canalice las demandas y establezca un diálogo directo con las administraciones. Además, planteó la posibilidad de organizar movilizaciones, como una concentración masiva en la Plaza Mayor, para hacer visible la urgencia de la situación.
Y, para terminar su primera intervención, un mensaje final claro: si la comarca de Baza quiere garantizar su futuro, debe actuar con determinación. La lucha por el agua no es solo una cuestión de hoy, sino de las generaciones venideras. La comunidad debe unirse, exigir soluciones y asegurarse de que sus necesidades sean escuchadas.
Pedro Castillo, de Aljisur, fue el encargado de ofrecer la información técnica de la situación planteada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. El documento de declaración de sobreexplotación del acuífero se encuentra en exposición pública desde su publicación en el BOE el 13 de febrero. Durante los próximos dos meses, se podrán presentar alegaciones que serán evaluadas por la Junta de Gobierno de la Confederación. Una vez aprobado el documento definitivo, se implementarán medidas cautelares para regular la explotación del recurso hídrico.
El informe detalla la evolución del acuífero y las razones por las cuales ha sido declarado en mal estado cuantitativo. Aunque químicamente no presenta problemas, los niveles de agua han descendido significativamente. Este diagnóstico se ha basado en mediciones realizadas en tres piezómetros dentro de un área de 214 kilómetros cuadrados. También se han analizado los caudales históricos de varias fuentes, evidenciando una reducción drástica en su aporte.
La declaración de sobreexplotación ha sido impulsada por diversas administraciones y colectivos ciudadanos que buscan garantizar el cumplimiento de los objetivos del Plan Hidrológico. Sin embargo, la Confederación no ha consultado a los usuarios del agua, como ayuntamientos y regantes, antes de tomar esta decisión. Ahora, durante la fase de exposición pública, estos actores podrán presentar sus observaciones y alegaciones.
El documento de la CHG analiza los volúmenes de agua, su caracterización geológica e hidrogeológica, así como las transferencias entre diferentes masas de agua. También se exponen datos sobre el estado de los piezómetros y manantiales, que reflejan una tendencia decreciente en los niveles hídricos. En cuanto a la explotación, se ha determinado que el coeficiente de extracción supera el 80%, lo que justifica la declaración de sobreexplotación y la necesidad de aplicar restricciones para recuperar el equilibrio del acuífero.
Las restricciones propuestas incluyen la reducción del consumo de agua en los municipios, estableciendo un límite de 250 litros por persona y día, excepto en Baza, donde se permitirá hasta 300 litros debido a su actividad industrial. También se prohibirán nuevos pozos y se paralizarán expedientes en trámite, a menos que se reduzca el volumen concesionado. Además, se implementará un control riguroso para detectar y clausurar pozos ilegales.
El documento establece como objetivo recuperar los niveles de los piezómetros y restablecer los caudales naturales de fuentes como la de San Juan, la Fuente Grande de Zújar y las Siete Fuentes. Para lograrlo, se proponen dos infraestructuras clave: el abastecimiento desde el embalse del Portillo y la modernización del regadío mediante el uso de agua del Negratín. Sin embargo, estas medidas no han sido incluidas como acciones cautelares, lo que genera preocupación sobre su viabilidad y ejecución.
Castillo afirmaba que existe una falta de coordinación entre los organismos responsables. La planificación hidrológica establece la declaración de sobreexplotación, pero las concesiones de agua dependen de la Comisaría y las obras de infraestructura de la Dirección Técnica, lo que ha llevado a una desconexión entre las decisiones tomadas y su implementación real.
En la fase actual, tras la exposición pública, se revisarán las alegaciones y se aprobará el documento definitivo. Una vez declarado el acuífero en sobreexplotación, se exigirá la creación de una comunidad de usuarios de aguas subterráneas, integrada por ayuntamientos y regantes, que deberá conformar su Junta de Gobierno en un plazo de un año. El programa de actuación que se aplicará busca reducir la explotación al 80% mediante restricciones significativas en el regadío, lo que podría afectar gravemente la producción agrícola. Se estima una reducción del 30% en el uso del agua para riego, lo que impactará directamente en la actividad económica de la zona.

Por otro lado, el Plan Hidrológico contempla medidas adicionales, como la mejora de las conducciones de abastecimiento para reducir pérdidas de agua, pero su implementación depende de la inversión de los ayuntamientos y de la posibilidad de acceder a subvenciones. Actualmente, la falta de concesiones impide a los usuarios optar a ayudas económicas destinadas a la modernización del regadío y el abastecimiento de agua.
Ante esta situación, diversas comunidades de regantes han solicitado paralizar la declaración de sobreexplotación hasta que se realicen las infraestructuras necesarias para garantizar el suministro de agua. Exigen que la recuperación del acuífero se realice de manera progresiva y en paralelo con las actuaciones previstas en el Plan Hidrológico, evitando así un impacto socioeconómico desproporcionado en la región.
En otro turno de palabra, Castillo hizo un llamamiento reclamando la necesidad de realizar medidas de presión y movilizaciones, como única vía para que la Administración atienda las demandas relacionadas con la crisis hídrica. Criticó la falta de soluciones efectivas y la actitud pasiva de las autoridades, a quienes acusó de haber contribuido al problema.
Castillo propuso que los ayuntamientos convoquen a los agricultores y coordinen un plan de movilizaciones conjuntas para lograr respuestas inmediatas, entendiendo que las reuniones pacíficas no están dando resultados debido a la falta de voluntad política, y se advierte que, sin acciones contundentes, la situación de restricción de agua empeorará, afectando a los habitantes, la industria y el sector agrícola. Finalmente, concluyó con una crítica a la falta de avances en las infraestructuras hídricas desde la construcción de los pantanos en 1984, subrayando que, después de 40 años, la situación sigue siendo insostenible.
El presidente de AGAPRO hizo un llamamiento a la unidad y a la acción de todos los estamentos implicados ante las administraciones. El presidente de AGAPRO destacó la amplia representación de las dos comarcas en la reunión, incluyendo alcaldes, concejales, representantes de asociaciones empresariales y agrarias, así como miembros de comunidades de regantes. Subrayó que la situación actual es el resultado de decisiones no tomadas en el pasado, recordando que la construcción del pantano en la cabecera del Guadiana Menor tenía como objetivo desarrollar la zona de Baza-Huéscar, pero no se consolidó en su totalidad.
Desde la década de 1980, las crisis de sequía han obligado a los agricultores a perforar pozos para garantizar la supervivencia de sus explotaciones. Sin embargo, esta práctica ha generado un colapso en los acuíferos, y la única solución viable es la construcción de infraestructuras hidráulicas que permitan la sustitución de los sondeos por aguas superficiales, protegiendo así los recursos hídricos de todos los municipios.
El presidente insistió en la necesidad de unidad entre todas las comunidades de regantes, grupos municipales y corporaciones, dada la gravedad del problema. Señaló que la falta de planificación en décadas anteriores ha llevado a la situación actual, donde la escasez de agua pone en riesgo la producción agrícola. Destacó que en otras regiones, como el Bajo Almanzora, los agricultores han logrado asegurar su abastecimiento gracias a infraestructuras hídricas adecuadas.
Alertó sobre las condiciones climáticas adversas, mencionando que desde noviembre solo han caído 45 litros de lluvia en la comarca. Esta falta de precipitaciones ha afectado gravemente al cereal, que en los últimos años ha tenido cosechas prácticamente nulas. Además, la sequía está causando la muerte de olivos centenarios, fundamentales para el sustento de muchas familias.
Expresó su preocupación por la falta de gobernanza en la gestión del agua, advirtiendo que la situación está al borde del colapso. Destacó que la Confederación Hidrográfica está haciendo su trabajo al advertir sobre la crisis y llamó a los representantes locales a tomar decisiones urgentes.
Azor criticó la paradoja de tener un pantano cercano y no poder utilizar su agua mientras los municipios dependen de pozos y propuso una solución basada en la reducción de extracciones subterráneas y la implementación de infraestructuras que permitan el uso de aguas superficiales. También advirtió que si no se toman medidas, otras áreas, como las de la zona de Caniles, podrían ser declaradas en situación de sobreexplotación próximamente.
Finalmente, destacó la transformación agrícola de Zújar, que ha modernizado sus sistemas de riego y aumentado su producción, sirviendo como ejemplo para otras zonas. Reiteró la urgencia de reducir la extracción del acuífero en 18,5 hectómetros y detener la perforación de pozos para garantizar la sostenibilidad del recurso, usando aguas superficiales y, para terminar, hizo un llamamiento a la unidad de la comarca, independientemente de signos políticos, para enfrentar el desafío hídrico con responsabilidad y solidaridad.
El alcalde de Baza cerraba las intervenciones, antes de las preguntas de los asistentes, reclamando soluciones urgentes y exigiendo coordinación entre administraciones. El alcalde de Baza, Pedro J. Ramos, subrayaba anoche la urgencia de adoptar medidas para afrontar la crisis hídrica que afecta a su municipio y a toda la comarca. Ramos insistió en la necesidad de coordinación entre administraciones y en la puesta en marcha de proyectos que llevan años paralizados.
Uno de los puntos clave de su discurso fue la falta de avances en la concesión de recursos hídricos. Según explicó, aunque las soluciones están recogidas en documentos oficiales, su aplicación depende de la Confederación Hidrográfica y otros organismos que no han dado respuesta a las peticiones del Ayuntamiento. «Nos dicen cuál es el problema, pero también cuál es la solución. La cuestión es cuándo van a ponerse en marcha esas concesiones», señaló, advirtiendo que los plazos para ejecutar estos proyectos pueden extenderse varios años.
Además, el alcalde criticó la descoordinación entre administraciones, que retrasa aún más la ejecución de obras vitales para el territorio. En este sentido, mencionó la falta de respuesta a las solicitudes de reuniones con la Confederación Hidrográfica y la ausencia de un plan claro para el reparto de fondos destinados a infraestructuras hidráulicas. «Nos enfrentamos a inversiones millonarias y a problemas urbanísticos que dificultan aún más la puesta en marcha de estas obras», explicó.
Ramos también hizo hincapié en la gravedad de la situación para los vecinos de la Vega de Baza, muchos de los cuales han dependido durante décadas de pozos privados que ahora están secos. «No es que no quieran beber agua de esos pozos, es que no tienen agua», denunció, para referirse después a la habilitación de un punto municipal donde los afectados puedan abastecerse de agua con cisternas.
Para hacer frente a esta crisis, el alcalde planteó la creación de un foro de trabajo que incluya a ayuntamientos como los de Zújar, Freila, Cortes y Castril, así como a representantes de las comunidades de regantes y expertos técnicos. Este órgano tendría como objetivo establecer un plan de acción conjunto para agilizar las concesiones de agua y garantizar que las inversiones lleguen a la comarca.
Finalmente, Ramos defendió la necesidad de movilizarse si las administraciones no atienden las peticiones del territorio. «Si tenemos que ir a la Plaza Mayor o al recinto ferial a manifestarnos, que haya un respaldo real», afirmó. También insistió en centrar las reivindicaciones en aspectos clave, como la declaración de interés público de los proyectos hídricos y la obtención de financiación garantizada.
El discurso del alcalde reflejó la creciente preocupación por la crisis del agua en la comarca y la frustración ante la falta de respuestas. Mientras las soluciones se retrasan, los municipios del norte de Granada siguen enfrentándose a restricciones que afectan tanto al abastecimiento urbano como a la actividad agrícola… y eso no puede tolerarse.
Baza y otros 113 municipios de la provincia verán afectada su iluminación, que será limitada y regulada mediante ordenanzas municipales, por decreto de la Junta. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado un decreto para reducir la contaminación lumínica, que afectará a 114 municipios de Granada, incluida la capital, y a la estación de esquí de Sierra Nevada. La norma protege los observatorios astronómicos de Sierra Nevada y Calar Alto (Almería), estableciendo zonas de máxima protección lumínica para evitar interferencias en la investigación científica.
El decreto fija niveles máximos de iluminación, limita la luz intrusa y regula los horarios nocturnos para reducir el impacto ambiental. Se busca mejorar la eficiencia energética y proteger la biodiversidad y la salud pública, promoviendo un alumbrado exterior ajustado a las necesidades reales.
Entre las principales medidas, el alumbrado festivo será regulado por ordenanzas municipales para garantizar una iluminación responsable. También se fomentará el uso de tecnologías de bajo consumo y la reducción del tiempo de encendido.
En Sierra Nevada, la iluminación de pistas se limitará a 350 horas anuales, con un 10% adicional para eventos extraordinarios. La empresa gestora deberá informar previamente sobre los horarios de encendido y apagado.
Los ayuntamientos tendrán dos años para aplicar la norma, aprobar su zonificación lumínica y reorientar luminarias que emitan luz por encima del plano horizontal. La Junta elaborará un mapa para identificar las zonas con mayores restricciones y orientar la planificación del alumbrado exterior.
Las zonas de influencia del decreto abarcan hasta a municipios de la costa y del norte provincial de Granada, como Baza, Caniles, Huéneja y Valle del Zalabí, que afectarían al observatorio de Calar Alto, garantizando una gestión sostenible de la iluminación en el territorio.
La Seguridad Social supera en Andalucía los 3,44 millones de afiliados a mediados de febrero, 9.372 más que en la primera quincena. La Seguridad Social ha registrado, a fecha de 15 de febrero, un total de 3.445.782 afiliados en Andalucía, lo que supone 9.372 más que en la primera quincena de dicho mes, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
En España, el número de afiliados a 15 de febrero se situó en los 21.208.306, 217.635 más que el último día de enero. En términos desestacionalizados, la afiliación sigue creciendo y se sitúa en 21.426.838, con un incremento de 63.432 ocupados desde el inicio del año.
Si descontamos la estacionalidad y el efecto calendario, en el último año la afiliación ha crecido en 501.119 personas, una cifra en línea con los niveles prepandemia hasta superar holgadamente los 21,4 millones de afiliados, con un incremento de 50.791 afiliados en las últimas dos quincenas.
Con los datos disponibles hasta el 15 de febrero, el número total de afiliados ha aumentado en más de medio millón de personas (572.459) en la serie ajustada desde diciembre de 2023, y en más de 1,1 millones desde diciembre de 2022, antes de la entrada en vigor de la reforma laboral.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, destaca que: “Las dos primeras semanas de febrero vuelven a mostrar la fortaleza de nuestro mercado de trabajo, la creación de empleo se intensifica. La afiliación diaria ha crecido en más de 217.000 personas respecto al 31 de enero y, si descontamos la estacionalidad, superamos con creces los 21,4 millones de afiliados”
La Junta aprueba la oferta de 3.531 plazas para docentes públicos, el 100% de la tasa de reposición de maestros, profesores de Secundaria y de Escuelas de Oficiales de Idiomas. El Consejo de Gobierno ha aprobado la oferta de empleo público docente del año 2025, compuesta por 3.531 plazas de 23 especialidades distintas. Así, del total de puestos de ingreso, 2.390 son para el cuerpo de Maestros, 1.120 para el de Profesores de Enseñanza Secundaria y 21 para el de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas.
Estos puestos corresponden a la tasa de reposición del 100% de las bajas producidas durante 2024, que tal y como establece la normativa pueden convocarse en los siguientes tres años. Con esta oferta, que se negoció con los representantes sindicales en la Mesa Sectorial de Educación del 10 de enero de 2025, se sigue completando la oferta de las aproximadamente 14.000 plazas que se convocarán entre 2025 y 2026.
La nueva oferta de empleo docente responde al objetivo de garantizar la atención del servicio educativo, la necesidad de adaptar el currículum de las enseñanzas a medio plazo y las fluctuaciones permanentes de plantillas debidas a factores como la natalidad, el número de matriculaciones o movimientos demográficos, entre otros. Del total de plazas ofertadas, se reservará un cupo no inferior al 10% para personas con grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Por cuerpos docentes y especialidades, la Junta de Andalucía ha ofertado 2.390 plazas de maestros de ocho especialidades. De ellas, 642 son para Educación Primaria; 505 para Pedagogía Terapéutica; 383 para Educación Infantil; 300 para Lengua Extranjera-Inglés; 200 para Educación Física; 150 para Música; 110 para Audición y Lenguaje y 100 plazas para Lengua Extranjera Francés.
En el caso del cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, se han ofertado un total de 1.120 de 12 especialidades, entre las que destacan: Inglés (316 plazas); Lengua Castellana y Literatura (220); Geografía e Historia (200); Matemáticas (144) y Filosofía (100). El resto de las plazas se reparten entre las especialidades de Latín, Griego, Construcciones Civiles y Edificaciones, Organización y procesos de mantenimiento de vehículos, Organización y proyectos Sistemas Energéticos, Procesos de Producción Agraria y Procedimientos de Diagnóstico clínicos y Ortoprotésicos. Para el cuerpo de profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas son 21 plazas de tres especialidades: doce para Inglés, seis para Español y tres para Alemán.
Un incendio forestal en Castril moviliza al Plan Infoca, pero no requiere intervención ante la actuación en la zona de los bomberos. El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) movilizó este martes por la tarde un operativo para hacer frente a un incendio declarado en el término municipal de Castril, en la provincia de Granada.
El fuego se originó en torno a las 17:15 horas, lo que activó el despliegue de un grupo de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y un vehículo pesado de extinción. Sin embargo, tras evaluar la situación, el Plan Infoca determinó que su intervención no era necesaria, por lo que los medios desplazados se retiraron sin actuar.
Las labores de extinción quedaron en manos de los bomberos, que permanecieron en la zona para sofocar el incendio. Por el momento, no han trascendido detalles sobre la superficie afectada ni las posibles causas del fuego, aunque la zona de Castril, caracterizada por su entorno natural protegido, suele estar vigilada especialmente en épocas de alto riesgo.
Este incidente se produce en un contexto de alerta por el aumento de temperaturas y la escasez de lluvias en la comunidad andaluza, factores que elevan el peligro de incendios forestales. La Junta de Andalucía ha reiterado recientemente la importancia de extremar las precauciones y seguir las recomendaciones de prevención para evitar este tipo de sucesos.
La rápida actuación del operativo demuestra la eficacia del sistema de respuesta ante incendios forestales, aunque en este caso la intervención del Plan Infoca no fue necesaria.